CHA y FFW llevan a las Cortes de Aragón “la participación de niños en un encierro adulto”

La portavoz de CHA, Verónica Villagrasa, pregunta “por la participación directa de menores en estas convocatorias de riesgo”, mientras FFW advierte “del peligro de estas ‘estancias’ para la integridad física y moral”

01 junio, 2026. 12:37
Foto difundida por el Ayuntamiento de Fuentes de Ebro en su perfil de Facebook

El grupo parlamentario de Chunta Aragonesista (CHA) y la Fundación Franz Weber (FFW) lanzan “una ofensiva institucional para denunciar la participación y presencia de personas menores de edad en un encierro realizado el pasado mes de mayo en el término municipal de Fuentes de Ebro”.

“Estos menores se encontraban en las llamadas ‘talanqueras’, las zonas de seguridad de participantes y espectadores de las convocatorias taurinas, y tomaron parte en el encierro buscando interacciones con los animales”, aseguran ambas entidades.

La ONG internacional recuerda que la normativa aragonesa “no prohíbe de forma explícita la permanencia de niñas y niños en estas ‘zonas de seguridad’ que a la vez son espacio para las personas participantes. Hasta el Ayuntamiento de Fuentes de Ebro retrató y difundió en redes sociales presencia de niños”.

En un contexto donde el Comité de los Derechos de la Infancia de Naciones Unidas ha vuelto a advertir al Estado español, el pasado mes de febrero, acerca de la participación de menores en la tauromaquia, después de la primera objeción formulada en 2018 “todavía existen personas adultas que consideran a los hijos como ‘absoluta propiedad’ y son capaces de exponerlos a riesgos para su integridad física”, subrayan desde FFW.

Por su parte, en su exposición de motivos de la pregunta presentada en las Cortes de Aragón, la portavoz adjunta de CHA, Verónica Villagrasa, recuerda que “la Ley 12/2001, de 2 de julio, de la Infancia y la Adolescencia en Aragón, establece entre sus principios rectores la obligación de los poderes públicos de garantizar la protección integral de los menores frente a situaciones o actividades que puedan afectar negativamente a su seguridad, integridad o adecuado desarrollo”.

Por ello, la diputada Villagrasa denuncia que “la difusión institucional de estas imágenes por parte de una administración pública puede interpretarse como una normalización o validación de prácticas que implican la exposición de menores a situaciones de evidente riesgo físico”.

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