El pasado día 10 de febrero, la Red de Agua Pública de Aragón (RAPA) organizó un acto público al que convocó a los partidos que conforman el Gobierno de Aragón (PSOE, Podemos, CHA y PAR), así como a IU, que con su voto favorable permitió la investidura de Javier Lambán como Presidente de Aragón. En el acto comparecieron representantes de Podemos y CHA a los que se informó de la situación en torno al Impuesto de Contaminación de las Agua. La ausencia del resto de grupos confirma para la RAPA, "la actual estrategia política del Gobierno de Aragón de guardar silencio respecto a las decisiones que afectan al Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (ICA) y despreciar el clamor ciudadano representado por los casi 90.000 recibos impagados en Zaragoza, por tercer año consecutivo".
La entidad aragonesa asegura que son las estrecheces presupuestarias por las que pasa Aragón "razón suficiente" para rechazar el diálogo que la RAPA siempre ha ofrecido como vía de consenso para alcanzar soluciones que respondan a las demandas sociales y despreciar a la opinión pública aragonesa.
Las esperanzas que la RAPA que depositó en los acuerdos que sostienen al actual gobierno de Aragón se están viendo "truncadas", después de escuchar los argumentos ofrecidos por Podemos y CHA.
Según sus declaraciones, se está trabajando en alternativas al ICA, pero no pudieron aclarar cuál era el calendario previsto para implantar esas alternativas ni si supondría la modificación de la actual ley de Aguas y Ríos de Aragón o la aprobación de una ley tributaria independiente.
Se afirmó que el Gobierno de Aragón va a asumir con su presupuesto general una aportación de entre 12 y 15 millones de euros para el sostenimiento de los gastos de depuración, pero los presupuestos recientemente aprobados desmienten esa afirmación, puesto que se siguen previendo los mismos ingresos por ICA que en años anteriores y no se han contemplado gastos para depuración en el presupuesto para 2020.
También se intentó justificar que las depuradoras del Pirineo se financien con los ingresos del ICA "para no tener que devolver la subvención de 142 millones de euros al Estado". Sin embargo, según ha asegurado la RAPA, con esa subvención se pagaron multitud de obras que no tenían la consideración de "interés general, beneficiando a unos pocos con el dinero que era para todos".
"Por tanto, es de justicia que, si antes no se destinaron, sea ahora cuando se utilicen los recursos propios de la Comunidad Autónoma para costear las inversiones que siguen siendo de interés general, sin obligar a toda la ciudanía a financiarlas a través del pago del ICA", señalan. Asimismo, recuerdan que la propuesta que RAPA trasladó al anterior Gobierno de Aragón pasa por plantear que ningún aragonés o aragonesa pague por los servicios vinculados a la depuración de aguas residuales más de la media estatal.
La aportación de la ciudadanía se compondría, de una parte, de una tasa aplicable a los y las consumidoras de las poblaciones a las que el Instituto Aragonés del Agua (IAA) presta el servicio de depuración. Por otra parte, cabría establecer un impuesto, con una capacidad recaudatoria mucho menor que la tasa, que se aplique sobre los caudales suministrados por los municipios aragoneses, como cuota de corresponsabilidad (que no de solidaridad) para conseguir el buen estado ecológico de las masas de agua de Aragón. Ese impuesto debería contener estímulos para favorecer la gestión municipal directa y la mejora de la eficiencia en la depuración.
Finalmente, la DGA debería cubrir con su presupuesto general la parte del gasto de depuración que supere lo recaudado por tasa e impuesto, asumiendo los sobrecostes que se derivan del modelo de depuración adoptado en Aragón, consecuencia de decisiones erróneas de anteriores gobiernos. Según los datos que maneja RAPA, la aportación del Gobierno de Aragón equivaldría, como máximo a un tercio de lo que se ha dejado de ingresar en 2019 por el impuesto de sucesiones.
Tras la contundente respuesta ciudadana por tercer año consecutivo, con un 26% de impagados a pesar de las comunicaciones de apremio remitidas por la Agencia Tributaria, la RAPA se siente legitimada para reclamar al Gobierno de Aragón que sean tenidas en cuenta sus propuestas, legítimas y responsables, respecto a la sustitución del ICA por otro modelo de financiación de la depuración en Aragón y mantiene abierta su disposición al diálogo "porque, lo quiera o no el actual Gobierno de Aragón, la ciudadanía ha dicho alto y claro que solo considerará superado el conflicto social generado en torno al ICA cuando la RAPA y las entidades sociales que la sustentan valoren positivamente la solución finalmente adoptada".
