En una carta publicada por el Grup de Suport a Presxs de Lleida el pasado viernes, Carme Badía informaba sobre el reinicio de la huelga de hambre como última forma de protesta para denunciar su situación sanitaria y presionar a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y al Servicio de Sanidad Penitenciario para que se respete el artículo 91 del Código Penal (CP) y el 196 del Reglamento Penitenciario (RP), que obligan a “otorgar la libertad condicional” a las personas con dolencias crónicas e incurables, o pasarlas al tercer grado de régimen penitenciario –como marca el artículo 104.4 del RP– “por razones humanitarias y dignidad personal”.
Badía, diagnosticada de cáncer de mama y sometida a diferentes intervenciones quirúrgicas en los últimos años, se encuentra interna en el módulo de enfermería del centro penitenciario de Zuera con fuertes dolores corporales y con un estado de salud muy débil, especialmente después de llevar a cabo una huelga de hambre de 54 días que se prolongó del 11 de marzo al 3 de mayo. Según los informes médicos del centro, su estado de salud era tanto crítico después de la acción de protesta que tuvieron que inyectarle glucosa a la sangre por los numerosos mareos y caídas que sufrió durante las últimas semanas de la huelga. Badia también ha sufrido diferentes infecciones que le han provocado la pérdida de funciones de sus dos riñones.
Según explica la propia Badía en una carta, después de una parada de una semana en la acción de protesta vuelve a poner en marcha la huelga de hambre: “Reinicio la huelga de hambre que dejé tan solo hace una semana, después de que algunas personas me lo aconsejaron, pensando que la justicia haría algo al respeto. No han hecho nada ni lo harán, y solo se mueven un poco cuando los organismos internacionales los presionan de alguna manera”.
Según denuncia en el escrito, continúan las represalias en su contra por parte del funcionariado del centro penitenciario. “Solo me dejan acceder al economato una vez al día [cuando el resto de internos pueden acceder al menos cinco veces], según las funcionarias, por orden de la directora del centro. Me niegan mis derechos porque no accedo a su petición de pedir el traslado a otro centro penitenciario”. Ante las continuas recomendaciones y presiones para que Badia pida el traslado a otro centro penitenciario, ella afirma tener claro que "no cederá": “Los chantajes y las injusticias no van conmigo. Al contrario, me suben la adrenalina y me dan más vida”. Para acabar, Badía se dirige directamente al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, que según ella “tendría que velar por nuestra integridad y, en cambio, lo único que hace es permitir que nos maten”.
La acción de protesta de Carmen Badía ha provocado numerosas muestras de solidaridad por parte otros presos y presas en lucha, que el pasado 15 de mayo también dieron por finalizada la acción de huelga de hambre colectiva en diferentes prisiones del Estado español en defensa de una mesa reivindicativa con 14 puntos para garantizar la dignidad y los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad.
También han sido numerosas las acciones de solidaridad que se han llevado a cabo en diferentes municipios del Estado por parte de colectivos anticarcelarios, con el objetivo de visibilizar y dar a conocer la situación y la lucha que está llevando a cabo Carmen desde dentro de la prisión. Además de esto, alrededor de 60 organizaciones y más de 500 personas ya han firmado un manifiesto para pedir su excarcelación inmediata. En Aragón, el Colectivo de Apoyo de Mujeres Presas (CAMPA) está realizando un amplio seguimiento del caso de Carmen Badía.
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Artículo publicado originalmente en La Directa.
