El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) vuelve a dar la razón a las familias de Caneto. La escuela O Chinebro seguirá abierta este curso y, al menos, hasta que haya sentencia judicial. Este es el segundo revés en los tribunales para la consejera de Educación, Claudia Pérez Forniés, tras el nuevo auto del TSJA que mantiene en vigor la apertura de la escuela, a la que acuden 21 niños y niñas del pequeño pueblo repoblado del valle de A Fueva, en Sobrarbe —una de las comarcas más despobladas del Pirineo—, y respalda a las familias frente a las intenciones del Gobierno de Jorge Azcón (PP-Vox-PAR).
En su nuevo auto, de ocho páginas, hecho público este martes, el TSJA, tras valorar los documentos remitidos por todas las partes, ha acordado el mantenimiento de las medidas cautelares positivas sobre la apertura de la escuela O Chinebro en Caneto —dictadas el pasado mes de enero— ya que "a la vista de lo informado y acreditado y de las alegaciones efectuadas por la Administración demandada, no vemos motivo para alzar la medida cautelar". "Hemos de recordar lo que era evidente, que la contracautela acordada por este tribunal, no tenía más sentido que proteger la seguridad de profesores, alumnos y demás personal de la escuela durante la vigencia de la medida cautelar. Por tanto no tenían por qué cumplir los promotores del proceso, las cuestiones que claramente exceden de ello, como la compatibilidad urbanística, acceso normalizados…", añaden en el auto.
Del mismo modo, el TSJA valora el esfuerzo por parte de las familias y de la AMYPA Aldea de Caneto para subsanar las deficiencias exigidas por la DGA para que el centro reúna las condiciones debidas. "Comprobamos que la mayor parte del esfuerzo de subsanación lo llevan a cabo los padres y la asociación, lo que evidentemente ha de valorarse a los efectos del cumplimiento de la contracautela, aunque el Ayuntamiento se ha ofrecido a ayudar, sin concretar medida alguna", exponen. También aprecia que "hay defectos que precisan de una inversión que excede de lo que pueden asumir los padres, y que cae dentro de la decisión política de planificación educativa que recae en la administración autonómica". Es decir, el TSJA da un varapalo a la administración educativa e insta a la consejería de Educación a asumir los costes de las inversiones necesarias.
El auto también especifica que "los defectos que a primera vista pudieran comprometer en mayor medida la seguridad, se han subsanado o se van a subsanar en breve". "Tampoco la Administración nos ha dicho qué concreto defecto de los indicados en sus primeros informes, no han sido subsanados y la relevancia del mismo. A diferencia de lo que se indica también diremos que se han subsanado tanto los defectos estructurales, como los relativos a la seguridad laboral", subraya el TSJA. Por tanto, la decisión del tribunal es clara, mantener la cautelar.
"¿Por fin el Gobierno correrá con los gastos de la subsanación y la escuela quedará formalmente regularizada?"
Fue el pasado mes de noviembre, con el curso escolar ya comenzado, cuando el Ejecutivo aragonés PP-Vox-PAR puso en su punto de mira a O Chinebro ordenando el cierre "sin avisar y de repente" de la escuela tras cinco años de exitosa andadura. Así, el Gobierno de Azcón dejó a 21 niños y niñas de Caneto fuera del sistema educativo durante tres meses. Mientras tanto, las familias del pequeño municipio de Sobrarbe no reblaron y comenzaron a movilizarse. Tras acudir a los tribunales, el 19 de enero el TSJA les daba la razón "en interés de los menores" y ordenaba la reapertura de la escuela de Caneto, como medida cautelar. Ese auto fue el primer varapalo a la consejera Claudia Pérez Forniés.
Ahora, el TSJA vuelve a dar la razón a las familias de Caneto —representadas por la abogada Paula Hormigón— que afirman estar "desbordadas de alegría". "Con las medidas cautelares afianzadas, podemos estar tranquilos hasta la sentencia del juicio. Este curso y seguramente el que viene, nuestros niños y niñas podrán vivir y estudiar en su pueblo", señalan en un comunicado remitido a los medios, para recordar que las "medidas las concedió el TSJA como medida preventiva al cierre de la escuela de Caneto", pero el Gobierno de Azcón "se opuso con un extenso informe". "Nosotros expusimos nuestras contracautelares y se nos han reconocido: las instalaciones son seguras para nuestros hijos e hijas y para el profesorado", subrayan en la nota.
