Desde el pasado 27 de febrero de 2025, los equipos de investigación que habían comparecido en el expediente de responsabilidad patrimonial cuentan con la autorización de la propiedad de San Francisco 21 para acceder al solar y realizar las pruebas que estimen pertinentes.
El Ayuntamiento de Teruel, el 25 de marzo de 2025, requirió al resto de interesados en el expediente (Mapfre, Aguas de Valencia y el Consorcio de Compensación de Seguros) para que, en el plazo de diez días hábiles, concretaran las pruebas que deseaban llevar a cabo. A todos ellos se les otorgó el mismo plazo de 30 días para su ejecución, también a la propia comunidad de propietarios del edificio derrumbado.
"Para sorpresa de todos, Mapfre España Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. no ha propuesto prueba en el plazo de diez días hábiles", explica la plataforma en la nota de prensa remitida a AraInfo.
Explican que "la empresa concesionaria del servicio de abastecimiento y saneamiento de aguas de la ciudad, Aguas de Valencia, ha solicitado diez meses para practicar las pruebas que ha propuesto —y obtenido— un plazo de cuatro meses, o lo que es lo mismo 120 días naturales". Según apuntan los vecinos y las vecinas, "la ley señala un plazo máximo de treinta días hábiles y mínimo de diez días hábiles para practicar las pruebas propuestas y admitidas".
La indignación de los afectados y las afectadas es mayúscula, ante lo que entienden una manifiesta desigualdad en el procedimiento administrativo. "¿Cómo se explica que los vecinos con muchos menos recursos económicos y técnicos hayan sido capaces de realizar sus pruebas en tiempo y forma y una administración pública, una aseguradora multinacional o el propio Consorcio de Compensación de Seguros no sean capaces de realizarlas?", se preguntan.
Según fuentes que la plataforma considera fiables, esta actuación responde a "una estrategia de defensa dirigida a eludir cualquier tipo de responsabilidad, ahora que los vecinos han puesto de manifiesto que fue el agua procedente de las redes municipales la causa del hundimiento del edificio ‘Amantes’, en la calle San Francisco".
Los personas afectadas sienten que el equipo de gobierno del Ayuntamiento se burla de ellos, según explican en la nota remitida. Piensan que el equipo de gobierno municipal, que dirige Buj, "está manipulando los plazos en su beneficio" y que "esta actuación es profundamente injusta e inhumana".
