La Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara (CEAS), organizadora de la convocatoria, reunió a decenas de personas este pasado lunes en Zaragoza, y también en Madrid, para reclamar la libertad de las 24 personas saharauis detenidas por fuerzas policiales y militares marroquíes durante el desmantelamiento del ‘Campamento de la Dignidad’ (Gdeim Izik) en el año 2010. La concentración finalizó con la lectura de un manifiesto y al grito de “libertad presos saharauis” y “libertad del pueblo saharaui”.
La movilización coincidió con la celebración del juicio en Rabat, tras su aplazamiento el pasado 26 de diciembre, en el que se solicitan penas de hasta 30 años para las 24 personas detenidas que ya fueron juzgadas por un tribunal marroquí en 2013, y que fue denunciado por observadores internacionales y organizaciones de defensa de los Derechos Humanos por la falta de garantías procesales para las personas acusadas.
El campamento fue levantado a las afueras de El Aaiún ocupado, capital del Sáhara Occidental, por más de 20.000 saharauis para reclamar sus derechos sociales, civiles y políticos y "después de dos meses fue brutal y violentamente desmantelado por las fuerzas de ocupación marroquíes", según el comunicado.
"Cogieron a los jóvenes cuando huían como símbolo para reprimirles y llevan en la cárcel más de cinco años", aseguró el presidente de CEAS, José Taboada Valdés, en la concentración celebrada en Madrid. Desde la organización se recalcó que según el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Sáhara Occidental no forma parte de Marruecos. "Es injusto porque Marruecos no puede hacer un juicio a un país que no le corresponde", manifestó Taboada Valdés. "Pedimos la libertad inmediata de los presos políticos saharauis", subrayó.
Tras la presión internacional, el Tribunal de Casación marroquí declaró nulo el juicio militar y remitió el procedimiento a la jurisdicción ordinaria que señaló el juicio civil contra los presos políticos saharauis para el pasado 26 de diciembre, “fecha que fue conscientemente elegida para evitar la presencia de observadores y juristas internacionales, así como personas del movimiento de solidaridad con el Pueblo Saharaui por tratarse del día siguiente a la fiesta de Navidad”.
Según explicó el delegado saharaui en Madrid, Abdulá Arabi, “tampoco son justas las causas de asesinato que se les imputan cuando ellos realmente lo que han hecho es manifestarse pacíficamente mediante un campamento de protesta en El Aaiún ocupado". Por su parte, el Gobierno de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), reclama la "libertad inmediata y sin condiciones" de los presos, y denuncia repetidas violaciones de los derechos humanos en cárceles locales y los territorios ocupados.
