Caso Tiro de Pichón: así ocupó el Ebro el club privado del pelotazo millonario

La Confederación Hidrográfica activa el deslinde de unos terrenos valorados en casi diez millones de euros que la sociedad deportiva ganó al río llenándolos de escombros con un permiso oficial, autorización que pidió después de que el ayuntamiento rechazara, en los últimos meses del franquismo oficial, devolverle los suelos que le había expropiado en lo que hoy es la avenida de la Almozara, y que iban a albergar una zona verde que nunca existió.

Al sur de las instalaciones del Tiro Pichón, entre la avenida de l'Almozara, la avenida Puerta Sancho y el vial que lleva a la Pasarela del Voluntariado, se encuentran los suelos cuya reversión a la entidad deportiva rechazó el Ayuntamiento de Zaragoza en 1975 y sobre los que estaba previsto ubicar una zona verde que brilla por su ausencia. | Foto: tirodepichon.es

El Tiro de Pichón, el club privado de la Almozara que hace casi cinco años dio un pelotazo millonario al elevar el Supremo de 2,3 a 9,6 millones de euros el valor de los 12.622 metros cuadrados de ribera (los puso a 722 euros) que el Ayuntamiento de Zaragoza le expropió dando por hecho que eran suyos en vísperas de la Expo, llevaba cuatro décadas ocupando el cauce del Ebro con todas las bendiciones oficiales.

Las causas y el contexto de esa operación urbanística, cuyo recuerdo parecía haber sido arrastrado por la corriente, cobran especial relevancia ahora, cuando la CHE (Confederación Hidrográfica del Ebro) ha puesto en marcha un deslinde que abre la posibilidad, aunque todo apunta a que pasarán bastantes años antes de que eso pueda ocurrir, de unos ingresos de más de ocho millones de euros para las arcas municipales.

La larga historia de esa operación urbanística pone sobre la mesa, entre otras cosas, el escaso rigor con el que se llevaron a cabo los preparativos de la Expo, o al menos una parte de ellos, la tendencia a la defensa de lo público por parte del organismo de cuenca y, también, la tenacidad del movimiento vecinal, con la FABZ -Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza- acabando de levantar una ‘liebre’ sobre la que hace casi un lustro había dado las primeras señales la Asociación de Vecinos de la Almozara.

AraInfo reconstruye hoy esa parte de la historia cuyas claves llevan décadas dormidas en el Archivo Municipal y cuyas primeras pistas fueron halladas por la FABZ en forma de noticia, algo nebulosa, sobre una reversión de terrenos al Tiro Pichón a la que el Ayuntamiento había dicho no antes de que el franquismo terminara de manera oficial y pese al carácter afecto al régimen de los fundadores de la entidad deportiva que lo solicitaba.

“Las perentorias necesidades escolares de la zona”

En junio de 1975, y con Mariano Horno como alcalde, el pleno del consistorio decidía denegar la reversión de unos terrenos ubicados junto a la avenida de la Almozara, a la altura de lo que entonces eran los números 50 y 52, y que la entidad deportiva había seguido utilizando a cambio del pago de un canon tras haberle sido expropiados y, obviamente, haber cobrado por ellos el correspondiente justiprecio.

Esos suelos, que entonces eran el lindero sur de las instalaciones del club de tiro, estaban catalogados como zona verde en el Plan General de Urbanismo de la ciudad, lo que llevó al pleno a “declarar que no procede la reversión de los terrenos de propiedad municipal (…) toda vez que la necesidad de la misma ha quedado desvirtuada por no poder ser ubicada en dichos terrenos ninguna construcción”, según consta en el acta del 12 de junio de ese año.

Es decir, que el Tiro Pichón pretendía plantar en esa futura zona verde, localizada entre su actual límite sur, la avenida de la Almozara, la avenida Puerta Sancho y el vial que lleva a la Pasarela del Voluntariado, algún tipo de edificación, como las que finalmente acabaron ubicadas en la zona sureste del complejo.

Esa decisión municipal dio lugar a dos movimientos. Por una parte, el ayuntamiento había decidido, “dadas las perentorias necesidades escolares de la zona”, iniciar “los expedientes de expropiación necesarios para la adquisición a tal fin de los terrenos marcados como de equipamiento escolar” en el plan parcial de la zona, cuyo “orden de prioridad” de compra marcaría la Comisión de Cultura “a la vista de las necesidades existentes en la zona”.

