La investigación iniciada a finales de julio por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Calatayud para esclarecer las responsabilidades penales y civiles, es decir, criminales y económicas, que puedan derivarse del incendio que a finales de julio de este año arrasó 14.000 hectáreas de monte en Alhama de Aragón, Ateca, Bubierca, Castejón de las Armas, Cetina, Contamina, Embid de Ariza, Moros, Terrer, Villalengua y Villarroya de la Sierra, y que provocó el desalojo de casi 2.000 vecinos y vecinas de varios de esos pueblos, será larga por varios motivos.
Uno de ellos es la complejidad técnica del caso, siempre susceptible de enrevesarse un poco más a base de informes periciales, y otra la escasa predisposición de partida a asumir cualquier tipo de responsabilidad por parte de los actores que de una u otra manera tuvieron relación con el comienzo del incendio.
Los empleados de Campos Rey, la empresa de Exeya que ejecutaba la plantación de pinos en julio y en plena ola de calor, unos trabajos con excavadora que hicieron saltar la primera chispa que desencadenó la catástrofe, dicen que seguían órdenes de quién les contrató, mientras que los responsables de la parte contratante, la empresa Land Life, sostienen que esa misma mañana ya habían avisado a los trabajadores de que debían extremar las precauciones.
“Hemos abierto una investigación para esclarecer lo sucedido”, señalaba Land Life en el comunicado difundido el 24 de julio, el mismo que comenzaba explicando que “el 18 de julio se originó un incendio forestal en uno de nuestros proyectos de reforestación en Ateca” y que este “se produjo cuando un contratista trabajaba con una excavadora retroaraña para preparar el terreno para poder plantar árboles durante el invierno”. ¿Habría mucho más que investigar tras una conclusión tan tajante?
Las tácticas defensivas, cuyo objetivo principal consiste en evitar las penas a quienes finalmente se sienten en el banquillo, pero también en impedir que esas eventuales condenas puedan acarrear para esas personas (físicas o jurídicas) la obligación de asumir el pago de los cuantiosos daños económicos provocados por el fuego, parecen tendentes a la dilución de las eventuales responsabilidades, a cargarle a otro el mochuelo y a agarrarse a la ausencia de intención.
Todo eso, sin descartar que en ese juego pueda acabar entrando un Gobierno de Aragón que no está encartada, un dato tan cierto como que en esas fechas nunca llegó a prohibir que en los montes se desarrollaran actividades con riesgo de incendio en las horas de mayor calor, algo que sí hicieron la Generalitat catalana, la valenciana y la Junta de Castilla y León.
La DGA, que llegó a presentar una denuncia en Fiscalía cuando el juzgado ya estaba investigando el incendio, considera que cumplió sus cometidos de vigilancia con un email de advertencia sobre la necesidad de extremar las precauciones enviado a la empresa casi un mes antes del siniestro y, también, al día siguiente de que se registrara en una plantación promovida por Land Life un primer fuego de menores proporciones (veinte hectáreas) en la misma zona.
¿Qué es Land Life Company?
Land Life Company Iberia es, básicamente, una empresa de doce empleados con sede social en Madrid y comercial en Burgos dedicada a la silvicultura y cuyo capital social se reduce a 3.000 euros, según consta en el Registro Mercantil, donde fue inscrita hace apenas dos años, en noviembre de 2020, y que desde finales de octubre tiene como apoderado a Francisco Purroy Balda, su director en el Estado español.
Esa envergadura económica genera algunas incógnitas acerca de su potencial para hacer frente a eventuales responsabilidades pecuniarias derivadas del incendio, ya sea por la vía penal o por otras.
En la práctica, Land Life Company Iberia es la filial del Estado español de una empresa holandesa del mismo nombre, salvo la referencia geográfica, fundada en 2013 y que desde 2018 tiene una réplica, o una filial, registrada en el paraíso fiscal de Delaware (EEUU) aunque con sede en California, según desveló una investigación de Redd Monitor, una web especializada en asuntos ambientales.
La empresa fue fundada por Jurriaan Ruys y Eduard Zanen. El primero de ellos trabajó el grueso de su carrera para las petroleras Eneco y Shell, donde coincidió con el actual director financiero, Tjeerd Anema, uno de los dos administradores de la filial del Estado español. El segundo había sido el fundador de la firma de coches de bebé Bugaboo.
