La Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE) ha hecho público su balance de la huelga general del 11N, una jornada que considera una demostración histórica de “fuerza, dignidad y unidad” de la clase trabajadora, la juventud y los movimientos sociales. La organización pensionista ha agradecido la participación en las movilizaciones y ha defendido que la lucha por las pensiones públicas está estrechamente vinculada a las reivindicaciones por la vivienda, los salarios y los servicios públicos.
Para COESPE, la movilización ha puesto de manifiesto la importancia de la solidaridad entre generaciones. “La defensa del Sistema Público de Pensiones no es una batalla exclusiva de quienes hoy somos pensionistas, sino un pilar fundamental de cohesión social y justicia intergeneracional”, señala la coordinadora, que considera la participación conjunta de personas mayores y jóvenes una respuesta a quienes, a su juicio, pretenden enfrentar a ambas generaciones para justificar recortes y privatizaciones.
La organización denuncia las políticas que favorecen la mercantilización de los derechos sociales, el desvío de recursos hacia fondos privados y planes de pensiones de empresa y la prioridad otorgada al gasto militar frente a las necesidades de la población.
Entre sus principales reivindicaciones, COESPE reclama el blindaje del Sistema Público de Pensiones, con una revalorización que garantice el mantenimiento del poder adquisitivo conforme al coste de la vida y la equiparación de las pensiones mínimas al Salario Mínimo Interprofesional (SMI).
También exige una auditoría pública de las cuentas de la Seguridad Social que permita conocer el destino de sus recursos y restituir, según sostiene, el patrimonio correspondiente a la clase trabajadora. En este sentido, reclama el cumplimiento de la legislación vigente en materia de transparencia y auditoría.
“La unidad en la movilización es nuestra principal herramienta”
La coordinadora vincula estas exigencias con la defensa de la sanidad y la educación públicas, el acceso a una vivienda digna y la protección de los derechos laborales. Considera que garantizar estos servicios resulta imprescindible para combatir la precariedad que afecta especialmente a la juventud, pero también al conjunto de la población trabajadora.
Asimismo, exige unos presupuestos orientados a las necesidades sociales y rechaza que los recursos de las cotizaciones sociales y los servicios públicos se destinen a intereses financieros o al gasto militar.
COESPE considera que una de las principales enseñanzas del 11N ha sido la capacidad de coordinación entre el movimiento pensionista, el sindicalismo de clase, las organizaciones estudiantiles y los movimientos sociales.
“La unidad en la movilización es nuestra principal herramienta”, afirma la coordinadora, que defiende la continuidad de las protestas para evitar retrocesos en derechos conquistados durante décadas.
En su valoración, la organización también alerta del avance de posiciones políticas que amenazan, a su juicio, los derechos sociales y democráticos. Desde su reivindicada independencia, llama a defender las conquistas sociales y a impedir que las políticas de recortes y privatización condicionen el futuro de las nuevas generaciones.
COESPE exige responsabilidades por la represión policial del 11N
La coordinadora también ha condenado las actuaciones policiales registradas durante la huelga general, que califica de “brutales” y “represivas”.
COESPE considera que estas intervenciones buscan deslegitimar las movilizaciones de la clase trabajadora y la juventud, y reclama que se depuren responsabilidades y se adopten medidas para democratizar las fuerzas policiales y armadas.
La organización insiste en que las reivindicaciones por salarios, vivienda y pensiones públicas dignas forman parte de una misma lucha por los derechos sociales. “¡Gobierne quien gobierne, los servicios públicos, los derechos y las pensiones públicas se defienden!”, concluye COESPE en su comunicado.
