La transparencia es uno de tantos conceptos que en pocos años ha quedado hueco, y “se ha convertido en el greenwashing de las Administraciones Públicas”, aseguran desde Paisajes de Teruel, recalcando que “ejercer el derecho ‘a la información pública y las normas de buen gobierno’ (Ley 19/2013) significa, en general, experimentar el entorpecimiento de la participación ciudadana y la ocultación de documentación, en especial en cuestiones sensibles”.
Así les ha sucedido a Paisajes de Teruel con administraciones estatales, nacionales y locales “en cuestiones referidas a proyectos eólicos y fotovoltaicos. Sobresalen el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO) y el Ministerio de Política Territorial (MPT). Dentro de estos ministerios han destacado dos organismos a la hora de impedir la acción ciudadana: la Dirección General de Evaluación Ambiental y la Subdelegación de Gobierno de Teruel”.
“Más allá de la falta de claridad ante la complejidad administrativa, cuestiones para las que un particular cualquiera no tiene preparación, nos encontramos ante unas prácticas que por su homogeneidad y reiteración parecen fruto de una acción premeditada por parte de sus responsables. Tampoco ayuda que determinadas plantillas estén desbordadas de trabajo. Esta carencia de personal es una excusa de lo más conveniente a la hora de saltarse la ley: es que no dan abasto”, aseveran desde Paisajes de Teruel.
La entidad de defensa del territorio señala que “son varias las artimañas que se aplican mientras la Justicia toca el violín. El principal ardid para quebrantar lo dispuesto en la norma es el silencio, ignorar olímpicamente las solicitudes de información amparadas por la legislación. Prueben ustedes a desatender los requerimientos de la Administración, en particular de la judicial, a ver qué les pasa. La segunda treta es enviar documentación incompleta o que no se corresponde con lo que se ha solicitado”.
En relación con el Clúster del Maestrazgo “el MITECO exigió al promotor, la empresa madrileña Forestalia, veintidós adendas que subsanaran cuestiones mal planteadas del Estudio de Impacto Ambiental”, por lo que Paisajes de Teruel solicitó “a la Subdelegacion de Gobierno de Teruel, legítimamente, esas memorias. Corría el año 2022. Todavía estamos esperando una respuesta con la información o con la denegación justificada de su entrega”.
La Declaración de Impacto Ambiental de este macroproyecto “requería que su propietario, actualmente Copenhagen Infrastructure Partners (CPI), presentara una serie de documentos antes del inicio de las obras”, por ello, Paisajes de Teruel “ante el anuncio de la ejecución del Clúster a partir del primer trimestre de este año, pidió la citada documentación a la Subdelegación de Gobierno de Teruel, área de Industria, para vigilar el proceso de construcción, pero tampoco se nos ha dado respuesta”.
“Lo expuesto es el pan nuestro de cada día en el ejercicio de la ‘trasparencia’ por parte de las Administraciones Públicas. Sin embargo, cuando se entorpece la acción judicial entendemos que nos encontramos ante un salto cualitativo”, recalcan desde Paisajes de Teruel, que con la colaboración del Movimiento ciudadano Teruel Existe, la Fundación Quebrantahuesos y la Plataforma No a la MAT, ha presentado “un contencioso-administrativo contra el Clúster del Maestrazgo”, pero “para poder concretar esta demanda es ineludible contar con el expediente administrativo del macroproyecto”.
“Esta documentación se solicitó en marzo de 2024 y, tras recibir documentos que no se correspondían con lo que se había pedido, no se nos ha remitido nada más. Es una inactividad tan significativa, tan prolongada y que resulta tan a propósito del calendario de obras del Clúster del Maestrazgo, que resulta lógico preguntarse si en la Dirección General de Evaluación Ambiental hay instrucciones para no entregarnos el expediente, algo que están obligados a hacer en el plazo máximo de un mes, salvo justificación de causa mayor, que no sería el caso, pues un expediente se tiene y no hay que hacer trámites”, enfatizan desde Paisajes de Teruel.
“Este incumplimiento retrasa la acción de los juzgados y produce indefensión en la parte demandante. A causa de este retraso se pueden producir daños ambientales irreversibles, que son los que se pretenden demostrar en el procedimiento judicial, y que serían constitutivos de delitos ambientales. Que sea el MITECO, el ministerio encargado del medioambiente, corresponsable de que esto pueda suceder da la medida del sarcasmo de la ‘trasparencia’ y del cinismo en su desempeño”, asegura la entidad ciudadana del sur de Aragón.
Finalmente, desde Paisajes de Teruel aseguran que “la nueva ministra, Sara Aagesen, persevera en la política de su antecesora, Teresa Ribera, dirigiendo un ministerio que actúa por encima de la ley. Esto nos obliga a mirar a los juzgados, porque entendemos que la sala que tiene en sus manos este caso debería ocuparse de algo tan poco excéntrico en un Estado de derecho como hacer cumplir la legislación a las Administraciones y evitar la obstrucción a su propio trabajo. Últimamente la Justicia española presta una gran atención a los medios de comunicación y a los recortes de prensa, ¿se dará por aludida en esta ocasión?”, concluyen.
