La instrucción del procedimiento iniciado por CGT el pasado noviembre, con la denuncia contra Carlos Mazón ante los tribunales por su “negligente gestión” de la DANA, ha llevado a la imputación de Salomé Pradas Ten, ex consellera de Justicia e Interior, y Emilio Argüeso Torres, ex secretario de Seguridad y Emergencias y director de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE) “por su presunta negligencia en la gestión de la crisis y la vulneración de los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras expuestas a la catástrofe”, explican desde el sindicato.
Desde FETAP-CGT han promovido esta querella “con el propósito de exigir justicia para las víctimas y garantizar que este tipo de errores no vuelvan a repetirse”. “La falta de previsión, la tardanza en activar los protocolos de emergencia y la descoordinación en la gestión de la crisis no solo agravaron la magnitud de la tragedia, sino que pusieron en riesgo directo a miles de trabajadores y trabajadoras, muchos de los cuales perdieron la vida mientras desempeñaban sus funciones o en los desplazamientos a sus centros de trabajo. La ausencia de alertas efectivas y la falta de medidas preventivas supusieron una vulneración flagrante de los derechos laborales y de la seguridad en el trabajo”, recalcan.
Los responsables ahora imputados deberán responder ante los tribunales de justicia “por delitos que incluyen homicidio imprudente, omisión del deber de socorro, lesiones por imprudencia grave, daños imprudentes y delitos contra los derechos de los trabajadores, previstos y penados en el Código Penal. La inacción y la negligencia en la gestión de la emergencia afectaron gravemente a la población y, en especial, a los empleados públicos y trabajadores del sector privado, que fueron obligados a acudir a sus puestos sin la protección adecuada a pesar de la gravedad de las previsiones meteorológicas”, enfatizan desde el sindicato.
Por todo ello, desde FETAP-CGT aseguran que seguirán “vigilantes en el desarrollo del procedimiento judicial”, y reafirman su compromiso “con la defensa de los derechos laborales y la seguridad en el trabajo. En situaciones de emergencia, la previsión y la actuación rápida son esenciales para la protección de la ciudadanía y de quienes trabajan en servicios esenciales. No permitiremos que la dejación de funciones y la irresponsabilidad institucional queden impunes”, concluyen.
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