La Confederación Nacional de la Construcción (CNC), CCOO del Hábitat y UGT-FICA han alcanzado un preacuerdo en el marco del VII Convenio General del Sector de la Construcción para impulsar la creación del primer plan de pensiones colectivo sectorial.
Una noticia que la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones ha recibido con indignación. Este plan llega antes que la aprobación del proyecto de Ley de Regulación para el Impulso de los Planes de Pensiones de Empleo del Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. De hecho, no será viable hasta que no esté aprobada.
En este convenio junto con otras medidas se incluye la creación de un Plan de empleo privado, “acogiéndose a una ley que no existe y que ya dan como efectiva”. Para COESPE todo este acuerdo de la construcción encierra una trampa.
Las tres partes han acordado que las empresas realicen aportaciones a este plan de pensiones sectorial como complemento al sistema público de pensiones. Una estrategia que para esta coordinadora solo servirá para “ir detrayendo dinero, para poder seguir argumentando que las pensiones públicas son insostenibles y regalando parte de nuestro salario diferido a las empresas, para aumentar sus beneficios”.
Además, este acuerdo para COESPE plantea “grandes descuentos para las empresas en sus impuestos, lo que merma los ingresos del Estado y como consecuencia bajará la inversión en sanidad, educación, dependencia y el resto de servicios que afectan a la mayoría de ciudadanos y ciudadanas”.
Además desde la coordinadora pensionista denuncian que el crear un fondo de pensiones del 1% el primer año y el 0,25% el segundo y tercero que sobre salarios de alrededor de 1.400 euros supondría 14 euros de ingresos mensuales el primer año y de 3,5 euros el segundo y el tercero para ese fondo de pensiones, que como explican, dentro de treinta años conllevaría una pensión mensual lógicamente inferior a 9 euros mensuales. “Y esto siempre y cuando los inversores no se equivoquen y los intereses de la inversión sean negativos. Eso sí, patronal, UGT y CCOO cobraran una sustanciosa comisión por la gestión”, advierten desde COESPE.
Esta subida de convenio que los y las trabajadoras dejaran de percibir, aumentaran la brecha salarial, para la coordinadora de pensionistas, en tanto que el IPC será siempre superior al de dicha subida: “Aumentando la pobreza, y como efecto colateral tampoco formará parte de la base para la pensión pública. De nuevo cortando los ingresos a la caja de las pensiones”.
Para COESPE este nuevo convenio de la construcción solo será “hambre para hoy al reducir la cantidad mensual a percibir por el trabajo realizado y hambre para mañana al cotizar por menos importe para la pensión pública”.
“Y todo ello para beneficio de empresas, bancos, aseguradoras, patronal, CCOO y UGT, sin que las pensiones de empresa estén garantizadas o sus fondos no sean usados para ser invertidos en empresas que realizan despidos masivos de trabajadores y trabajadoras como fue el caso de la empresa vasca Tubacex, con inversión de las EPSV que son la pensiones de empresas de Euskadi”.
