Todos los centros educativos de Aragón financiados con fondos públicos tienen a su disposición la plataforma Aeducar, adaptada de Moodle, el sistema de gestión de aprendizaje más utilizado en el mundo. La herramienta creada por el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón en 2020 destaca por el cumplimiento de la protección de datos y su adaptabilidad educativa.
Sin embargo, y pese a las advertencias de la Agencia de Protección de Datos (AEPD), la mayoría de los centros optan por las herramientas Google Workspace for Education, entre las que se encuentra Google Classroom. Con estos productos la multinacional tecnológica busca únicamente monitorizar y fidelizar futuros clientes de sus servicios. Por este lucrativo negocio de extraer datos para el perfilado publicitario o mejorar sus productos, Google acumula un largo historial de multas y sanciones, tanto estatales como internacionales.
Aeducar nace en 2020 como respuesta a la necesidad, en tiempos de pandemia, de proporcionar un entorno de aprendizaje digital seguro y adaptable a cualquier nivel educativo. Diseñada por docentes aragonesas para garantizar su facilidad de uso, está operativa desde el curso 2020-21, ofreciendo formación continua para todos los profesionales interesados. Esta herramienta está basada en Moodle, plataforma de gestión de aprendizaje de código abierto creada por el pedagogo Martin Dougiamas en 2002.
Argumentos para usar Aeducar
Hay muchos argumentos para usar Aeducar en centros educativos, pero los tres principales son, primero, su adaptabilidad y flexibilidad educativa: es una plataforma de aprendizaje sumamente flexible que se adapta a distintos modelos pedagógicos, ya que permite personalizar tanto su diseño modular como las actividades, roles y metodologías. Esto facilita su uso en educación escolar, universitaria o en formación profesional.
Segundo, recursos educativos internos y externos: además de incluir foros, cuestionarios o talleres, se integra fácilmente con herramientas externas como H5P o repositorios digitales. Esta capacidad amplía la variedad de recursos interactivos disponibles y hace que el aprendizaje sea más dinámico y atractivo.
Y, tercero, privacidad y control de datos: al ser de código abierto, permite a las instituciones alojar y gestionar sus propios datos, garantizando seguridad, cumplimiento normativo y mayor control sobre la información sensible de docentes y estudiantes.
Sanciones al negocio de datos de Google
Desde comienzos del siglo XXI el modelo de negocio de Google ha sido la recopilación de datos de usuarios para crear perfiles, que permitan vender publicidad personalizada con alta precisión a los anunciantes. Así, no sorprende el esfuerzo realizado para introducir sus herramientas en centros educativos y fidelizar usuarios desde jóvenes a sus distintos servicios. Por todo ello, tampoco extraña la multitud de sanciones, problemas y comportamientos poco éticos sobre protección de datos que ha protagonizado tanto en el Estado español como en Aragón o fuera de nuestras fronteras.
La Agencia de Protección de Datos (AEPD) ha alertado en varias ocasiones sobre la no idoneidad de utilizar sus herramientas educativas. La más clara y taxativa fue durante 2023 en la consulta jurídica sobre la adecuación a la normativa de protección de datos para implementar en las aulas de Ceuta y Melilla la herramienta Workspace for Education. La conclusión final del resumen no dejó lugar a duda: “Se informa desfavorablemente la firma del Convenio”. En otras razones, la AEPD argumentó la falta de proporcionalidad y minimización en el tratamiento de datos personales, especialmente de menores. Tras el informe negativo, el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes decidió no firmar con Google.
También se han documentado sanciones por distintos motivos en los acuerdos de centros educativos con las herramientas de Google. En Canarias la AEPD sancionó a la Consejería de Educación por no incluir una evaluación de impacto en su convenio con Google (resolución). En este mismo territorio también multó con 8.000 euros a un colegio por no informar a los padres del tratamiento de datos que hace Google por la utilización del Chromebook (resolución). Y en Madrid por crear una cuenta de correo electrónico a una menor sin el consentimiento de sus padres ni medidas de seguridad adecuadas, sancionó a un colegio por la cuenta vinculada a la plataforma Google Workspace for Education (resolución).
Pero no solo ha habido avisos por parte de la entidad estatal, cabe destacar el apercebimiento de la Agencia Vasca de Protección de Datos (AVPD) al Gobierno vasco por su acuerdo con Google que exponía los datos de 400.000 estudiantes. En su resolución, entre otras argumentaciones, la agencia apuntó un incumplimiento del principio de lealtad y transparencia, así como un inadecuado registro de las actividades de tratamiento.
Denuncias y multas internacionales
Fuera de Aragón, en otros países europeos también se ha alertado sobre el negocio de Google con sus herramientas educativas. La Agencia Danesa de Protección de Datos dictaminó en 2024 que la multinacional infringe la ley europea sobre privacidad en el uso que hace de los datos de los estudiantes. Tras analizar la información de 53 municipios, concluyó que las escuelas danesas compartían datos personales de estudiantes con Google sin base legal clara para fines distintos del servicio educativo (dictamen oficial). En Francia, el Ministerio de Educación vetó Google Workspace en las escuelas. La razón principal fue que estas herramientas no cumplían con la certificación SecNumCloud, que es un estándar de seguridad requerido por la Agencia Nacional Francesa de Ciberseguridad (ANSSI).
Los abusos de Google en Estados Unidos son más excesivos al no haber legislación tan garante como la europea. Este año un grupo de padres de California le acusaron de recopilar ilegalmente datos personales de estudiantes mediante sus herramientas educativas como Workspace for Education. Según la demanda, la multinacional convierte datos de millones de alumnos y alumnas en perfiles de estudiantes que utiliza para comercializar productos y servicios a las escuelas.
En 2020, el Fiscal General de Nuevo México, Héctor Balderas, denunció a Google por prácticas engañosas, recopilación ilegal de datos y explotación comercial no autorizada dentro del sistema educativo público de su estado. En su demanda alegó que Google recopiló grandes cantidades de datos personales sin consentimiento parental, incluyendo ubicación, historiales de búsqueda, videos vistos, listas de contactos, grabaciones de voz, contraseñas guardadas y más.
La avidez de Google para lucrarse con datos de menores es extensible a todos sus servicios, no sólo a los educativos. Por ejemplo, recientemente, ha acordado pagar 30 millones de dólares en Estados Unidos para resolver una demanda que alegaba que recolectó ilegalmente datos de menores que usaron YouTube. La denuncia acusaba a Google de recolectar información personal de niños y niñas menores de 13 años que veían videos en dicha plataforma. Lo grave de este hecho es que ya en 2019 había pagado un multa de 170 millones por recoger en esta misma plataforma información personal de los menores con fines publicitarios sin el consentimiento de su padres.