El peculiar urbanismo de la capital aragonesa

Sin embargo, el urbanismo zaragozano ya tenía incrustada para entonces esa impronta del birlibirloque que, entre otras, lo caracteriza: no hay en cientos y cientos de metros a la redonda, con la excepción de los escasos arbolados del recinto de Ranillas y del parque de La Química, ni rastro de zonas verdes de uso público en un área poblada por decenas de miles de personas y cuya densidad se acerca a los 4.900 habitantes por kilómetro cuadrado, un 22% por debajo de Tokio.

Sí fueron edificados la escuela pública Jerónimo Zurita y, no muy lejos de esta, el instituto Luis Buñuel y el Centro Deportivo Municipal del barrio, aunque los espacios que aquella parcelación asignaba a los números 50 y 52, los de la zona verde, llevan décadas ocupados por bloques de viviendas.

La denegación de la reversión dio pie a una segunda decisión, en este caso un cambio de planes por parte del Tiro de Pichón. Los nuevos consistieron en dirigir su expansión hacia el norte, por el rio, para lo que ese mismo año 1975 pidió autorización a la Comisaría de Aguas del Ebro, entonces un organismo autónomo e independiente de la CHE, a la que no sería adscrito hasta la Ley de Aguas de 1985.

La entidad deportiva pidió entonces permiso para ganar terreno al Ebro colmatando la zona ribereña del cauce con escombros, algo para lo que la Comisaría dio el visto bueno el 2 de abril de 1976, apenas nueve meses después de la negativa municipal, con el fin de instalar en ese terreno ganado al río dos fosos de tiro.

La autorización contemplaba la invasión del cauce, aunque eso, con la ley en la mano, no podía afectar a un aspecto clave de la operación: se trataba de un espacio integrado en el Dominio Público Hidráulico, que es algo inalienable; es decir, que puede ser ocupado con el beneplácito del Estado, normalmente a cambio de un precio y durante un periodo determinado, pero que este no puede enajenar.

Un suelo ochenta veces más caro de lo que estimó el Jurado de Expropiación

Pasarían más de cuatro décadas hasta que en 2007, dentro de los preparativos del Plan de Riberas de las vísperas de la Expo, el ayuntamiento expropiara al Tiro Pichón un pedazo de 12.622 metros cuadrados en un proceso administrativo cuando menos curioso: el Jurado de Expropiación de Zaragoza tasó esos terrenos en 111.831 euros pero se vio obligado a convalidar la oferta previa de 2,34 millones (veinte veces superior) que había hecho el consistorio porque así lo establece la legislación.

Todo eso ocurría nueve años antes de que el Supremo cuadruplicara esa cifra, que es lo mismo que multiplicar por más de ochenta la del jurado, apelando a un potencial de edificabilidad que, de resultar ciertos los planteamientos de la CHE, nunca habrían podido existir.

Eso, al margen de que el sentido común y la historia sugieren sobre la viabilidad de las construcciones en el cauce de un río de régimen torrencial como el Ebro y, en este caso concreto y según los informes del organismo de cuenca, en una ubicación con “alta probabilidad de inundación”.

“Lo que no puede ser, no puede ser; y además es imposible”, rezaba la histórica perogrullada de Alfonso Guerra, probablemente desconocedor de que cuando se trata del urbanismo zaragozano, vistos los enigmáticos y estrambóticos derroteros por los que en ocasiones discurre, la lógica siempre deja espacio para convivir con el “quizás”, el “por qué no” y el “pues vaya sorpresa”.

Mantener el dominio público con un veto expreso a edificar

Poco después de que el Supremo se pronunciara por vez, los vecinos de la Almozara pusieron en manos de la Comisión de Urbanismo de la FABZ una serie de documentos que arrojaban dudas sobre la versión oficial en torno al pelotazo que había acabado dando el Tiro de Pichón.

Esos ‘papeles’, que recogen una nebulosa historia de escrituraciones y ofertas de compra y de venta de suelo rechazadas a lo largo de varias décadas por el Ayuntamiento de Zaragoza (cesionario de los primeros terrenos del complejo), narraban cómo la expropiación previa a la Expo afectó a tres parcelas que sumaban 12.622 metros cuadrados de los que la mayor, de 11.799, se correspondía según los datos de la CHE con la zona en la que la Comisaría había autorizado en 1976 el vertido de escombros.

