El consejero de Industria y vicepresidente en funciones del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga, ha asegurado que deja administrativamente “todo listo” para que el próximo ejecutivo aragonés licite y ejecute el proyecto.
Un proyecto que incluye un gasto de dinero público de 25,6 millones para beneficio de las empresas que explotan comercialmente ambas estaciones de esquí. Los trámites avanzados por el equipo de Aliaga incluyen la construcción de una telecabina de 2,4 kilómetros y una telesilla de 400 metros que unirían Candanchú y Astún. Una obra, anunciada en su día, como paso previo para la ‘unión de estaciones de esquí del Pirineo aragonés’, y que empalmaría desde Astún con el contestado proyecto de telecabina por la Canal Roya para llegar hasta Formigal.
El gasto público se reparte entre varias administraciones: la Unión Europea aporta ocho millones de euros, la Diputación de Uesca tres millones, y la DGA los restantes 15 millones. Aunque ya fue, hace unos meses, cuando el organismo público dependiente de la consejería en funciones de Aliaga, Turismo de Aragón, aprobó las partidas necesarias para los estudios de impacto económico, geológico y arqueológico del proyecto, y también de un estudio nivológico, por un total de 125.000 euros. La construcción de esta telecabina implica la instalación de 16 grandes pilonas y de otras siete para la telesilla.
Aliaga reconoce el uso de las declaraciones como PIGA para “poder ir volando”
El vicepresidente en funciones reconocía este pasado lunes un secreto a voces, la DGA ha venido utilizando discrecionalmente las declaraciones como PIGA, Plan de Interés General de Aragón, para agilizar, allanar y adecuar a las necesidades de las empresas privadas algunos proyectos con inversión pública. “Si hay voluntad política, se puede ir volado como hicimos en su día con los centros de datos de Amazon”, reconocía Aliaga.
En cualquier caso, lo anunciado este pasado lunes por Aliaga, no es más que un paso administrativo más. A este trámite deberán añadirse los informes y permisos de la Dirección General de Transportes y del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga). Pero Aliaga reconocía las prisas para ‘no perder’ los fondos provenientes de Europa. Así, a juicio de Aliaga “la tramitación podría completarse en lo que resta de año porque la intervención es sencilla y ya ha sido analizada por una empresa especialista, Doppelmayr”, y las obras deberían comenzar en la primavera del próximo año y finalizar antes del fin del 2024, pues en eses fechas expira el plazo máximo para percibir la financiación europea adjudicada hace dos años.
