El último pleno del año en la capital del país se despide con otra “modificación a la carta” del equipo PP-Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, para intentar salvar el outlet de Pikolín - Torre Village declarado ilegal por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA).
El futuro del centro comercial Torre Outlet, ubicado en la antigua fábrica de Pikolín en Zaragoza, sigue siendo objeto de una intensa polémica jurídica y política. El Ayuntamiento de Zaragoza, liderado por Natalia Chueca, ha activado en el último pleno de este mes de diciembre una iniciativa para modificar de nuevo el planeamiento urbanístico con el objetivo de “ajustar la situación a la ley”, aunque sea a martillazos habría que añadir, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) hubiera declarado ilegal el anterior intento del PP para adaptar “a la carta” la regulación aplicada a este espacio.
Un laberinto de sentencias judiciales
El conflicto se remonta, al menos, a 2016, cuando el Pleno del Ayuntamiento aprobó un Plan Especial para transformar los terrenos de la antigua fábrica de Pikolín en un gran parque comercial. Esa decisión fue recurrida por asociaciones vecinales, sindicatos, partidos políticos y colectivos comerciales por vulnerar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), al modificar de facto el uso del suelo industrial sin los requisitos legales exigibles.
En febrero de 2019, el TSJA declaró ilegal ese plan especial. Pero el gobierno municipal respondió entonces aprobando, en diciembre de 2019, una modificación aislada del PGOU que pretendía legalizar el uso comercial de la zona sorteando su obligación de cumplir la sentencia.
Sin embargo, esta segunda intervención municipal fue también anulada por el TSJA en marzo de 2025, que estimó que la modificación del PGOU no subsanaba las deficiencias legales y mantenía el desarrollo del centro comercial sin una base urbanística ajustada a derecho. Es decir, que las grandes gestoras del PP-Vox demostraban sin tapujos que gobiernan “a la carta” para sus empresas amigas.
Entidades y organizaciones como la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ), Yo compro en Las Fuentes, sindicatos, formaciones políticas como Zaragoza en Común y otros colectivos sociales, han celebrado estas decisiones judiciales, que les han dado la razón, recalcando el reconocimiento judicial de que el complejo fue impulsado mediante un “urbanismo a la carta” y que las actuaciones municipales favorecieron intereses privados por encima del interés general.
PP-Vox se nos ríen en la cara: a la ciudadanía y a la justicia
Ante este nuevo revés judicial, el Ayuntamiento de Zaragoza, gobernado por PP con apoyo de Vox, ha planteado en el último pleno de diciembre la aprobación inicial de otra modificación del uso del suelo en el entorno de Torre Outlet, con el argumento de que “es necesario ajustar legalmente la situación para evitar consecuencias negativas a las numerosas actividades comerciales en marcha”, es decir, aprueban un proyecto ilegal, no cumplen las sentencias judiciales, ponen en marcha el outlet, para después intentar justificar sus actuaciones ilegales diciendo que ya hay actividad comercial en el outlet. El PP-Vox se nos ríe en la cara, a la ciudadanía y a la justicia (TSJA).
La iniciativa se aprobó con el voto a favor de PP y Vox, la abstención del PSOE y el voto en contra de Zaragoza en Común, que considera la propuesta “una maniobra para esquivar el cumplimiento efectivo de las sentencias en lugar de acatar las decisiones judiciales que han declarado reiteradamente la ilegalidad del proyecto inicial y sus intentos de legalización”.
Las entidades recurrentes, a quienes la justicia ya ha dado la razón cuatro veces, explican que esta (por ahora) última modificación “ahonda en la problemática que dio lugar al recurso contra la recalificación de los terrenos de la antigua fábrica de Pikolin, los graves perjuicios al comercio local que es el que sostiene la vida en los barrios, beneficiando a un modelo de grandes centros comerciales en una ciudad con la mayor cifra de centros comerciales por metro cuadrado del sur de Europa. Esta situación ha derivado en el cierre de más de 3.000 comercios locales en los barrios de Zaragoza”.
