La territorial en Aragón de la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE) reclama al Gobierno del Estado español y al Congreso “que las subidas de pensiones públicas y salarios tengan en cuenta el coste real de los productos básicos, la energía, la vivienda y la dependencia”, e incorporen una paga compensatoria y una cláusula de revisión. La organización anuncia la continuidad de los “lunes al Sol” y sitúa en el horizonte la manifestación convocada para el 24 de octubre en Madrid.
“Tremenda subida de los precios”
COESPE vuelve a poner el foco en la pérdida de poder adquisitivo que, a su juicio, sufren cada año las personas pensionistas y trabajadoras como consecuencia de la evolución de los precios de los bienes y servicios necesarios para garantizar una vida digna.
“Cada año ocurre lo mismo, los precios de los productos para garantizar una vida digna suben, mientras las pensiones pierden poder adquisitivo año tras año”, señala la organización. En su análisis, los productos básicos experimentan incrementos superiores a los reflejados por el Índice de Precios de Consumo (IPC) oficial, mientras las pensiones públicas y los salarios se actualizan tomando como referencia este indicador.
“Y aquí está la trampa”, advierte COESPE
Pan, fruta, carne, pescado, electricidad, gas, medicinas y servicios forman parte, según la coordinadora, de una cesta de gastos cuyo encarecimiento tiene un impacto directo sobre las condiciones materiales de vida. “Todo esto es mucho más caro que el IPC oficial”, sostienen, lo que se traduce en una pérdida progresiva de capacidad económica para quienes dependen de una pensión pública o de un salario.
Para COESPE, esta dinámica implica que “cada año somos más pobres” y que cada vez más personas mayores, trabajadoras y trabajadores con empleo precario y salarios reducidos se acercan o permanecen en el umbral de la pobreza.
“Una realidad que puede verse en las calles”
La entidad ciudadana considera que esta situación no constituye únicamente una cuestión estadística, sino una realidad social visible en la vida cotidiana. “Una realidad social que puede verse en las calles, en los mercados, en las farmacias, en las colas de los servicios sociales”, apunta. “Una realidad que no necesita estadísticas para ser comprendida, porque es palpable en la vida cotidiana”, añade la coordinadora.
Desde COESPE subrayan que cuando una pensión pública o un salario resulta insuficiente para afrontar los gastos esenciales, las consecuencias van más allá de la dimensión estrictamente económica. “Cuando no llega una pensión pública o un salario, no es solo un problema económico, sino una fractura social”, afirma.
La organización pone como ejemplo la situación de las personas mayores que no pueden afrontar determinados gastos esenciales: “Una persona mayor que no puede permitirse la calefacción, que tiene que elegir entre comida o medicación, que no puede permitirse el coste de una residencia o un centro de día, es una persona socialmente excluida”.
“Una generación que lo ha dado todo”
COESPE considera especialmente injusta esta exclusión porque afecta a una generación a la que atribuye una contribución fundamental a la construcción social y económica del País aragonés y del Estado español.
“Esta exclusión es doblemente injusta, porque recae en una generación que lo ha dado todo”, señala la coordinadora. En ese sentido, recuerda que las personas mayores “han construido barrios, han apoyado a las familias, han trabajado durante décadas sin derechos, han luchado por pensiones, por la salud, por la educación” y continúan desempeñando tareas de cuidados. “Que aún hoy cuida de hijos, nietos, personas dependientes y familias enteras”, añade su comunicado.
Para la organización, existe así una “contradicción brutal” entre la contribución realizada por esta generación y las dificultades económicas que afronta una parte de ella: “La generación que más ha contribuido es la que más sufre por la precariedad”.
“Matemática social” frente a la pérdida acumulada
La coordinadora plantea también un ejemplo para explicar el efecto de la diferencia entre la evolución de los precios y la actualización de las rentas. “Cuando el precio de los alimentos básicos sube un 8%, 10% o 12%, y las pensiones crecen un 3%, 4% o 5%, el resultado es claro: pérdida de poder adquisitivo”, afirma.
Una pérdida que, según COESPE, adquiere una dimensión especialmente grave cuando se acumula durante varios años. “Esta pérdida acumulada, año tras año, es devastadora”, sostiene.
Las consecuencias se trasladan, según la organización, a distintos ámbitos de la vida cotidiana: “menos capacidad para comprar alimentos frescos, menos capacidad para pagar suministros, menos acceso a servicios esenciales, menos capacidad para ayudar a la familia y menos capacidad para vivir con dignidad. Y cuando se reduce la dignidad, el país retrocede”, recalca.
COESPE reclama una actualización vinculada al coste real de la vida
Ante esta situación, la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones reclama que los mecanismos de actualización de pensiones públicas y salarios incorporen otros elementos además del IPC oficial.
“El aumento de las pensiones públicas y los salarios debe tener en cuenta el precio real de los productos básicos, el coste de la energía, el coste de la dependencia, la función social de los mayores”, plantea la organización. El objetivo, según COESPE, debe ser “garantizar una pensión pública digna y unos salarios suficientes”.
La coordinadora sitúa esta reivindicación en un contexto de pérdida de poder adquisitivo que, asegura, ya se produjo el pasado año y que durante este ejercicio presenta un panorama todavía más complicado. “El año pasado sufrimos una pérdida real en salarios y pensiones. Y este año, el panorama es aún más duro”, afirma.
En concreto, señalan que entre agosto de 2025 y agosto de 2026 “la subida ha sido de un 4,3%”. COESPE contrapone esta evolución a una subida del “2,6%” y calcula una pérdida del “4,3–2,6=1,7%”.
La organización añade que los productos básicos, la energía y la vivienda “se han encarecido”, y vincula esta evolución con la necesidad de adoptar medidas que permitan mantener el poder adquisitivo de salarios y pensiones públicas.
Paga compensatoria y cláusula de revisión
Por todo ello, para COESPE, la respuesta corresponde tanto al Gobierno del Estado español como al Congreso de diputadas y diputados. “Si el Gobierno y el Congreso quieren garantizar el poder adquisitivo de salarios y pensiones públicas, deben legislar una subida, de pensiones públicas y de salarios, real”, reclama.
La propuesta de la coordinadora incorpora dos mecanismos concretos: “una paga compensatoria y cláusula de revisión que los garanticen”. La organización rechaza que esta reivindicación pueda considerarse maximalista. “No es una reivindicación maximalista. Es matemática social”, sostiene.
El argumento de COESPE parte de la evolución acumulada de precios e ingresos: “Si cada año los precios suben más que las pensiones públicas y los salarios, cada vez se empuja a más personas mayores, a trabajadoras y trabajadores hacia el umbral de la pobreza”.
“Los lunes al Sol” y camino al 24 de octubre
La vuelta del verano, señala la coordinadora, vuelve a situar estas reivindicaciones en el centro de su agenda de movilización. “La vuelta del verano nos sitúa en la cruda realidad, y nos llena de razones y argumentos para seguir llamando a la movilización continua en todo el Estado”, afirma. COESPE plantea mantener las concentraciones y acciones bajo el lema “los lunes al Sol”, tanto en plazas y pueblos como ante las distintas instituciones.
La organización llama así a continuar la movilización ante “el Gobierno, el Congreso, las administraciones autonómicas y las municipales”, mientras fija como siguiente horizonte la manifestación convocada para el 24 de octubre en Madrid. “Gobierne quien gobierne, los derechos, los salarios y las pensiones públicas, se defienden”, concluyen.
