En marzo del 2021 se aprobó por unanimidad la moratoria a la instalación de plantas fotovoltaicas en el municipio de Samianigo y se acordó regular la implantación de esta industria en el marco de las competencias municipales. Sin embargo, “han sido necesarios once meses para convencer a la alcaldía de los negativos efectos que sobre biodiversidad, medioambiente, paisaje, y actividades agroganadera y turística, produciría un modelo energético centralizado, que requeriría de grandes extensiones de terreno municipal para su desarrollo”, señalan desde Cambiar Sabiñanigo, y añaden que “algo que no se habría conseguido sin la decida respuesta de una parte de la población que, a través de la Plataforma en Defensa del Paisaje y la Vida en el Pirineo viene realizando una frenética actividad, con manifestaciones, recogida de firmas, alegaciones a los proyectos, notas de prensa, manifiestos, aportación de nueva información y debates”.
A juicio de esta formación política “resulta inexplicable que un asunto tan complejo deba resolverse, finalmente, en el plazo de un mes. Para ello la alcaldía solo ha aportado como informe base el Estudio de Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada que debe acompañar a la modificación del PGOU, pero con importantes carencias que desvirtúan sus propuestas y conclusiones finales. Así, en su borrador inicial se señala que ‘las tierras destinadas a cultivos y explotaciones agrarias son las más adecuadas para la implantación de estas infraestructuras’, al estimarse que ‘son generalmente de baja rentabilidad’. Afirmación que contradice la opinión que han venido transmitiendo los representantes del sector agroganadero en sucesivas reuniones, así como la expresada por el Director de Investigación del CITA en las recientes jornadas sobre desarrollo territorial organizadas por ADECUARA. Consideraciones que no aparecen en el definitivo Estudio de Evaluación Ambiental pero que no causa modificación alguna en sus propuestas y conclusiones finales”.
Por ello, desde Cambiar Sabiñánigo reclaman “una regulación que excluya las tierras de mayor valor agronómico de ser ocupadas por plantas fotovoltaicas. Por ello, alegamos que las actividades agroganaderas ocupan una gran parte del terreno municipal, que dan soporte a iniciativas de interés social como cooperativas agrarias y ADS ganaderas, que las zonas agrícolas de montaña están catalogadas como de Alto Valor Natural por su contribución a la conservación de biodiversidad y paisaje, que constituyen recursos estratégicos para garantizar la soberanía alimentaria ante el avance del cambio climático y que resulta muy difícil revertir el desplazamiento económico de las familias que realizan estas actividades”.
Asimismo, no comprenden “como se establece una regulación para el municipio de Samianigo menos restrictiva que la aprobada por el Ayuntamiento de Chaca. A pesar de que desde la propia alcaldía siempre se manifestó la conveniencia de que ambas regulaciones fueran similares para evitar que los proyectos se trasladaran de un municipio al otro, y de que así lo aconseja también el propio Estudio de Evaluación Ambiental Estratégica Simplificado”.
“En resumen, el equipo de gobierno del PSOE nos plantea una modificación del PGOU elaborada con urgencia, en base a informes solicitados bajo criterios propios, con los concejales de la oposición como meros espectadores, menospreciando la importancia de la actividad agroganadera, reduciendo los impactos sociales y económicos a un estudio de visibilidad paisajística, y con una regulación más débil que la del vecino ayuntamiento de Chaca”, enfatizan desde Cambiar Sabiñanigo.
Concluyen afirmando que “a pesar de todo ello, y queriendo señalar que esta regulación, a pesar de sus deficiencias, constituye un potente instrumento de racionalización, Cambiar Sabiñánigo acordó optar por la abstención en la votación del Pleno, ya que la aprobación de la modificación del PGOU permite prorrogar un año más la moratoria para estos grandes proyectos, disponer de ese período para intentar mejorar la regulación y acordar las condiciones básicas que deba cumplir cualquier proyecto para ser calificado de interés general”.
