La Confederación General del Trabajo (CGT) se ha personado como denunciante frente a la Fiscalía de València contra el president Carlos Mazón. Lo ha hecho a raíz de lo que han definido como "actuaciones negligentes" por parte del Gobierno del Partido Popular de la Generalitat Valenciana que "pusieron en peligro las vidas de miles de trabajadoras y trabajadores", frente a la DANA que el pasado martes 29 de octubre devastó localidades de las comarcas de l'Horta Sur, la Foia de Bunyol y de Utiel-Requena, dejando, al menos, 210 muertes.
Así lo han comunicado este martes en rueda de prensa los representantes del sindicato libertario Juan Miguel Font (Secretario General de CGT València), Juan Ramón Ferrandis (Secretario General de CGT País Valencià y Murcia) y Rafa Marco, abogado del gabinete jurídico de CGT València. "Consideramos responsable a Carlos Mazón de todas las muertes que se podían haber evitado en este escenario de horror que quedará marcado en el recuerdo de la población valenciana como modelo de la mayor y más vergonzosa gestión política", han remarcado.
"Consideramos responsable a Carlos Mazón de todas las muertes que se podían haber evitado en este escenario de horror"
En el escrito presentado el 2 de noviembre por CGT ante la Fiscalía, un documento de 19 páginas al que ha tenido acceso la Directa, se pone de manifiesto que la Generalitat Valenciana "ignoró las continuas advertencias previas" tanto de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) como de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). Los dos órganos informaron de "lluvias de intensidad torrencial" con "crecidas e inundaciones" y hablaban de "peligro extremo". Asimismo, el documento subraya que a las 17.35 horas del martes 29 de octubre advertían que se podían "producir desbordamientos generalizados" en las áreas cercanas al río Magro a la vez que aconsejaba "el alejamiento de la población de las zonas cercanas al río".
La CGT también recalca que la querella es de "carácter sindical" al considerar que "los principales afectados fueron los trabajadores y trabajadoras que tuvieron que acudir a su puesto de trabajo o que volvían de él" y que se debió "paralizar la actividad laboral". En concreto, el sindicato libertario habla de vulneración de artículo 316 del Código Penal que recoge que la infracción de las normas de prevención de riesgos laborales "será castigada con las penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses". Según han avanzado en rueda de prensa, esperan que la denuncia "sea tomada por la Fiscalía" posibilitando que todas las personas perjudicadas "se puedan personar en este procedimiento penal".
Manifestaciones en València y Zaragoza
Por último, el sindicato ha animado a participar en la movilización que tendrá lugar este sábado en València, a las 18.00 horas desde la Plaça de l'Ajuntament, convocada por una veintena de organizaciones con la que exigirán la "depuración de responsabilidades" a las autoridades valencianas y la dimisión de Carlos Mazón. En Zaragoza, la víspera, el viernes a las 19.00 horas desde plaza España, la recién creada Coordinadora Solidaria de Clase llama a manifestarse en solidaridad con el pueblo valenciano y también para pedir la dimisión de Mazón.
Tal y como publicaba este lunes La Marea, hasta tres organismos oficiales han desmentido los intentos del presidente valenciano de exculparse de la catástrofe. "Lo dijo la AEMET, lo ha dicho la CHJ y lo ha confirmado también la UME. Tres organismos estatales dejan en evidencia a Carlos Mazón (PP), quien comenzó minimizando los efectos de la DANA –eliminó el tuit donde aseguraba que la cosa no empeoraría– y ha terminado, una semana después, exculpándose de su tardía gestión de la tragedia", apunta el artículo de La Marea.
Sánchez anuncia un primer paquete de ayudas
Este martes, cuando se cumple una semana de las inundaciones, el Gobierno español ha declarado zona catastrófica el territorio afectado por la DANA, comarcas del País Valencià, Castilla-La Mancha, Andalucía, Catalunya y Aragón. En una comparecencia en Moncloa, Pedro Sánchez también ha anunciado un decreto ley de urgencia con ayudas económicas, laborales y fiscales para las miles de personas afectadas en 78 municipios –75 del País Valencià, dos de Castilla-La Mancha y uno de Andalucía–. Este primer paquete de ayudas directas tendrá un valor de 10.600 millones de euros.
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