La Fundación Igualdad Animal ha difundido nuevas imágenes grabadas en nueve granjas de cría, maternidad y engorde de cerdos ubicadas en Aragón en las que, según denuncia, se documentan prácticas que vulneran la normativa de bienestar animal y evidencian un “maltrato estructural normalizado” en la industria porcina intensiva.
Las explotaciones fueron denunciadas en noviembre de 2025 tras investigaciones realizadas en 2023 y 2024. En enero de 2026, el Gobierno de Aragón inspeccionó al menos dos de las granjas señaladas —Valdemochuelos SL (Luna) y La Carrasqueta SL (Leciñena)— y decidió no iniciar expediente sancionador al no constatar infracciones en materia de bienestar animal, según la resolución trasladada a la entidad.
Igualdad Animal sostiene que las imágenes difundidas “muestran una realidad muy distinta” a la que refleja la decisión administrativa.
Un sector estratégico bajo la lupa
Aragón es uno de los principales territorios productores de porcino del Estado, con 4.622 granjas registradas y un peso determinante en el modelo agroindustrial de exportación. La dimensión económica del sector contrasta, según la organización denunciante, con la debilidad del sistema de inspecciones y la escasa apertura de expedientes sancionadores.
La polémica se produce tras un ciclo político marcado por el Gobierno aragonés formado por Partido Popular y Vox desde 2023 hasta la reciente convocatoria electoral tras la ruptura entre derecha y ultraderecha. Igualdad Animal subraya que la reducción de recursos destinados a inspección y potestad sancionadora coincide temporalmente con ese cambio de gobierno, lo que, a su juicio, limita la capacidad real de control sobre la industria.
Mortalidad neonatal y confinamiento extremo
El material difundido muestra, según la organización, una elevada mortalidad de lechones en las granjas investigadas. Afirman haber documentado crías que mueren en las primeras 24 horas por hipoxia, lechones recién nacidos amontonados detrás de las cerdas y casos de mortinatos que permanecen junto a animales vivos.
Recuerdan que en el Estado español la mortalidad en granjas porcinas se sitúa en torno al 15% de los lechones nacidos vivos, cifra que puede alcanzar el 20% si se incluyen los nacidos muertos.
En cuatro explotaciones de Aragón, la entidad señala la existencia de jaulas de gestación de 203 centímetros de largo por 61 de ancho, donde, aseguran, las cerdas apenas pueden moverse. Las imágenes mostrarían comportamientos estereotipados, autolesiones por morder barrotes y signos de estrés derivados del confinamiento.
Mutilaciones “rutinarias” y posibles incumplimientos legales
Igualdad Animal denuncia que en prácticamente todas las instalaciones los cerdos tienen la cola amputada pese a que la Directiva 2008/120/CE —transpuesta mediante el Real Decreto 1135/2002— prohíbe el corte de cola rutinario.
Entre los hallazgos citan cubos llenos de muñones y testículos amputados, herramientas sucias empleadas para mutilaciones y lechones con complicaciones posteriores a la castración.
Las imágenes mostrarían también animales con heridas abiertas, inflamaciones severas, prolapsos uterinos sangrantes y abrasiones causadas por el contacto continuado con suelos duros y barras metálicas. La organización vincula estos hechos con posibles vulneraciones del Real Decreto 306/2020 sobre ordenación de granjas porcinas intensivas, la Ley 8/2023 de sanidad animal y el Reglamento europeo 1069/2009 relativo a subproductos animales no destinados al consumo humano (SANDACH).
“Controles habituales” y una granja revisada cada décadas
El 19 de febrero, Igualdad Animal respondió a las declaraciones de la directora general de Calidad y Seguridad Alimentaria del Gobierno de Aragón, Aitziber Lanza, quien afirmó que el sector porcino “pasa los controles habituales” y que “el sector trabaja bien”, aunque pueda haber casos de gestión inadecuada.
La organización replica que el Programa Nacional de Control Oficial fija como objetivo inspeccionar entre el 1% y el 3% de las explotaciones cada año. Con 4.622 granjas registradas en Aragón, sostienen que “para que una granja sea inspeccionada pueden pasar 60 años”.
“Hablar de controles habituales cuando una granja podría tardar décadas —o incluso un siglo— en ser inspeccionada demuestra lo insuficiente del sistema. Los animales pueden sufrir durante años sin que nadie actúe”, afirma Anna Mulá, gerente de Incidencia Legislativa de Igualdad Animal.
La entidad añade que técnicos del propio departamento autonómico les habrían trasladado que los recursos destinados a inspección se han reducido en los últimos años.
Animales “aptos para consumo” y dudas sobre seguridad alimentaria
Igualdad Animal cuestiona también que un animal que no se ajuste en un momento dado a parámetros de bienestar pueda ser considerado apto para consumo.
“Considerar aptos para consumo animales que no cumplen los parámetros mínimos de bienestar plantea serias dudas sobre la seguridad alimentaria. El bienestar animal y la seguridad alimentaria están íntimamente ligados”, advierte Mulá.
La organización ha solicitado acceso completo a las actas de inspección y anuncia que recurrirá la decisión administrativa ante instancias superiores. Exige inspecciones sin aviso previo, aumento del porcentaje anual de granjas revisadas, refuerzo de recursos y apertura de expedientes sancionadores cuando se detecten deficiencias.
Un patrón que se repite
No es la primera vez que Igualdad Animal denuncia situaciones de este tipo en Aragón. En febrero de 2025 la organización ya hizo públicas imágenes de una explotación de cría y engorde en Alfamén en las que documentó cerdos con deformaciones, desnutrición, hacinamiento extremo y casos de canibalismo. Meses después, en septiembre, publicó el balance de más de 180 investigaciones realizadas en granjas y mataderos de todo el Estado.
Para la entidad, la reiteración de hallazgos similares en distintos puntos del territorio no responde a episodios aislados, sino a un modelo intensivo que, sostienen, normaliza prácticas incompatibles con los estándares legales de bienestar animal y que continúa operando con un sistema de control que consideran insuficiente.