“El gobierno, además, con esta modificación a la carta pretende evitar los efectos de la sentencia que anuló la modificación, aunque el propio Servicio Jurídico municipal plasma en su informe que se puede entender como un obstáculo para incumplir las sentencias judiciales”, subrayan, es por ello que las entidades recurrentes denuncian “que esta modificación busca eludir el control judicial, desvirtuar la cosa juzgada y crear inseguridad jurídica”. También advierten que aquellas formaciones políticas que apoyen esta modificación “serán cómplices de una actuación poco ética y de dudosa legalidad”.
Capitalismo de amiguetes versus bien común
Por su parte, El Ayuntamiento de Zaragoza PP-Vox ha destacado “la importancia de Torre Outlet como motor económico y generador de empleo, con más de sesenta tiendas”. Esta dimensión económica ha sido esgrimida como argumento central para justificar las propuestas urbanísticas “a la carta”, subrayando que un cierre o la paralización del centro podría tener impactos económicos significativos. ¿Está planteando PP-Vox que las empresas de sus amigos y su supuesta contribución al crecimiento económico están por encima de la ley y del TSJA?
No obstante, las asociaciones críticas responden que ese mismo modelo de desarrollo comercial ha tenido efectos nocivos en el comercio de proximidad, debilitando negocios tradicionales del centro y de barrios cercanos, además de contribuir a un tejido urbano saturado de grandes superficies.
¿Hacia dónde se dirige el conflicto?
Al cierre de 2025, la modificación urbanística aprobada de forma inicial no es definitiva. El Ayuntamiento de Zaragoza gestionado por PP-Vox deberá completar el proceso de revisión del planeamiento, que incluirá periodos de exposición pública y posibles alegaciones de colectivos, comerciantes, sindicatos y residentes afectados. Además, la medida permanece a la espera de un pronunciamiento jurídico definitivo, ya que los fallos del TSJA pueden ser recurridos ante el Tribunal Supremo, lo que podría prolongar aún más la litigiosidad del caso. Pero, mientras las empresas amigas de PP-Vox continúan con su actividad, en estos momentos ilegal según el TSJA.
El conflicto liderado desde el poder municipal por PP-Vox contra las sentencias judiciales reiteradas y el interés común de la ciudadanía zaragozana, abre preguntas profundas sobre los límites de la acción urbanística, la defensa del comercio local frente a grandes inversiones y la forma en que se equilibran intereses económicos con el cumplimiento de las normas y la protección de derechos colectivos. En un contexto de saturación de grandes superficies y crítica al “urbanismo a la carta”, este caso se ha convertido en un símbolo de la disputa por el modelo de ciudad que quieren los habitantes de Zaragoza: capitalismo de amiguetes versus bien común.
Cabe recordar que ya son cuatro las sentencias que dan la razón a las entidades vecinales, ecologistas, comerciales, sindicales y políticas que interpusieron recursos contra esta operación urbanística !a la carta” para construir el centro comercial en los suelos de la antigua fabrica Pikolín “y que supuso grandes plusvalías al señor Solans, y todas ellas confirman su ilegalidad “, reiteran.
Tras la última sentencia las entidades recurrentes solicitaron al gobierno municipal de Chueca que “no invirtiese más recursos municipales en recurrir estas sentencias” y que “paralizase los procedimientos de los nuevos desarrollos urbanísticos en curso”, pero el PP-Vox ha respondido con otra modificación ad hoc en beneficio de las grandes superficies y contra el pequeño comercio.
Finalmente, Arturo Sancho, presidente de la FABZ y portavoz de las entidades recurrentes denuncia que “con esta nueva modificación lo que realmente se hace, adelantándose a lo que diga el Tribunal Supremo en las sentencias recurridas por este Ayuntamiento, es ampliar los usos en todas las Zonas H, incluyendo el Grupo 5 hipermercados y supermercados, con la limitación de que los ámbitos de actuaciones tienen que ser mayores a 50000 m2 y tener una adecuada accesibilidad. Lo que afectaría a los terrenos de Pikolín”.
