Las vecinas y vecinos del barrio de Valdespartera de la capital del país se concentraron nuevamente durante la tarde de este pasado martes con pancartas, chiflos, carteles y visiblemente contrariadas.
Solicitan que no se construyan las dos gasolineras proyectadas en este barrio al considerar que son “un riesgo para la salud, al estar cerca de un centro escolar y un parque infantil”, y recordaban que recientemente, ya se paralizaron por mandato judicial los trabajos de la gasolinera que pretende ubicarse en la glorieta de La Sabina, asimismo, reclaman al Ayuntamiento de Zaragoza “que tiene la última palabra” que “se anulen definitivamente”.
Lorena Gregorio, de la Asociación Vecinal Montes de Valdespartera, recalcaba que "es intolerable el proyecto de ambas instalaciones. Es el Ayuntamiento de Zaragoza el que tiene la última palabra. Sabemos que hay una legalidad, pero tienen que legislar para que esto no suceda. Nuestro barrio es medioambientalmente sostenible, no solo urbanísticamente, también en movilidad y esto es intolerable", enfatizaba.
“Un barrio no puede planificarse de espaldas a quienes viven en él”
CHA ha mostrado su apoyo a las reivindicaciones vecinales de Valdespartera contra la instalación de dos nuevas gasolineras y reclama al Ayuntamiento de Zaragoza “que estudie todas las posibilidades para reconsiderar estos proyectos”.
Desde la formación aragonesista recuerdan que “la oposición vecinal se ha traducido ya en movilizaciones y acciones judiciales, y un juzgado ha acordado la paralización de las obras de una de las estaciones de servicio. Los vecinos alertan especialmente de su proximidad a viviendas, zonas infantiles y recorridos escolares”.
Asimismo, el presidente de CHA-Zaragoza, Chuaquín Bernal, considera que “el Ayuntamiento no puede limitarse a decir que las licencias cumplen la normativa. Un barrio no puede planificarse de espaldas a quienes viven en él, especialmente cuando hablamos de instalaciones junto a viviendas y espacios utilizados diariamente por niños y niñas”.
Por su parte, el coordinador del Sector Zaragoza Suroeste de CHA, Diego Rodríguez Aragonés, ha señalado que “Valdespartera lleva años reclamando equipamientos y mejores servicios públicos. Lo que necesita el barrio es que su crecimiento venga acompañado de las dotaciones que todavía faltan, no decisiones que generan un rechazo tan amplio entre sus vecinos y vecinas”.
Por todo ello, CHA reclama al gobierno municipal “diálogo con las entidades vecinales y educativas” y que analice “las alternativas urbanísticas y jurídicas existentes”. “Desarrollar Zaragoza no consiste únicamente en ocupar solares. Consiste en construir barrios donde merezca la pena vivir y donde la ciudadanía tenga voz sobre su futuro”, ha concluido Bernal.
Chueca “antepone el negocio a la seguridad de los barrios”
El grupo municipal de Zaragoza en Común ha presentado una moción “para suspender cautelarmente las tres licencias concedidas en Valdespartera y Picarral, modificar el PGOU y establecer distancias mínimas respecto a viviendas, colegios, parques y equipamientos”.
Llevará al Pleno municipal la moción para reclamar al gobierno de Natalia Chueca “que actúe de manera inmediata ante la instalación de tres gasolineras desatendidas o low cost en entornos residenciales de Valdespartera y Picarral”.
ZeC considera “especialmente preocupante” que la Gerencia municipal de Urbanismo haya concedido estas tres licencias con los votos favorables de PP y Vox “pese al rechazo expresado por las asociaciones vecinales de los barrios afectados y a los riesgos que este tipo de instalaciones pueden generar en zonas residenciales consolidadas”.
Las dos gasolineras proyectadas en Valdespartera, en la calle Viridiana y en la calle Manhattan, se encuentran además próximas a centros educativos como el CPI San Jorge y el CPI Soledad Puértolas, así como a parques infantiles y zonas verdes. A ello se suma la instalación prevista en el Picarral.