Ese permiso incluye “la condición terminante” de que el terreno ganado al río no dejaría de ser un espacio de dominio público (ocupable pero no enajenable) ni podría acoger ninguna edificación.

Esa información, canalizada por la FABZ, pieza clave desde el inicio de esta enésima trifulca en defensa de lo público en la capital aragonesa, llevó al anterior equipo de gobierno municipal, el de ZeC (Zaragoza en Común), a plantear ante el Supremo un recurso de revisión que el tribunal rechazó en una sentencia basada en cuestiones de procedimiento.

Citados para iniciar el deslinde el 5 de febrero

Tras esa resolución, y antes de finalizar la pasada legislatura municipal, la concejalía de Urbanismo que dirigía Pablo Muñoz se dirigió a la CHE para solicitarle el deslinde del dominio público hidráulico en esa zona, un trámite que el organismo de cuenca ya ha activado.

De hecho, los representantes del Turo Pichón y del Ayuntamiento de Zaragoza están citados el 5 de febrero, a las diez de la mañana, para el apeo (señalamiento de los contornos de un terreno) de una “porción de terreno o finca ganada a cauce público y creada artificialmente mediante el vertido de escombros sobre el cauce del Ebro” de, según indica el anuncio en el BOE, 6.865,83 metros cuadrados de superficie.

La Junta de Gobierno del consistorio se dio por enterada del inicio del expediente en su sesión del 12 de noviembre, en la que decidió no presentar alegaciones al informe inicial de la CHE, ya que un dictamen de los servicios jurídicos municipales estima en 8,5 millones de euros el dinero que debería recibir el ayuntamiento de la Sociedad Tiro de Pichón en compensación por la expropiación de confirmarse los planteamientos del organismo de cuenca.

Aunque eso, en cualquier caso, tardaría en producirse varios años ante la previsible batalla judicial en torno a una cifra de esa cuantía: primero sobre la resolución con la que la CHE ponga fin al expediente de deslinde, después para determinar la extensión (y con ella el precio) de la finca, acabado este para aclarar la presunta lesividad de la expropiación para el Estado y más tarde, y entre otros posibles pleitos, todos ellos sustanciables ante el Supremo, para ajustar la eventual valoración de los suelos.

La cuenta sube a 12,3 millones de euros

“No es un asunto sencillo jurídicamente y se trata de algo sobrevenido, que no ha iniciado este equipo de gobierno”, señalan fuentes de la Concejalía de Urbanismo que dirige Víctor Serrano (C’s), que explicaron que el informe de la CHE apunta la existencia de, en números redondos, 10.000 metros cuadrados ganados al río cuya expropiación habría sido irregular y otros 2.000 que estarían fuera de discusión.

“El ayuntamiento no tiene ninguna intención de parar nada, y si alguien nos dice que podemos reclamar alguna cantidad con la que está cayendo, lo haremos”, añaden las mismas fuentes en un posicionamiento naranja que no deja de entraña, como equipo de gobierno, un cambio radical frente a las tesis que mantenía su socio, el PP, la pasada legislatura.

Por último, la Sociedad Tiro de Pichón aseguraba hace unos días a sus socios a través de un comunicado que “atendiendo a criterios de prudencia y responsabilidad, no ha invertido cantidad alguna procedente de la sentencia del Tribunal Supremo, pues entendíamos que la CHE podía iniciar el deslinde anunciado recientemente”, a lo que añadía que “como es evidente y siempre ha hecho, defenderá los intereses de los socios en este nuevo proceso, utilizando las vías correspondientes”.

El comunicado interno aclara en qué punto se encuentra el trasiego de millones originado por la expropiación de los suelos y los posteriores litigios: la Sociedad Tiro de Pichón ingresó en junio de 2009 los 2.348.467 euros acordados con el ayuntamiento como justiprecio por los terrenos y cobró en sendos plazos en diciembre de 2018 y junio de 2019, mientras que el pago de otros 2.694.003 “en concepto de intereses generados desde 2007”, y cuya entrega había sido inicialmente acordada para junio de este año, ha quedado aplazada a junio de 2021. Esas tres cantidades suman 12.337.018 euros.

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