Chunta Aragonesista (CHA) ha registrado varias preguntas en el Congreso español dirigidas al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) para exigir explicaciones sobre el nuevo macroproyecto eólico promovido por Green Capital en la comarca del Matarranya.
La formación denuncia que la compañía plantea para parte de sus aerogeneradores ubicaciones que ya habían obtenido una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable cuando fueron promovidas por Forestalia, expedientes que actualmente están bajo investigación judicial por la presunta trama de corrupción vinculada al exsubdirector general de Evaluación Ambiental del Ministerio, Eugenio Domínguez.
Una reformulación de un proyecto rechazado
CHA recuerda que el proyecto actualmente presentado por Green Capital constituye una reformulación de otro anterior que recibió una Declaración de Impacto Ambiental desfavorable el pasado verano.
Según explica la formación aragonesista, aquella resolución negativa permitió poner de manifiesto las diferencias existentes respecto al proyecto previamente autorizado a Forestalia para la misma comarca, que afectaba a los mismos municipios e incluso coincidía en determinadas ubicaciones de aerogeneradores.
Para CHA, esa circunstancia quedó relacionada con la investigación judicial sobre la presunta trama de corrupción en la concesión de declaraciones ambientales favorables a proyectos de Forestalia durante la etapa en la que Eugenio Domínguez ocupaba la Subdirección General de Evaluación Ambiental del Ministerio.
El presidente de CHA, Jorge Pueyo, considera "vergonzoso" que Green Capital recupere ahora esas mismas alternativas territoriales "con la excusa de que obtuvieron una DIA positiva", pese a que dichas autorizaciones "están bajo sospecha y siendo investigadas en sede judicial".
Críticas a Repsol y a la continuidad de los proyectos
Pueyo vincula además esta situación con la reciente adquisición por parte de Repsol del clúster eólico del Matarranya y del de Begues, anteriormente promovidos por Forestalia, con la intención de hibridarlos junto a la central térmica de Escatrón para abastecer un centro de datos.
A juicio del dirigente de CHA, resulta "escandaloso" que una multinacional pretenda beneficiarse de proyectos cuya tramitación está siendo investigada judicialmente y critica un modelo de transición energética que, en su opinión, favorece el traspaso de macroproyectos entre grandes empresas "a pesar de la oposición social, de la degradación medioambiental y de las sólidas sospechas de corrupción".
En este contexto, Pueyo reclama al Gobierno español que suspenda la tramitación de todos los proyectos de Forestalia, con independencia de quién sea actualmente su propietario, hasta que exista una resolución judicial sobre la presunta trama.
Cuatro preguntas al Ministerio
A través de la iniciativa registrada en el Congreso, CHA plantea cuatro cuestiones al Ministerio.
La primera pregunta si el MITECO rechazará la evaluación ambiental del proyecto de Green Capital por considerar insuficiente el estudio de alternativas presentado.
La segunda se centra en la posible incompatibilidad territorial entre este proyecto y el anteriormente autorizado a Forestalia, así como en los criterios utilizados por la Administración para admitir nuevas tramitaciones.
La tercera reclama conocer por qué el Gobierno no ha suspendido todos los proyectos procedentes de Forestalia mientras continúe abierta la investigación judicial sobre las declaraciones de impacto ambiental.
Por último, CHA pregunta si el Ejecutivo va a permitir que las empresas reformulen de manera sucesiva proyectos previamente rechazados hasta lograr su aprobación y cuestiona que esta práctica pueda considerarse compatible con una auténtica transición ecológica.