Las familias también se sienten "halagadas" por el reconocimiento en el auto "al esfuerzo que hemos realizado para mantener la escuela abierta" y "que se ponga en duda la conducta del gobierno, por omisión de sus responsabilidades de correr con los gastos de la subsanación". Del mismo modo, indican que "si podemos sacar algo positivo de todo este proceso, sin duda es el aprendizaje de los valores que estamos dando a nuestros hijos e hijas: constancia, derechos constitucionales, esfuerzo...". Y concluyen lanzado "la gran pregunta": "¿Por fin el gobierno correrá con los gastos de la subsanación y la escuela quedará formalmente regularizada? ¿O tendremos que esperar a la sentencia para que se decidan a dar solución al problema?".
La oposición exige a Azcón responsabilidades y que "resuelva problemas en vez de crearlos"
Como ya ocurriera con el anterior auto, la oposición —PSOE, CHA, IU, Podemos— ha criticado duramente la gestión del Gobierno de Aragón, al mando de Jorge Azcón. Desde CHA consideran que el nuevo acuerdo del TSJA "es lo suficientemente contundente como para que sea ya Azcón quién se responsabilice directamente de todo lo sucedido, reconozca de una vez todos y cada uno de los graves errores cometidos con el proyecto de Caneto y actúe, inmediatamente, para cumplir con todo lo dispuesto en el último acuerdo del TSJA en lo relativo a desarrollar las mejoras correspondientes en este centro educativo". "El cierre decretado en su momento fue un acto de irresponsabilidad política que el TSJA ha tenido que desautorizar, ya en dos ocasiones. Ha puesto un nombre propio a esta lamentable forma y reprochable fondo de hacer política autoritaria y errónea por parte de la consejera que debe dimitir y si no lo hace ser cesada. Un nuevo gobierno que dijo venía a solucionar problemas, pero que sólo es capaz de crear nuevos y persistir en el error. Es momento para tomar decisiones, o cese o dimisión", ha afirmado Joaquín Palacín, presidente de CHA, para lamentar "la ausencia de voluntad política del Gobierno de Aragón, en todo este proceso, para buscar una solución de consenso, de acuerdo, mediante el diálogo, entre todas las partes afectadas".
"¿Cuántos reveses judiciales necesita el Gobierno de Aragón para cumplir con su obligación y arrojar certidumbre, de una vez por todas, a la comunidad de O Chinebro en Caneto? ¿Se pondrá la Consejería a resolver problemas en vez de crearlos? Esto es de vergüenza", ha denunciado el coordinador de Izquierda Unida Aragón, Álvaro Sanz. "Caneto, un colegio rural que si se llamara 'Salesianos de Caneto', ya tendría normal funcionamiento. El Gobierno de Aragón se niega a invertir en un pueblo aragonés que ha revertido la despoblación con 21 niños y niñas en edad escolar", afeó hace unas semanas del diputado de Podemos, Andoni Corrales.
Por su parte, el PSOE ha exigido "depurar responsabilidades" en Educación "tras el nuevo varapalo judicial". El portavoz de Educación del Grupo Socialista, Ignacio Urquizu, ha calificado como "cruzada" contra la escuela rural de Caneto la actitud de la consejera Claudia Pérez Forniés. En esta línea, el diputado socialista ha lamentado que el Gobierno de Aragón "está incumpliendo sus responsabilidades desde hace meses. Se negaban a informar a las familias y a la oposición sobre el plan de actuaciones y ahora entendemos por qué. No han hecho absolutamente nada desde hace cinco meses. Solo poner palos en la rueda para intentar volver a cerrar la escuela". Para Urquizu, el auto del TSJA "pone de manifiesto que el Gobierno de Aragón ni ha tenido ni tiene interés en solucionar las deficiencias en la escuela". "Un ejemplo más de la desidia de esta consejera", ha censurado para denunciar "la continua y reiterada obstrucción" del Departamento de Educación y de los grupos que apoyan al Gobierno, Partido Popular y Vox, "a la labor de la oposición en la comisión competente en las Cortes de Aragón" que "están controlando estas Cortes de manera férrea".