¿A qué se dedica la empresa?
Land Life, que levantó 9,5 millones de euros en sendas rondas de financiación desarrolladas en 2018 y 2020, tiene el eje de su negocio en la plantación de árboles para compensar emisiones de carbono, un servicio por el que cobra entre 15 y 25 euros por cada tonelada de CO2 equivalente y que consiste en plantar los vegetales y calcular cuánto CO2 absorben para vender esa capacidad de absorción a empresas contaminantes que, de esta manera, siguen contaminando con sus sistemas productivos.
Ese es el negocio que desarrolla en los montes de Aragón, y también en los de Castilla y León, donde lleva cuatro años operando y con cuyo gobierno ha contratado plantaciones, Cantabria y Asturies. La empresa asegura en su web asegura que ha reforestado 1.750 hectáreas de monte que “suponen la captación estimada de 400.000 toneladas de dióxido de carbono a lo largo de varias décadas”, algo que, a los precios que maneja, comportaría unos ingresos de entre seis y diez millones de euros al año.
Entre sus clientes se encuentran grandes emporios como las petroleras Repsol, Lundim y Shell, además de otras cuyo negocio se basa, directa o indirectamente, en el transporte de personas o de mercancías, que sigue siendo uno de los sectores que mayor volumen de gases de efecto invernadero producen como consecuencia de la quema de combustibles fósiles que generan.
En este grupo se encuentran el gigante de los alojamientos turísticos Booking, la red de pueblos vacacionales Landal Greenparks, la empresa de alquiler de coches Lease Plan o la plataforma de venta por internet Zalando, a los que se añaden la firma de calderas de calefacción Nefit Bosch y un consumidor de madera en volúmenes industriales como el fabricante de palés Faber Halbertsma. Cierran la lista el banco ABN Amro y el fondo de inversiones Nordian.
¿Ha trabajado Land Life con la DGA?
La respuesta a esta última pregunta no está nada clara. De hecho, hay afirmaciones contradictorias desde el Gobierno de Aragón, ya que mientras el perfil de medio ambiente de Podemos en Twitter reseñaba el 25 de febrero del año pasado, en un tweet ya eliminado, “la plantación de 150.000 árboles para #sumideroCO2 del convenio entre @GobAragon, Ayuntamiento de Grisel y @LandLifeCompany”, el consejero de Agricultura, Joaquín Olona, aseguraba en su respuesta a una pregunta parlamentaria de IU que “no existe ninguna relación entre el Gobierno de Aragón y la empresa Land Life”.
Las dos afirmaciones, obviamente, no casan, por mucho que la contestación de Olona fuera un tajante “ninguna” cuando era cuestionado acerca de “¿Qué relación mantiene el Gobierno de Aragón con la empresa Land Life? ¿Ha mantenido algún encuentro para establecer algún tipo de colaboración, convenio o contratación de servicios forestales?”
“Este consejero no ha mantenido encuentro alguno para establecer ninguna clase de colaboración, convenio ni contratación de servicios forestales, ni de ninguna otra naturaleza. Tampoco ha ordenado, ni ha autorizado a hacerlo, a ningún órgano administrativo sobre el que ejerce su competencia, ni tiene constancia de que se haya hecho”, añadía, mientras la propia empresa afirma en su web que “con la ayuda del Gobierno de Aragón, estamos llevando a cabo repoblaciones forestales para contribuir a la restauración” del monte en Grisel y en Miedes.
El consejero explica en esa respuesta, en la que apela al email del 21 de junio cuando el diputado Álvaro Sanz se interesa por saber si “se le había hecho alguna advertencia de control extraordinario a Land Life Company tras el precedente del incendio provocado el pasado mes en la zona”, que los trabajos forestales en los que comenzó el fuego de Ateca “no requieren de ninguna autorización administrativa expresa, más allá de quedar sometidas a las exigencias y condiciones” de la normativa general sobre ese riesgo.
También señala que la DGA no tenía por qué investigar el incendio ya que en este caso, y “más allá de las tareas de investigación sobre las causas del incendio que corresponde llevar a cabo a la Administración Forestal, no procede apertura de expediente administrativo propiamente dicho respecto de una actuación que no está sujeta a autorización administrativa alguna”.
