En el abril del año pasado publicábamos en AraInfo | Diario Libre d’Aragón que una macrogranja de porcino de Litera Meat en Alcañiz “con 25 granjas clónicas” supondría graves impactos ambientales, poco tiempo después, en junio, informábamos de la denuncia de Ecologistas en Acción sobre las “obras ilegales del Grupo Pini” en su macrogranja de Alcañiz.
Ya en noviembre, el medio público alemán Bayerischer Rundfunk (ARD) puso el foco en Aragón como principal país productor de porcino industrial del sur de Europa. El interés periodístico no era casual: un macroproyecto de hasta 25 explotaciones porcinas clónicas promovido por el grupo multinacional italiano Pini, a través de su filial Litera Meat SL, amenaza con extenderse por el Bajo Aragón y zonas limítrofes de la Comarca Central. Una de las primeras paradas del plan está en Valmuel, pedanía de Alcañiz, donde dos macrogranjas ya se encuentran en tramitación administrativa.
Las publicaciones de AraInfo junto al reportaje del medio alemán, que recogía testimonios vecinales y denunciaba obras presuntamente ilegales, actuó como un detonante. Varias vecinas comenzaron a organizarse para compartir información y expresar su preocupación por un modelo productivo que consideran “incompatible con la vida del pueblo, la agricultura y el entorno natural”.
Un Ayuntamiento que “no pone impedimentos” si el proyecto es legal
El 26 de noviembre, Valmuel acogió un Consejo Territorial, órgano en el que representantes del Ayuntamiento de Alcañiz se reúnen con el vecindario. El asunto central fue la posible instalación de las dos macrogranjas. La respuesta municipal, según relatan las vecinas, fue clara y a la vez desalentadora: escasa información y una posición reducida a comprobar si los proyectos cumplen o no la legalidad, sin valorar otros impactos sociales, ambientales o económicos.
Ahora, la tramitación está en manos del INAGA (dependiente del Gobierno de Aragón), mientras que la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) debe autorizar el cambio de uso del agua, y posteriormente, la Comunidad de Regantes de Valmuel debería dar su visto bueno. El Ayuntamiento, por su parte, tendría que conceder licencias de obra y actividad. Ante la falta de respuesta institucional, el vecindario impulsó una recogida de firmas dirigida a todas estas administraciones para pedir la paralización de los proyectos. No hubo contestación.
El resultado, sin embargo, fue contundente: 121 firmas contra las macrogranjas. En un núcleo con 170 personas censadas, 115 residentes y 98 adultas, 65 firmas corresponden a primeras residencias en Valmuel y el resto a personas con vinculación directa. Un rechazo social difícil de ignorar.
Los promotores, el Grupo Pini, “se anuncian como salvadores, como creadores de empleo, cuando de sobra es sabido que su impacto perjudica a la larga a las pequeñas explotaciones ganaderas familiares y el empleo que ofrece ha sido objeto de numerosos cuestionamientos y denuncias en relación a sus condiciones laborales y prácticas de empleo. Nuestro propósito no es otro que preservar el entorno de nuestro pueblo y la subsistencia de sus vecinos. Evitar la contaminación de la tierra y el agua por nitratos y purines, velar por un adecuado consumo de unos muy escasos recursos hídricos en la zona”, subrayan las vecinas.
Dos macrogranjas, un mismo proyecto
Los proyectos en cuestión —expedientes INAGA 500305/02/2024/01362 y 500305/02/2024/00396— contemplan dos explotaciones porcinas industriales del mayor tamaño posible, con 37.966 animales cada una, ocho naves y dos balsas de purines por granja. Cada balsa alcanzaría los 7.186,82 m³, el equivalente a tres piscinas olímpicas.
Las emisiones anuales por explotación incluyen 17.384 m³ de purines, 51,75 toneladas de nitrógeno, 16,6 toneladas de metano, 311 kg de óxido nitroso y 23,4 toneladas de amoníaco, además de un consumo de 432 MWh/año y 32.000 m³ de agua, equivalente al uso de 600 personas.
