“Hay una calma amarga en las tierras del Bajo Martín y el Bajo Aragón. Entre las oliveras, los campos de cereal y el paisaje árido que rodea sus municipios, se está extendiendo un modelo industrial que huele a cerrado, pero sobre todo huele a purín”, afirma con preocupación la Plataforma de vecinos y vecinas de Valmuel contra las macrogranjas.
El colectivo vecinal denuncia la creciente presión de la ganadería industrial sobre el Bajo Martín y el Bajo Aragón, donde advierte de la amenaza que representan 25 nuevos proyectos de macrogranjas porcinas. Una expansión que, a su juicio, está convirtiendo amplias zonas del denominado Aragón vaciado en territorio de sacrificio al servicio de los intereses de grandes corporaciones agroindustriales internacionales.
La plataforma pone el foco en un modelo productivo que consideran incompatible con la protección del territorio, los recursos hídricos y el futuro de los pueblos. Los nuevos proyectos previstos afectan a Albalate del Arzobispo, Alcañiz —incluidas sus pedanías Valmuel y Puigmoreno—, Alloza, Andorra, Calanda, Castelnou, Híjar, Almochuel, Sástago y Escatrón.
“En Aragón tenemos un problema grave a día de hoy: los cerdos ya superan por millones a las personas, y la amenaza no deja de crecer”, advierten. La preocupación se centra especialmente en la acumulación de nitratos en unos suelos y recursos hídricos que, según denuncian, soportan ya una presión ambiental insostenible.
El 97% de la producción porcina se destina a mercados exteriores
La plataforma acompaña su denuncia con unas cifras que considera reveladoras del desequilibrio del modelo ganadero aragonés. En Aragón se producen 1.100.000 toneladas de carne de cerdo al año, mientras que el consumo interno apenas alcanza las 29.000 toneladas, aproximadamente el 3% de la producción.
Este desequilibrio evidencia que el territorio asume buena parte de los costes ambientales de una actividad cuyo negocio y producción se orientan fundamentalmente a mercados exteriores. “El 97% del purín que se vierte en nuestros campos ni nos pertenece ni lo hemos generado nosotros”, sostiene el colectivo, que resume la situación con una contundente denuncia: “Nos traen la basura que otros no quieren”.
La plataforma considera que esta implantación industrial responde a una estrategia de deslocalización de los impactos ambientales. Recuerda que países del norte y centro de Europa, como Alemania, Dinamarca o Países Bajos, comenzaron a endurecer sus legislaciones ambientales ante los problemas de contaminación de los acuíferos provocados por la acumulación de purines.
En lugar de modificar los modelos de producción y consumo, denuncia la vecinal de Valmuel, parte de esta actividad contaminante se desplaza hacia territorios periféricos europeos, entre ellos zonas de Aragón, del Estado español, de Rumanía o Hungría, caracterizadas por una menor densidad de población, una capacidad de presión política más limitada y una necesidad urgente de reactivación económica.
A esta dinámica se suma, según el colectivo, la creciente demanda de mercados internacionales como China, que apuesta por importar carne de cerdo y externalizar parte de los impactos ambientales de su producción. La plataforma señala el incremento de las importaciones chinas procedentes de países como Aragón, Brasil, Vietnam y el Estado español.
“Nos vendieron que este negocio traería riqueza, pero la realidad es que las granjas están en manos de grandes corporaciones extranjeras. El negocio y la carne se van fuera, los residuos y los nitratos se quedan aquí”, recalcan.
El biogás no elimina los residuos: cambia su nombre
La Plataforma vecinal de Valmuel también cuestiona el relato institucional y empresarial que presenta las plantas de biogás como una solución medioambiental a los excedentes de purines. A su juicio, estas instalaciones no resuelven el problema de fondo, sino que sirven para dar una apariencia de sostenibilidad a un modelo ganadero industrial que consideran insostenible.
En primer lugar, argumentan que Aragón ya dispone de un notable excedente de electricidad gracias a la producción eólica y solar, por lo que cuestionan la necesidad de impulsar nuevas instalaciones de generación energética en nuestro país mediante el tratamiento de purines.
También ponen en duda la eficiencia del proceso industrial, al considerar que los recursos empleados en el transporte y tratamiento de los residuos pueden equipararse a la energía limpia que finalmente se obtiene.
