Se cierra el año 2020, y si hablamos de vivienda en la ciudad de Zaragoza, podemos hablar del año en que los socios de gobierno –PP y Ciudadanos -, con el imprescindible apoyo de Vox, declararon la guerra a toda política de vivienda municipal que suponga un avance en el carácter social, inclusivo, garantista, dinámico y modernizador de la misma, y que desde la Coordinadora de Vivienda de Aragón consideramos debe tener.
Comenzó el año con la eliminación de los programas de mediación de la Oficina Municipal de Vivienda, un servicio que prestaba el Ayuntamiento de Zaragoza en los casos donde había riesgo de desahucio por impago de alquiler, por deuda hipotecaria o en otras situaciones como ocupación o precario. Este servicio realizaba entre 200 y 400 mediaciones cada año, y desde el 1 de enero de este año pasó a gestionarse por la Dirección General de Vivienda del Gobierno de Aragón, con un carácter mucho más restrictivo y sin que tenga, ni de lejos, un alcance parecido al ya implantado servicio municipal, por una total ausencia de voluntad política del gobierno aragonés.
Posteriormente, y tras la pandemia, hemos asistido a una batería de ataques a la vivienda municipal, comenzando por la subida encubierta del precio del alquiler de las viviendas municipales. El nuevo gerente de la sociedad municipal Zaragoza Vivienda, José María Ruiz de Temiño, desde el principio ha dejado claro el desdén, la soberbia y su clara voluntad de desmantelar el parque público de vivienda social municipal.
En el mes de noviembre, las plataformas vecinales y de vivienda detectamos la apertura de procedimientos a familias residentes en vivienda municipal, así como algunos con fecha señalada de desahucio. A la par, se anunciaba la subida de precios prevista para nuevos contratos y renovaciones, que se hacía de la peor forma posible y por la puerta de atrás: dejando de incluir la cuota de mantenimiento en los mismos (el equivalente a los gastos de comunidad). Si unimos la subida de precios a la promoción de desahucios primando motivos económicos frente a los sociales (y, en esta época, también sanitarios) podemos imaginar el desenlace.
Otro reciente ataque ha sido la decisión de suprimir el programa Alegra tu vivienda, que supuso la captación de 400 pisos de particulares, movilizando vivienda vacía con garantías para los propietarios, y que constituye el 20% del parque de vivienda municipal actual. Ante ello, solo se conoce el nombre de un nuevo programa (ALZA) del que aun nada se sabe. Resulta muy difícil entender, salvo por la clara voluntad de desmantelar la vivienda social municipal, cómo el gobierno se deshace de un programa que cumplía un buen papel y aportaba soluciones.
No acaba aquí la larga lista de la ofensiva trifachita a la vivienda municipal, que desgraciadamente pensamos que no ha hecho sino empezar. La desfachatez de nuestro alcalde Jorge Azcón no entiende de límites, siendo capaz de posar para la foto en los nuevos pisos de Imprenta Blasco, en los que nada ha hecho, y no desaprovechar para cumplir su función de vil mayordomo del patrón, para desmantelar el proyecto diseñado para Pontoneros, y de ser un equipamiento público concederlo a manos privadas para una residencia privada de estudiantes.
Tras este año 2020, desde la Coordinadora de Vivienda vemos como se está avanzando hacia un modelo de gestión privado de la política de vivienda municipal, primando los intereses económicos, el eterno amiguismo de la burguesía zaragozana, la cultura del pelotazo, el desentendimiento de los problemas de las capas populares de nuestra ciudad en relación a la vivienda, y todo ello en estos tiempos de crisis social y económica a causa de una pandemia.
No obstante, desde los movimientos vecinales y en defensa del derecho a la vivienda digna no vamos a torcer el brazo. Las administraciones han de orientar su acción a garantizar el acceso a una vivienda, y esta garantía ha de alcanzar a todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestra ciudad. Tenemos claro que el derecho a una vivienda digna es un derecho recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y como tal hay que defenderlo. Toda administración que con su acción u omisión lo incumpla, nos va a tener enfrente.