Ambas instalaciones se ubican en la zona de regadío hortofrutícola de Valmuel, a 1,5 km del pueblo y separadas solo por 1 km entre sí. Una de las balsas estaría a 47 metros del Regallo, que confluye directamente con el Ebro, en el conocido como estrecho del Regallo, una zona con riesgo habitual de inundaciones. Cualquier filtración o desbordamiento acabaría, advierten las vecinas y vecinos, en el cauce fluvial, con consecuencias graves para el ecosistema, la agricultura aguas abajo y la salud pública.
Alegaciones técnicas: fraude de ley, agua, distancias y biodiversidad
Las alegaciones presentadas por Stop Ganadería Industrial (SGI) refuerzan estas preocupaciones con un análisis técnico demoledor. Entre los puntos más graves la entidad destaca discrepancias en la figura del promotor: los expedientes se inician por Rual Graco SL y Gravador Explotaciones Porcinas SL, pero la documentación identifica como promotora real a Litera Meat SLU, filial del grupo Pini, sin justificación administrativa clara. También el fraccionamiento de proyectos. SGI denuncia un intento de fraude de ley para superar los límites de capacidad fijados por la normativa aragonesa, presentando dos proyectos idénticos, separados por un día y a menos de un kilómetro, que deberían considerarse una sola macroinstalación de 1.726,8 UGM, equivalente a casi 15.000 cerdos de cebo.
Asimismo, Stop Ganadería Industrial alega incumplimiento de distancias mínimas, ya que mediciones independientes sitúan las explotaciones a menos de 1.000 metros, por debajo del mínimo legal para granjas de tercera categoría. Consumo de agua contradictorio y sin concesión acreditada, con cifras dispares y ausencia de autorización de la CHE, subrayan desde SGI, además de riesgo para el cernícalo primilla (Falco naumanni) y otras aves esteparias, al ubicarse en zonas de protección ambiental.
Entre las alegaciones de SGI, destaca también “la gestión de purines poco rigurosa, con distancias reales de transporte muy superiores a las declaradas, lo que dispararía la huella de carbono”, y la “falta de sistemas de detección de fugas en balsas de enorme capacidad”.
Un modelo que se expande: Aragón tierra de sacrificio
Las dos macrogranjas de Valmuel no son un caso aislado. Forman parte de un macroproyecto de hasta 25 granjas clónicas repartidas por Andorra, Calanda, Alloza, Albalate, Castelnou, Híjar, el propio Valmuel, y también Sástago y Almochuel. Veinticuatro se proyectan sobre zonas de protección de aves y dos en Red Natura 2000.
Las vecinas y vecinos denuncian que “se está dando poca publicidad” a estos planes y que en muchos pueblos “la población no es consciente de lo que se tramita”. “Sabemos que han empezado por las dos de Valmuel y no sabemos cómo van el resto”, explican. La sensación es clara: divide y vencerás.
“Legal no es suficiente”
Este mes de enero, la portavoz de IU en el pleno de Alcañiz trasladó formalmente la preocupación vecinal. La respuesta del alcalde volvió a remitirse a la legalidad. Pero para el vecindario, la ley no es neutra, y recuerdan que el Gobierno de Aragón modificó en 2025 la legislación sobre ganadería familiar, eliminando límites que antes habrían impedido proyectos como estos. “Respetar la legalidad no basta cuando la legislación se cambia para beneficiar al negocio porcino”, sostienen.
El manifiesto vecinal lo resume con una frase que ya es un lema en la redolada: “Para ellos la plusvalía y para nosotros la porquería”. Frente a un modelo de bajo valor añadido, dependiente de multinacionales y con impactos duraderos sobre el agua, el suelo y la salud, Valmuel reivindica otro futuro posible para Aragón: uno que no convierta el territorio en zona de sacrificio.
“Solo unidos los pueblos podremos parar a la multinacional Pini y proteger nuestro territorio”, concluyen. Y piden algo tan básico como democrático: ser escuchados antes de que sea irreversible.