Pero su principal advertencia tiene que ver con el denominado efecto llamada. Según explican, la cantidad de purines generada en el propio territorio no sería suficiente para garantizar la rentabilidad de estas instalaciones, por lo que las empresas podrían recurrir a transportar en camiones lodos de depuradoras y residuos industriales procedentes de otros puntos de Aragón.
De materializarse este escenario, advierten, el Bajo Aragón y el Bajo Martín podrían acabar recibiendo residuos de procedencias muy diversas, convirtiéndose de facto en el vertedero nacional de los desechos de otras zonas de Aragón.
Además, la plataforma recuerda que el proceso de digestión anaerobia no hace desaparecer los residuos tratados. De cada diez toneladas de purines que entran en una planta de biogás, aproximadamente nueve toneladas salen convertidas en residuo final, conocido como digestato o digerido.
Este material debe gestionarse posteriormente y, según denuncia el colectivo, su aplicación sobre los campos puede seguir contribuyendo a la acumulación de nitratos y metales pesados en los suelos.
“Esta inmensa cantidad de residuos no va a desaparecer por arte de magia”, advierten. “La planta de biogás no elimina el problema original, sino que simplemente le cambia el nombre”, subrayan.
El INAGA y el Gobierno de Aragón facilitan la expansión de las macrogranjas
La denuncia de la plataforma se dirige también contra las administraciones públicas aragonesas, a las que responsabiliza de “permitir y favorecer la expansión de este modelo industrial” en el territorio.
El colectivo señala directamente al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA), organismo cuya función debería ser garantizar la protección del medio ambiente, pero que, según critica, se ha convertido en “una mera oficina de tramitación que concede autorizaciones en cadena para facilitar la implantación de nuevas explotaciones”.
Asimismo, acusan al Gobierno de Aragón de modificar la normativa para favorecer los intereses empresariales, rebajando las distancias obligatorias respecto a los ríos y entre explotaciones ganaderas. Unos cambios que, a juicio de la plataforma, eliminan obstáculos administrativos a la expansión de las macrogranjas a costa de la protección ambiental y de la población afectada.
“Lo que más duele es la impotencia de ver que quienes tendrían el poder y la obligación de defendernos eligen mirar hacia otro lado”, lamentan.
La plataforma enmarca esta situación en una estrategia de deslocalización de los impactos de la ganadería industrial que convierte a los territorios con menor densidad demográfica en zonas de sacrificio. Denuncia que se considera que estas comarcas tienen menor valor económico, ecológico o turístico y que, por ello, pueden asumir actividades contaminantes que otros territorios no están dispuestos a soportar. “Nos han relegado a ser el trastero donde otros descargan lo que ya no quieren en sus casas”, enfatizan.
“Repoblar no consiste en abarrotar el territorio de granjas intensivas”
Frente al discurso que presenta la implantación de macrogranjas como una oportunidad para el desarrollo rural y la creación de riqueza, la Plataforma vecinal de Valmuel plantea una reflexión sobre quién obtiene realmente los beneficios y quién soporta las consecuencias de este modelo productivo.
El colectivo cuestiona que estas instalaciones puedan considerarse una herramienta de revitalización de los pueblos cuando los beneficios económicos se concentran en grandes corporaciones y los impactos ambientales permanecen en el territorio. También rechaza que la necesidad de actividad económica y empleo en las comarcas rurales se utilice como argumento para justificar proyectos que comprometen sus recursos naturales y su futuro. “Si estas macrogranjas fuesen tan maravillosas, no las estarían expulsando de países como Alemania o Dinamarca”, sostienen.
La plataforma reivindica el valor de unos pueblos con historia, patrimonio y dignidad, y lamenta que puedan terminar convertidos en espacios de acumulación de residuos con la complicidad de las administraciones. Repoblar el Aragón vaciado “no consiste en abarrotar el territorio de granjas intensivas para que unos pocos hagan caja fuera”, subrayan.
Su mensaje final es una reivindicación del derecho de las comunidades rurales a decidir sobre su propio futuro y a no asumir los costes ambientales de un negocio del que apenas reciben beneficios: “Defender nuestro territorio es exigir dignidad y no aceptar vender nuestro futuro a cambio de toneladas de purín”, concluyen desde la vecinal de Valmuel.
