Noventa años después del golpe de Estado del 18 de julio de 1936, la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de Aragón (ARMHA) sostiene que "la democracia española mantiene una deuda pendiente con las víctimas del franquismo". Así lo defiende su presidente, Enrique Gómez, en un conversación con AraInfo con motivo de esta efeméride.
Gómez lamenta que otro 18 de julio llegue "con los deberes sin hacer" y considera que las instituciones no han garantizado plenamente los derechos de quienes sufrieron la represión franquista ni de sus familias. A su juicio, las políticas memorialistas desarrolladas hasta ahora no han abordado el fondo del problema. "Noventa años después y la injusticia sigue", remarca.
Una deuda pendiente con las víctimas
El presidente de ARMHA sostiene que las víctimas de la dictadura “deberían haber sido resarcidas” y cuestiona que las políticas públicas de memoria se hayan limitado, en muchos casos, a actuaciones que califica como “políticas de fuegos artificiales”, al considerar que, pese a su posible valor simbólico, “no abordan el fondo del problema”.
A su juicio, un Estado democrático tiene la obligación de afrontar de manera decidida las consecuencias de un periodo “tan traumático” de la historia reciente y garantizar los derechos de quienes todavía siguen buscando a sus familiares desaparecidos.
“No es de recibo que los y las ciudadanas sigan teniendo que acudir a asociaciones de voluntarios para tener noticias de sus familiares desaparecidos”, afirma. Del mismo modo, considera incoherente que el Estado participe en misiones internacionales de exhumación mientras “miles de nuestros ciudadanos” permanecen todavía en fosas comunes y cunetas sin identificar.
Críticas al revisionismo y a la derogación de leyes memorialistas
El presidente de ARMHA dedica una parte importante de su reflexión a analizar la respuesta institucional que, a su juicio, ha recibido la memoria democrática desde la recuperación de la democracia.
En este sentido, sostiene que “tampoco es realmente un partido democrático el que cuestiona la españolidad de los nietos de los exiliados y blanquea el franquismo derogando las leyes que sus víctimas y sus familiares han conseguido con tanto esfuerzo”, en referencia al Partido Popular y a Vox..
Asimismo, afirma que durante la Transición “esta democracia había negociado, para llegar a serlo, poniendo en un platillo de la balanza a los asesinados y perseguidos del franquismo anulando sus derechos”, una decisión que, en su opinión, continúa condicionando la calidad democrática del Estado.
Gómez considera que sigue existiendo una deuda pendiente con quienes fueron asesinados o perseguidos por defender la legalidad republicana y reclama un reconocimiento explícito para “los que recibieron un tiro en la nuca por sus ideas políticas en el contexto de una democracia atacada”.
“Los nietos de los perpetradores”
El presidente de ARMHA denuncia también la persistencia de discursos que reivindican el franquismo o relativizan la represión. “Los nietos de los perpetradores ya se han manifestado como admiradores de sus parientes asesinos”, escribe Gómez, quien sostiene que la democracia española “sigue sin cerrar las heridas familiares y sociales que pudren el origen de una democracia tutelada”.
A continuación, rechaza cualquier intento de reinterpretar el origen de la Guerra Civil y recuerda que los hechos de julio de 1936 fueron consecuencia de un golpe militar contra un gobierno democrático.
“No tenemos miedo a la historia, ni queremos reescribirla”, afirma. Sin embargo, añade que quienes niegan que la tragedia comenzada los días 17 y 18 de julio de 1936 fue provocada por “un golpe de Estado” protagonizado por militares que “traicionaban a las instituciones que juraron defender”, están negando “una evidencia histórica consensuada por la comunidad académica internacional”.
“Estos son hechos, no opiniones”
Enrique Gómez contrapone también el trato recibido por las víctimas de uno y otro lado tras la guerra. Recuerda que el franquismo benefició durante cuatro décadas “a los parientes de sus muertos y mutilados de guerra con honores, prebendas y dignificaciones”, mientras que, cuando la democracia ha tratado de reconocer a las víctimas de la dictadura, “la derecha de este país se ha posicionado frontalmente en contra”.
“Estos son hechos, no opiniones”, subraya. Para el presidente de ARMHA, la obligación de un Estado democrático pasa por proteger las libertades individuales y garantizar el acceso a la justicia. Sin embargo, denuncia que “miles de españoles han visto negado su derecho a la Justicia y, posteriormente, hasta su dignificación, negándoles incluso un entierro digno y familiar”.
"La ciudadanía responde donde falla el Estado"
Con motivo del 90 aniversario del golpe de Estado, ARMHA reitera su compromiso con la defensa de la memoria democrática y anuncia que seguirá trabajando “por la verdad, la justicia y la reparación” y por las garantías de no repetición.
“Donde falla el Estado la ciudadanía responde, es lo democrático”, afirma Gómez, quien reivindica el papel desempeñado durante décadas por el movimiento memorialista.
El presidente de ARMHA concluye asegurando que la asociación mantendrá ese compromiso “le pese a unos cuantos o les moleste a otros”, porque, noventa años después del golpe de Estado de 1936, “nosotros no olvidamos, pues la injusticia sigue vigente, por desgracia, tantos años después”.
Especial | 1936-2026: 90 años del golpe de Estado y la Revolución Social.
