Igualdad Animal exige a la DGA que identifique a los responsables de la "granja de los horrores de Tauste" y explique qué ha pasado con los animales

Tras la inspección urgente del SEPRONA, la DGA ha inmovilizado la explotación y contempla su posible cierre. La organización reclama transparencia sobre la propiedad, la empresa que gestionaba las instalaciones y la cadena de suministro, y rechaza que el Ejecutivo autonómico presente lo ocurrido como un caso aislado.

18 noviembre, 2026. 13:04
Cadáver en descomposición entre cerdos en la granja denunciada por Igualdad Animal.

La Fundación Igualdad Animal ha exigido al Gobierno de Aragón que esclarezca las responsabilidades y el destino de los animales de la granja porcina de Tauste (Cinco Villas) cuya denuncia e intervención urgente del SEPRONA recogió AraInfo este martes. El Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación confirmó el 17 de noviembre la inmovilización de la explotación, con vistas a su posible cierre, tras la inspección realizada el pasado viernes por la Guardia Civil y los servicios veterinarios oficiales.

La Administración aragonesa ha asegurado que ya no quedan animales vivos en las instalaciones y que no se permitirá la entrada de nuevos ejemplares mientras continúe la investigación. Sin embargo, según denuncia Igualdad Animal, no ha explicado qué ha ocurrido con los animales que permanecían en la granja, si recibieron atención veterinaria o si fueron trasladados a otras explotaciones.

“Que la granja esté vacía no significa que el problema esté resuelto. Queremos saber qué ha pasado con los animales que vivían allí, si los que estaban heridos recibieron atención veterinaria y dónde han sido trasladados. También exigimos conocer quién era el propietario de la explotación, qué empresa la gestionaba y qué compañías se abastecían de ella. La inmovilización de la granja no puede convertirse en una forma de cerrar el caso sin esclarecer lo ocurrido”, advierte Anna Mulá, gerente de Incidencia Legislativa de Igualdad Animal.

¿Quién gestionaba la granja y a qué empresas suministraba?

El Gobierno de Aragón ha confirmado que la explotación, dedicada a la producción de lechones y con capacidad aproximada para 600 cerdas, estaba arrendada. Sin embargo, no ha hecho pública la identidad de su propietario ni de la empresa responsable de su gestión.

Igualdad Animal reclama que se investigue toda la cadena de suministro, desde las empresas que recibían los lechones hasta las posibles integradoras y comercializadoras vinculadas con la explotación.

También exige conocer los resultados de la inspección del SEPRONA, las posibles necropsias practicadas, los antecedentes de la granja y si se han iniciado expedientes sancionadores o trasladado diligencias a la Fiscalía por posibles delitos de maltrato animal.

“La ciudadanía tiene derecho a conocer la procedencia de los animales y qué empresas se benefician de su explotación. No basta con cerrar una granja mientras permanecen en el anonimato quienes eran responsables de ella y quienes recibían sus animales. Es necesario esclarecer toda la cadena de responsabilidades para que situaciones como esta no queden impunes”, añade Mulá.

Igualdad Animal rechaza que sea un caso aislado

La organización también ha respondido a las declaraciones del Departamento de Agricultura, cuyas fuentes han pedido no criminalizar al sector porcino por un caso particular y han defendido que la inmensa mayoría de las explotaciones cumple la normativa.

Igualdad Animal considera que esta posición ignora las investigaciones realizadas durante los últimos años en Aragón. Entre ellas, la que hicieron pública en febrero de 2026, que documentó graves condiciones de sufrimiento animal en nueve granjas de Aragón. La decisión de la DGA de no abrir expedientes sancionadores tras aquellas denuncias llegó posteriormente a las Cortes de Aragón.

La entidad cuestiona además la eficacia de los controles oficiales. Según sus datos, cada año se inspecciona entre el 1% y el 3% de las explotaciones, muchas de ellas con aviso previo. Con las 4.191 granjas porcinas que contabiliza actualmente en Aragón, sostiene que una explotación puede tardar más de 60 años en ser inspeccionada.

“No estamos ante casos aislados ni ante la negligencia de unas pocas personas. Estamos ante un problema estructural de la industria ganadera. Llevamos años documentando situaciones similares en distintas granjas, y la respuesta de las administraciones sigue siendo insuficiente. En lugar de defender automáticamente al sector, el Gobierno de Aragón debería preguntarse por qué sus mecanismos de control no detectaron lo que nuestra investigación ha puesto al descubierto”, afirma Mulá.

La investigación sobre la granja de Tauste continúa abierta. Igualdad Animal insiste en que la inmovilización debe ser el comienzo del esclarecimiento de los hechos, no el cierre del caso, y reclama al Ejecutivo de Jorge Azcón (PP-Vox) más inspecciones sin previo aviso, recursos suficientes y responsabilidades administrativas o penales cuando se acrediten incumplimientos.

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