Delegados y delegadas de la sección sindical de CCOO en el Ayuntamiento de Zaragoza han acudido este miércoles a un acto público celebrado por la alcaldesa Natalia Chueca en el barrio de Las Fuentes para entregarle personalmente, en la calle y ante la ciudadanía, la solicitud formal de inicio inmediato de la negociación del convenio colectivo del personal laboral tras la sentencia que ha declarado su nulidad parcial.
"Ante la falta de respuesta política, hemos decidido trasladar esa exigencia directamente a la alcaldesa en un acto público, visibilizando así una situación que afecta a más de 900 trabajadoras y trabajadores laborales del Ayuntamiento, organismos autónomos, sociedades y patronatos", recalca Juan Tamarit, secretario sección sindical CCOO en el Ayuntamiento de Zaragoza.
El sindicato había registrado previamente dos escritos: uno solicitando reunión directa con la alcaldesa tras conocerse la sentencia 000025/2026 del Juzgado de lo Social nº 7 de Zaragoza, y otro instando formalmente la convocatoria de la comisión negociadora para continuar la negociación de las disposiciones específicas y propias del personal laboral.
"Desde CCOO queremos que la alcaldesa tome partido y convoque a la comisión negociadora del convenio anulado. No hacerlo es una irresponsabilidad, si no lo hace continuaremos con las medidas de presión", añade Tamarit.
La sentencia judicial es clara: el convenio fue aprobado vulnerando el artículo 89.3 del Estatuto de los Trabajadores al no respetarse la mayoría de la parte social de la mesa negociadora en función de su representatividad. "Fue una aprobación irregular que nunca debió producirse", sostiene el secretario sección sindical CCOO.
Pese a que el concejal delegado de Personal, Alfonso Mendoza —cuyo cese ha reclamado ZeC tras el varapalo judicial a su gestión— ha anunciado que recurrirá la sentencia, desde CCOO recuerdan que “recurrir no impide negociar”. “La nulidad declarada por el juzgado evidencia que el procedimiento fue incorrecto y obliga políticamente al Gobierno municipal a rectificar”, subraya Tamarit.
"La entrega pública de la documentación no es un gesto simbólico, sino un acto de responsabilidad sindical. Si la alcaldesa no responde en los despachos, tendrá que escuchar en la calle la exigencia de cumplir la legalidad y sentarse a negociar", añade el sindicato que exige la convocatoria inmediata de la comisión negociadora y el inicio de un proceso real de negociación que "respete la representatividad sindical y garantice condiciones dignas para el personal laboral municipal".
"La sentencia ya ha hablado. Ahora le corresponde actuar al Gobierno de Natalia Chueca", zanja Juan Tamarit.
