CHA reclama la reversión pública de 14 saltos hidroeléctricos en Aragón

Joaquín Palacín, presidente de CHA: “Es lamentable la escalada del precio de la luz que sufre toda la ciudadanía, pero más aún en los municipios y comarcas afectados durante años por la ubicación de estas instalaciones sin ninguna compensación”

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Joaquín Palacín. Foto: CHA.

El presidente de Chunta Aragonesista, Joaquín Palacín, ha reiterado su indignación por la continuada escalada del precio de la luz, “un gravísimo problema que afecta a toda la ciudadanía”, pero que ha calificado de “especialmente sangrante” en los municipios y comarcas afectados durante años por la ubicación de saltos hidroeléctricos sin recibir ninguna compensación.

Por este motivo, Palacín, ha reclamado a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, que impulse la reversión pública de las concesiones caducadas de saltos hidroeléctricos en Aragón, acabando con las políticas de nueva concesión a subasta para el aprovechamiento privado.

“Según la información disponible en la Confederación Hidrográfica del Ebro, entre los años 2019 y 2027 van a realizar el procedimiento de reversión de la concesión al Estado un total de 9 centrales en el Alto Aragón (Baños de Panticosa, Argoné, Auxiliar de Lafortunada, Canal de Piñana, pantano de Barasona, salto de El Ciego, Morana, Morca y La Requijada ), que se suman a las 5 ya caducadas de Barrosa y Urdiceto, en Bielsa; El Pueyo de Jaca, en Panticosa; Lafortunada-Cinqueta, en Tella-Sin, y Campo, cuyos expedientes se encuentran ya en marcha o concluidos”, explica.

El presidente de CHA recuerda que las Cortes de Aragón aprobaron en abril de 2016, sin votos en contra, “abogar por recuperar estas centrales hidroeléctricas para hacer justicia territorial con los municipios y comarcas que han soportado sobre el territorio, durante décadas, esta servidumbre por la ubicación de estas instalaciones de producción energética”.

Para Joaquín Palacín, esta “justicia territorial” pasaría por recuperar la Soberanía Energética del territorio, consiguiendo “una disminución del precio de la electricidad, un mayor control público de las emisiones de CO2 y de la gestión del agua, y un mayor control sobre el precio de la energía”.

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