Las altas temperaturas que se están viviendo en las aulas escolares de los centros públicos, por las continuas olas de calor, no es una situación del todo extraordinaria. Desde 2014, CGT lleva reclamando a las distintas consejerías de educación, y sus correspondientes gobiernos, que afronten el problema estructural de la mayoría de los edificios escolares de propiedad pública y hagan cumplir la ley jurídica de protección del menor y la ley de salud y riesgos laborales.
El Real Decreto 486/1997, establece que la temperatura de los locales donde se realicen trabajos sedentarios propios de oficinas o similares estará comprendida entre 17º y 27° C.
Por su parte, la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en su artículo 11 enuncia: “Las Administraciones publicas tendrán particularmente en cuenta la adecuada regulación y supervisión, de aquellos espacios, centros y servicios, en los que permanecen habitualmente niños y niñas, en lo que se refiere a sus condiciones físico-ambientales (....) y demás condiciones que contribuyan a aseguras sus derechos".
La semana pasada se llegó a una situación extrema con temperaturas de 38º en el colegio de Infantil y Primaria Cortes de Aragón, 35º en el CPEIP Margarita Salas o los 34º en el CEIP Las Fuentes.
Trabajar a temperaturas de hasta 38º tiene unas afecciones importantes en la salud de las personas, en especial si hablamos de niños y niñas de corta edad. Alumnado fatigado, hemorragias nasales, cefaleas, golpes de calor, lipotimias, problemas de concentración, "síntomas que son habituales estos días entre alumnado y profesorado", denuncia CGT.
Debido a esta situacción y a la inacción del Gobierno de Javier Lambán, desde CGT han presentado una queja al Chusticia d'Aragón, como defensor del menor, para que exija a la Administración el cumplimiento de la Ley del Menor.
Y a Inspección de Trabajo para hacerse participes de las distintas denuncias que se están presentando desde los centros escolares por el incumplimiento de la normativa de prevención de la salud y riesgos laborales.
Previamente, informaron de la situación a las personas responsables de Prevención de Riesgos Laborales del Departamento de Educación de la situación de riesgo que se está viviendo en los centros escolares públicos.
"Una vez más, reclamamos al gobierno aragonés la creación de un grupo de trabajo de perosnas expertas para analizar y estudiar como adecuar los edificios escolares públicos a la nueva realidad medioambiental y poder evitar situaciones de riesgo entre el alumnado y el profesorado", concluyen desde el sindicato.
