La Asociación, que reúne a los profesionales que desarrollan sus funciones en los centros escolares públicos, elaborando los menús de miles de niños y niñas aragoneses, ha reclamado a los representantes políticos “una mayor implicación en la gestión de los servicios de comedor, ya que es necesario cuidar la salud alimentaria de los menores” de nuestro país.
En su comparecencia, el pasado día 11 en las Corz d’Aragón, recordaron que ya hace más de seis años estuvieron “en esta misma sala, hecho que recriminamos, afirmando que sirvió de poco, puesto que aunque ya entonces reclamábamos la gestión directa, y todo el hemiciclo compartió con nosotros esta inquietud, la realidad es que actualmente las cocinas de los centros públicos de Aragón están mayoritariamente en manos de empresas de cáterin con línea fría, de tal forma que la elaboración de la comida, con productos procesados y congelados, se hace en cocinas industriales de otros territorios, para posteriormente ser repartida en camiones isotermos, sirviéndose en los platos recalentada con la consiguiente pérdida de sus características organolépticas, y a su mala aceptación por parte del alumnado, como viene denunciando la Plataforma por unos Comedores Escolares de Calidad desde hace años”.
Igualmente reivindicaron “unas condiciones dignas de trabajo, pudiendo aseverar que en muchos centros de gestión directa hay compañeros y compañeras que no pueden desarrollar su trabajo en unas mínimas condiciones, puesto que además de unas instalaciones obsoletas, las plantillas son completamente insuficientes, en relación al número de comensales diarios a los que tienen que alimentar”.
En concreto la Asociación del Personal de Cocina de los Colegios Públicos de Aragón, ponía de ejemplo “una cocina que dando más de 165 comidas, incluyendo en ellos intolerancias o menús variados por razones culturales, hay una ‘cocinera DGA’ con 7 horas diarias de contrato (hace una semana estaba 5 horas) y un auxiliar de comedor cocina de empresa que está de 11:.30 a 18.30 horas, como comprenderán es inviable poder asumir está situación como normal”, recalcaban.
En esta línea, trasladaron a la comisión parlamentaria “que somos el único colectivo de atención directa que no tenemos unas ratios, manteniendo unas plantillas infradotadas en muchos de los centros”, Añadiendo que “esta realidad, junto a que tampoco existen bolsas de cobertura de vacantes, porque no se hacen los procedimientos por parte de la administración para encontrar profesionales que puedan sustituir al personal por bajas médicas o por el disfrute de otros derechos, está generando el abandono de muchos compañeros y compañeras de las cocinas de los centros públicos, trasladándose a otras consejerías donde las condiciones son mucho más dignas”.
“Es una forma clara y silenciosa de promover el desmantelamiento de las cocinas de gestión directa, ya que permiten una precarización insostenible de los profesionales, aprovechando su huida para introducir a las empresas de cáterin, priorizando sus beneficios a la calidad de los alimentos con los que comercia”, denunciaban en sede parlamentaria.
Por último, llamaron “la atención de nuestros representantes políticos en las Cortes porque desde mayo que se publicó el VIII Convenio Colectivo para el personal laboral de DGA, no se han regularizado los derechos reconocidos a nuestro personal, en relación a la contratación, que debe pasar a ser fija, frente al actual contrato de fijo-discontinuo y sobre un plus por la asunción de funciones de superior categoría, que todavía no se ha integrado en las retribuciones. Es un incumplimiento grave, ya que no respeta la Ley ni los derechos de las personas trabajadoras”, concluían.
Tras la comparecencia afirmaban que “nos volvieron a dar la razón cada uno de los partidos políticos, como ya hicieron hace 6 años, pero la realidad es que poco por no decir nada han hecho nuestros políticos”.
Finalmente, cabe destacar que estuvieron presentes trabajadores y trabajadoras de cocinas de Uesca, Chaca, L’Aínsa y Borja, trasmitiendo “que no se puede dar de comer de cualquier manera a los niños en la escuela”, así como defendiendo “la cocina de gestión directa con personal público, la importancia de gastar productos de proximidad”, y reivindicando “que la alimentación de los niños no puede ser un negocio, debe ser un derecho”.
