En respuesta a la noticia de que, según la Johns Hopkins University, en el mundo han muerto ya cuatro millones de personas a causa de la COVID-19, Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, ha declarado: “Este devastador hito debe espolear a los gobiernos más ricos y a las empresas para que actúen. ¿Cuántos millones más deben morir antes de que el conocimiento y la tecnología para producir vacunas suficientes para todo el mundo se pongan a disposición universal?”.
A 6 de julio de 2021, 33 Estados habían inoculado al menos una dosis de vacuna a más de la mitad de su población, según las cifras publicadas por Our World In Data. Todos esos Estados menos tres (Mongolia, Maldivas y Bután) son de ingresos altos. (El análisis excluye a los Estados y territorios con una población inferior a 200.000 habitantes).
Comparado con la semana del 11 de enero de 2021, cuando las muertes en el mundo superaron los dos millones, el número de personas que mueren cada semana en estos Estados se ha reducido de 51.614 a 4.015 (una reducción del 92%), según cifras recopiladas por la Organización Mundial de la Salud.
“Sin embargo, puesto que grandes áreas del mundo apenas tienen acceso a vacunas (si es que lo tienen), cada 11 segundos una persona sigue muriendo de COVID-19, principalmente en los países de bajos ingresos. La igualdad en el acceso a las vacunas no debería basarse en el lugar en el que vives: es un derecho humano básico”, denuncia Callamard.
En el mundo, se ha informado de 53.861 muertes por COVID-19 durante la semana del 28 de junio: 1 persona cada 11 segundos.
Los diez países con las cifras más altas de muertes durante la última semana son Brasil, India, Colombia, Rusia, Argentina, Indonesia, Estados Unidos, Perú, México y Sudáfrica.
Callamard también advierte de que “mientras muchos países ricos empiezan a levantar las restricciones, el impacto mortal de la COVID-19 sigue siendo generalizado. La cifra de muertes continúa imparable en Latinoamérica, mientras que India y Nepal se han enfrentado a oleadas mortales, y los sistemas de salud de Indonesia y el África Austral corren peligro de colapsarse”.
El 85% de las dosis de vacuna se han administrado en países de ingresos altos y medios. Sólo el 0,3% de las dosis se han administrado en países de bajos ingresos, según el rastreador de vacunas del New York Times.
“Muchos de estos países siguen sufriendo una aguda escasez de vacunas que sólo se puede resolver compartiendo urgentemente dosis y eliminando los obstáculos que impiden aumentar la producción global”, y añade la secretaria general de Amnistía Internacional, “los dirigentes mundiales deben brindar más apoyo a las iniciativas para levantar las restricciones relacionadas con la propiedad intelectual sobre productos que salvan vidas, y deben presionar a las empresas farmacéuticas para que compartan su conocimiento y su tecnología. Estamos ante un problema global que exige una acción global urgente ya. Nadie estará seguro hasta que todo el mundo esté seguro.”
