Este lunes, se reiniciaba el juicio contra los catorce presos políticos saharauis detenidos durante el desalojo del campamento de “Gdeim Izik” y condenados a largas penas por un tribunal militar marroquí, que había sido aplazado el pasado lunes 26 de diciembre, debido a la ausencia de dos de los presos que debían ser juzgados.
El 16 de febrero de 2013, tras la celebración de un proceso no equitativo, los 24 acusados fueron condenados por un tribunal militar a durísimas penas. En el curso del proceso los jueces se negaron a escuchar a los testigos propuestos por la defensa, rechazaron la petición de que se realizaran exámenes médico-forenses a los procesados que alegaron haber sufrido torturas, y la sentencia ni siquiera menciona los nombres de las víctimas que supuestamente habrían sido asesinadas por los acusados.
En estas tres jornadas de reanudación los acusados sufrieron, sobre todo el primer día, el acoso y las continuas interrupciones por parte de un público, mayoritariamente hostil, permitidas por el tribunal y en la que se corearon consignas contra el pueblo saharaui y se llegaron a exhibir banderas marroquíes.
En conversación telefónica con AraInfo, Ana Sebastián, una de las abogadas del Observatorio Aragonés para el Sáhara Occidental, desplazadas a Rabat para asistir al juicio como observadora internacional, nos relataba como fue esa primera jornada de vista. “El lunes fue vergonzoso. Uno de los asistentes se levantaba encima de las butacas, mostrando una bandera de Marruecos. Muchos gritos, mucha agresividad e increpando continuamente a los familiares de los presos saharauis, e incluso a los propios procesados”. Todo esto ocurría en una sala repleta de marroquíes, y en la que se reservaron para las familias de los presos tan solo dos filas de bancos al fondo de la sala.
Con respecto a las pruebas solicitadas por la defensa, el tribunal acordó que la prueba testifical solicitada, será admitida pero únicamente con respecto a los testigos que declararon en el juicio militar penal. En el mismo, sentido, el tribunal aceptaría la prueba pericial médica, pero exclusivamente realizada por un médico marroquí. De esta forma, el tribunal “no acepta los informes que se han realizado en Europa, por los que se ha conseguido la sentencia que condena al Estado marroquí por torturar a uno de los presos”, defendido por abogados franceses, al disponer de doble nacionalidad.
Durante estas tres jornadas los abogados franceses han tratado de impugnar la competencia del tribunal marroquí, basándose en el estatus del Sahara Occidental, que es considerado por las Naciones Unidas un territorio no autónomo, ocupado por el Reino de Marruecos desde 1975. Así pues, esta ocupación es ilegal; pues Marruecos no ha sido reconocido por las Naciones Unidas como Potencia administradora.
Según argumentan estos abogados, en el Sahara Occidental es de aplicación el Derecho Internacional Humanitario, de la misma forma que lo es en los territorios ocupados palestinos. Los 24 saharauis condenados en el marco del proceso de Gdeim Izik son personas protegidas en el sentido del artículo 4 del IV Convenio de Ginebra y, por tanto, se les deben aplicar las previsiones del Derecho Internacional Humanitario.
Unas pretensiones que el tribunal se encargó, a base de recesos, y de no otorgar la palabra a estos abogados, de que no llegaran a buen puerto.
Del mismo modo, tras una segunda deliberación del tribunal, se desestimó la solicitud de la defensa que hacía referencia a la libertad provisional de los acusados que llevan 6 años en prisión preventiva. “El tribunal ha vuelto a suspender el juicio, sin resolver la cuestión de la prisión preventiva, y sin definir por qué no concedía la libertad”, advierte Ana.
El juicio ha sido aplazado hasta el próximo 13 de marzo. Mientras, estos catorce presos seguirán en situación en prisión esperando una causa justa, que no parece que vayan a encontrar en Rabat.