“No estamos hablando de una gasolinera aislada, sino de tres instalaciones que el gobierno de Chueca ha permitido colocar en medio de barrios residenciales, cerca de colegios, parques y viviendas”, ha señalado el concejal de Zaragoza en Común, Suso Domínguez, que además subraya que “el Ayuntamiento tiene competencias y herramientas para proteger a sus vecinos y, sin embargo, ha decidido mirar hacia otro lado”.
ZEC recuerda que las propias resoluciones municipales reconocen que se trata de actividades clasificadas por sus potenciales afecciones, entre ellas ruidos y vibraciones, olores y humos, contaminación derivada de hidrocarburos y residuos peligrosos, almacenamiento de combustibles y riesgo de explosión.
Además, la ausencia de personal en este tipo de estaciones de servicio supone, a juicio de Zaragoza en Común, un elemento añadido de preocupación. “No tiene sentido que en una instalación donde se manipulan productos altamente inflamables no haya personal cualificado para responder ante una incidencia, un derrame o una emergencia”, explica Domínguez. “La seguridad de los vecinos y de las personas usuarias no puede quedar subordinada a abaratar costes”.
El concejal también ha puesto el foco en los problemas de movilidad que pueden generar estas instalaciones, especialmente en Valdespartera, donde la circulación de vehículos y la entrada y salida de camiones cisterna se producirían en calles estrechas y próximas a entornos escolares.
Asimismo, Zaragoza en Común considera “especialmente grave” la tramitación de estas licencias y la falta de información y participación de las personas afectadas. El grupo municipal denuncia que “los vecinos han tenido dificultades para acceder a los expedientes” y que no se habría garantizado adecuadamente su derecho a formular alegaciones y participar en el procedimiento.
De hecho, recuerdan, el Juzgado de lo contencioso-administrativo número 3 de Zaragoza ha estimado medidas cautelares que han supuesto la suspensión de la ejecución del acuerdo y la paralización de las obras de la gasolinera de la calle Viridiana.
“Es muy grave que los vecinos hayan tenido que acudir a los tribunales para conseguir algo que debería haber garantizado el propio Ayuntamiento: que sus derechos fueran respetados y que pudieran conocer y participar en un procedimiento que afecta directamente a su barrio”, ha denunciado Domínguez.
Para ZEC, el problema evidencia la necesidad de cambiar la normativa urbanística para evitar que puedan instalarse estaciones de servicio de estas características junto a viviendas y equipamientos sensibles. Esta modificación ha sido llevada a cabo en otras ciudades.
Por ello, la moción de Zaragoza en Común plantea tres medidas concretas: “modificar de forma inmediata el PGOU, para establecer distancias mínimas entre las gasolineras y edificios residenciales, centros educativos, sanitarios, dotacionales y otros equipamientos, incluyendo parques infantiles y zonas verdes”, además “una revisión de oficio de los expedientes y que se acuerde suspender cautelarmente las tres licencias concedidas en Valdespartera y Picarral”, y finalmente instar “a las administraciones competentes a regular las gasolineras desatendidas, estableciendo la obligatoriedad de contar con personal cualificado durante su horario de apertura, además de requisitos específicos de seguridad, accesibilidad y atención al público”.
“Lo que estamos pidiendo es muy sencillo: que el Ayuntamiento de Zaragoza deje de gobernar de espaldas a los barrios y utilice sus competencias para proteger a la ciudadanía”, reitera Suso Domínguez, y añade que “no se puede poner por delante el negocio de unos pocos cuando están en juego la seguridad, la salud y la calidad de vida de miles de vecinos y vecinas”.
Zaragoza en Común concluye defendiendo que la capital de Aragón “necesita un urbanismo que priorice a las personas y no permita que determinados usos industriales o potencialmente contaminantes se instalen sin garantías junto a viviendas, colegios y espacios de convivencia”.
