Desde FETAP se denuncia que “esta exclusión supone una vulneración de los principios de igualdad, mérito y capacidad consagrados en los artículos 14 y 23.2 de la Constitución Española, además de contravenir derechos fundamentales recogidos en el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), como la promoción interna y la carrera profesional”. La Federación considera que esta medida “es una técnica de coacción que castiga a quienes han reclamado su reclasificación, enviando un mensaje intimidatorio a los trabajadores: quien ose defender sus derechos será excluido de promociones internas y concursos de traslados”.
FETAP sostiene que esta exclusión constituye “un ataque directo a los derechos de los funcionarios del Grupo B, creando un precedente peligroso que perpetúa desigualdades y utiliza el sistema normativo como herramienta punitiva. La Administración está enviando un mensaje claro de que reclamar justicia se paga caro”, denuncia la organización sindical.
“Una exclusión arbitraria y discriminatoria”
La Resolución impugnada judicialmente por FETAP representa, según la Federación “una discriminación inaceptable hacia el colectivo del Grupo B, que cumple con los requisitos legales y profesionales para optar a la promoción interna. Esta exclusión no solo quiebra los principios de igualdad de trato y progresión ordenada establecidos en el EBEP, sino que también afecta gravemente a la confianza en las instituciones públicas”, enfatizan.
Asimismo, alerta de que esta medida “contradice el espíritu de la normativa vigente y vulnera el derecho a una carrera profesional equitativa, definida en el EBEP como un conjunto ordenado de oportunidades profesionales de ascenso y progreso”. La Federación señala que “el Grupo B no puede ser tratado como una categoría inferior o inexistente, especialmente cuando su existencia ha sido ratificada judicialmente”.
Reivindicaciones de FETAP-CGT
FETAP exige “la anulación de esta Resolución y la garantía de los derechos de los funcionarios del Grupo B a participar en procesos de promoción interna y concursos de traslado en igualdad de condiciones”. La Federación advierte que continuará utilizando “todos los recursos legales necesarios para proteger los derechos laborales de los empleados públicos” y para garantizar “que ninguna decisión administrativa pueda utilizarse como herramienta de castigo o discriminación”.
“La defensa de los derechos fundamentales de los trabajadores públicos no es negociable. Exigimos que la Administración actúe con justicia, respeto a la legalidad y sin arbitrariedades”, reiteran desde FETAP.
Con esta acción judicial, FETAP reafirma su compromiso “con la igualdad y la defensa de los derechos laborales”, dejando claro que “no tolerará ninguna vulneración de los principios que rigen el empleo público”.
