La Fundación Franz Weber ha denunciado este jueves que el Gobierno de Aragón prevé destinar 375.000 euros a la denominada Fundación Toro de Lidia, un lobby taurino con sede fiscal en Madrid y conocido por captar fondos públicos de gobiernos autonómicos del PP y la ultraderecha en los últimos años.
La Comunidad de Madrid, Extremadura, el País Valencià y Castilla y León son otros de los territorios cuyos ejecutivos siguen una estrategia similar, mediante convenios específicos para subcontratar la organización de novilladas cuya asistencia es muy baja y cuyo interés público, según denuncia la organización naturalista, "resulta injustificado".
La Fundación Franz Weber recuerda que, allí donde no se subvenciona a este lobby, como en Cantabria (PP) y Asturias (PSOE-IU), "las novilladas apenas se mantienen durante un año y se abandona su organización". Incluso ayuntamientos gobernados por el PP, como el de Sanxenxo (Galicia), "han vetado este tipo de actividades antes de su celebración".
Este interés del ejecutivo aragonés contrasta, según la organización, con los datos de las encuestas de hábitos y prácticas culturales de la última década, que reflejan una disminución progresiva de la población que asiste a eventos taurinos.
Ante una caída de la asistencia tan acusada en las últimas dos décadas y unos porcentajes de participación minoritarios, la entidad señala que "la estrategia del Gobierno de Aragón pasa por sostener artificialmente la tauromaquia mediante subvenciones: bien destinando cantidades millonarias a la Fundación Toro de Lidia, bien apoyando que menores aprendan a maltratar animales como fórmula de relevo generacional".
Una actividad pública bajo la lupa de Naciones Unidas
Además de su carácter minoritario entre la sociedad, la pervivencia de la tauromaquia y la presencia de personas menores de edad, incluida su participación directa en tentaderos, becerradas y escuelas taurinas, han sido objeto de atención por parte de organismos internacionales como el Comité de los Derechos del Niño y el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas.
En 2018 y 2026, el Comité de los Derechos del Niño pidió al Estado español que adoptara medidas legislativas para alejar a niñas, niños y adolescentes de cualquier actividad taurina.
Un año después, en 2019, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad manifestó su preocupación por la imagen que transmitían los espectáculos taurinos en los que participaban personas con acondroplasia en el Estado español.
