La emergencia climática no es una amenaza lejana. Sus consecuencias se traducen en muertes, incendios forestales, sequías y un deterioro creciente de las condiciones de vida. Coincidiendo con el Día Internacional de la Lucha contra el Cambio Climático, que se celebra este sábado 24 de octubre, la Alianza por la Emergencia Climática de Aragón reclama medidas urgentes para proteger la salud de la población y adaptar los territorios a unas temperaturas cada vez más extremas.
La plataforma, constituida en 2015 e integrada por más de 50 organizaciones, recuerda que el verano de 2026 ha dejado un balance especialmente grave. Según los datos que recoge en su comunicado, 5.807 muertes fueron atribuibles a las altas temperaturas en el Estado español, 235 de ellas en Aragón. Estas cifras representarían un incremento del 51% respecto a 2025 y convertirían este verano en el más mortífero desde que existen registros.
A estas cifras se suman los efectos de la contaminación atmosférica por ozono troposférico, cuya concentración aumenta con la radiación solar y las altas temperaturas. La Alianza señala que, según datos de la Agencia Europea de Medio Ambiente, la exposición a este contaminante estaría vinculada con hasta 300 muertes anuales en Aragón. Los riesgos afectan especialmente a menores, personas mayores, embarazadas y quienes padecen enfermedades cardiorrespiratorias.
El balance climático incluye también los graves incendios forestales que han afectado a Aragón durante el verano, así como las consecuencias de la sequía sobre la agricultura, la ganadería y el conjunto del territorio. Un escenario que, para las organizaciones ecologistas y sociales, evidencia la necesidad de abandonar las respuestas insuficientes y situar la adaptación climática entre las prioridades de las administraciones públicas.
La Alianza insiste en que no basta con enumerar los daños ni contabilizar sus víctimas: es necesario poner en marcha soluciones concretas y dotarlas de presupuesto.
Entre las actuaciones prioritarias señala la adaptación de los núcleos urbanos para reducir las temperaturas y combatir el efecto de isla de calor. Para ello considera imprescindible aumentar el arbolado con especies adecuadas, pero también proteger los árboles existentes, especialmente los ejemplares maduros que ya proporcionan sombra.
En este sentido, denuncia que numerosas remodelaciones de calles y plazas impliquen la eliminación de árboles consolidados bajo la promesa de sustituirlos por nuevas plantaciones. Una práctica que, advierte, priva a la ciudadanía durante años de una protección frente al calor que los árboles jóvenes tardarán décadas en proporcionar.
La organización reclama también despavimentar parques, plazas y otros espacios urbanos siempre que sea posible, así como utilizar materiales que absorban y acumulen menos calor. El objetivo es evitar que las ciudades se conviertan en auténticas estufas, tanto durante el día como por la noche, cuando el calor acumulado en el asfalto y los edificios dificulta el descenso de las temperaturas.
La rehabilitación energética de los edificios constituye otra de sus reivindicaciones centrales. La Alianza exige incrementar los presupuestos públicos destinados a estas actuaciones, con especial atención a los barrios más empobrecidos, donde las dificultades económicas agravan la exposición a temperaturas extremas. También considera urgente climatizar los centros escolares para garantizar condiciones adecuadas al alumnado y al personal educativo.
A estas medidas añade la necesidad de establecer refugios climáticos en todos los barrios, abiertos todos los días de la semana y con horarios amplios. Estos espacios deben ofrecer protección especialmente a quienes no disponen de condiciones térmicas adecuadas en sus viviendas y sufren con mayor intensidad las olas de calor.
“Se trata, en definitiva, de proteger la salud de las personas”, subraya la plataforma.
Más allá de las ciudades, la Alianza reclama actuaciones para mejorar la gestión de los montes, prevenir los incendios forestales y afrontar los efectos tanto de las sequías prolongadas como de las lluvias torrenciales. Considera que estas amenazas requieren planificación, prevención y recursos públicos suficientes, en lugar de limitar las respuestas a las situaciones de emergencia una vez que se han producido.
Iniciativa Shock
Con este objetivo, la Alianza y otras organizaciones impulsaron en septiembre la iniciativa Shock, concebida como un espacio de encuentro y movilización para exigir a las administraciones un plan de choque inmediato frente a las consecuencias de la crisis climática en Aragón.
La iniciativa prepara una serie de encuentros durante los próximos meses en Zaragoza, Uesca y Teruel. Su propósito es consensuar un “Plan de choque para la adaptación a los efectos del cambio climático” que comprometa a las instituciones autonómicas y locales a modificar sus políticas y destinar recursos económicos y humanos extraordinarios a la protección de la población y los territorios.
Las organizaciones vinculan esta reivindicación con la necesidad de frenar un modelo de ocupación del territorio que consideran incompatible con una adaptación climática justa. En particular, cuestionan la proliferación de macrogranjas, grandes centros de datos y macroproyectos de energías renovables desarrollados sin diálogo ni participación de las comunidades afectadas.
A su juicio, estas políticas favorecen los intereses de grandes grupos económicos mientras incrementan la presión sobre los recursos naturales, empobrecen los territorios y desatienden las necesidades de quienes viven en ellos.
La Alianza por la Emergencia Climática de Aragón concluye su llamamiento recordando que “la emergencia climática no es una amenaza futura, sino una realidad que ya está poniendo en riesgo nuestras vidas”. Frente a la inacción institucional y las soluciones que anteponen los beneficios privados al bienestar colectivo, exige voluntad política, inversión pública y participación ciudadana.
El mensaje de las más de 50 organizaciones es claro: proteger la salud, garantizar unas condiciones de vida dignas y cuidar los territorios exige actuar ya. Porque las consecuencias de la crisis climática no esperan a que las administraciones decidan tomárselas en serio.
