El Gobierno municipal PP-Cs aprobó el pasado jueves, 9 de febrero, la nueva ordenanza de limpieza viaria y gestión de residuos domésticos de Zaragoza, que entrará en vigor en marzo renovando la actual de 1986. La norma eleva las sanciones y amplía las obligaciones de la ciudadanía. Y para su cumplimiento, se aumentará la vigilancia como adelantó la concejala de Servicios Públicos, Natalia Chueca. Todo muy en la onda del Ayuntamiento de Jorge Azcón, que ve en el castigo la única solución a todos los males.
Dejando a un lado los aspectos positivos de la norma, que algunos tiene, en su Artículo 18 sobre "Reuniones, concentraciones y actos públicos" se ensaña con la organización de actividades sociales y culturales, poniendo aún más requisitos a los colectivos, asociaciones o entidades que se atrevan a organizar actos "con carácter multitudinario" en espacios públicos. Por poner tres ejemplos, la Semana Cultural de la Madalena, la Bajada del Canal o la Fiesta del Sol en el barrio de Torrero. Eventos populares con un amplio arraigo histórico y social que, desde que llegó Azcón al Consistorio en 2019, han tenido que esforzarse mucho para salir adelante recorriendo un laberinto plagado de trabas administrativas. La sensación generalizada es que "cada vez exigen más, que están solo para prohibir", como ya denunciaron diversas entidades vecinales hace casi un año.
Lo contradictorio del tema es que algunos de estos nuevos requisitos que se imponen no los ha cumplido hasta ahora el Gobierno de Azcón y Chueca. ¿O ya no nos acordamos de los pasados Pilares? Entonces, el Ayuntamiento "olvidó" instalar, en la gran mayoría de espacios festivos, urinarios portátiles para que la ciudadanía no tuviera que hacer pis en el bar más cercano, o en ausencia de ellos, en árboles y contenedores. Este "error" del Consistorio generó un olor pestilente que tardó semanas en desaparecer de la ciudad.
Con la nueva ordenanza, los colectivos, asociaciones o entidades que organicen actividades en parques o calles tendrán la obligación de instalar estos "aseos portátiles o sanitarios en cantidad suficiente". Algo que, a diferencia del Ayuntamiento, ya venían realizando por cierto. Pero además, ahora tendrán que disponer de "lavamanos de agua corriente con todos los consumibles". Esto supondrá un mayor desembolso para colectivos ya de por sí con escasos recursos económicos. Según los presupuestos consultados por AraInfo, para un evento como la Fiesta del Sol, de un día, el importe por el alquiler de cuatro baños portátiles, su instalación y recogida, asciende a 620 euros (sin IVA). A esto, habría que sumar otros 300 euros por los lavamanos. Estamos hablando de un gasto cercano a los 1.000 euros solo por este servicio. Por tanto, la medida del equipo Azcón-Chueca parece, de nuevo, más encaminada a dejar en manos de empresas privadas las actividades a desarrollar en espacios públicos.
Aumentan las sanciones
Aquí no acaba la cosa. Con la nueva norma, aumenta considerablemente su régimen sancionador en cuanto a las infracciones, que podrán ser castigadas con multas de 1.501 a 3.000 euros las "muy graves", de 751 a 1.500 euros las "graves" y de 50 a 750 euros las "leves". Hasta ahora, este tipo de infracciones tenían como multa máxima 250 euros y sólo en casos muy graves se alcanzaban los 750 euros. Además, el procedimiento administrativo podría convertirse en un trámite penal, "conocida la identidad del sujeto y hechos y fundamentos suficientes", apunta el Ayuntamiento. Esto sucedería, por ejemplo, en el caso de "quema de contenedores" y "actos vandálicos", pero también en la realización de grafitis en la vía pública.
Todo para una nueva ordenanza que también "criminaliza la pobreza" con multas de hasta 1.500 euros a las personas que buscan en la basura. Esto ha llevado a Zaragoza en Común, que ha anunciado que introducirá algunas enmiendas, a definirla de "poco eficaz, rayando el ridículo y con un claro componente de rechazo a las personas sin recursos", como denunció su candidata, Elena Tomás Bona: "Querer una Zaragoza limpia y salubre no puede convertirse en una persecución a quienes no tienen recursos, multar a quien se ve abocado a buscar en la basura no tiene más sentido que criminalizar la pobreza".
