La Fiscalía pide un total de 17 años y medio de prisión para siete activistas que trataron de impedir el desahucio de Mariano y sus hijas en Zaragoza, el 25 de mayo de 2023. La acusación les atribuye un delito de "atentado" y reclama también el pago de una indemnización por "lesiones". Tres de las encausadas, que ya fueron condenadas en el último juicio represivo contra las acciones de la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH) de Zaragoza, corren el riesgo de ingresar en prisión si son declaradas culpables.
El caso se remonta a la movilización convocada por la PAH de Zaragoza para intentar frenar el lanzamiento, solicitado por Caixabank y ejecutado por orden judicial y de la Delegación del Gobierno. Según el relato compartido por PAH Zaragoza, CSO Kike Mur, CJS Zaragoza y PUC Aragón en sus perfiles de Instagram, los antidisturbios que intervinieron aquel día "se ensañaron con las militantes que ese día, desarmadas, pusimos el cuerpo para tratar de evitarlo", enviando "a varias compañeras a urgencias".
Siete activistas denunciadas por la policía
Tras el desahucio, la policía denunció a siete activistas que habían sido identificadas cuando eran retiradas del portal. Según las organizaciones, la denuncia les atribuye haber agredido a los antidisturbios.
Las firmantes denuncian que "una vez más el estado ha aplicado un montaje represivo, para cubrirle las espaldas a los policías que actuaron ese día y para hacer retroceder al movimiento de vivienda, con multas y cárcel para las encausadas, y miedo para quien quiera seguir luchando".
El relato apunta también a la actuación de la Delegación del Gobierno, entonces encabezada por una representante del PSOE, que "dio a trámite la imposición de una sanción por esa denuncia". Las organizaciones cuestionan asimismo el procedimiento judicial: "La jueza que investigó si ese esperpento de denuncia era verdadero o falso, sin ninguna prueba, dijo que era verdadero".
Ahora, la Fiscalía solicita que las siete activistas sean condenadas a un total de 17 años y medio de cárcel por "atentado", además del pago de una indemnización por "lesiones".
Tres activistas podrían ingresar en prisión
La situación es especialmente preocupante para tres de las encausadas, que ya fueron condenadas "en el último juicio represivo" contra las acciones de la PAH de Zaragoza. "Corremos el riesgo de ingresar en prisión si somos declaradas culpables", advierten las activistas.
PAH Zaragoza, CSO Kike Mur, CJS Zaragoza y PUC Aragón consideran que esta causa forma parte de una ofensiva contra el movimiento por la vivienda y sus herramientas de movilización. En su denuncia, sostienen que la represión busca castigar a quienes se organizan frente a los desahucios y generar miedo entre quienes puedan sumarse a futuras acciones.
Ante "este nuevo ataque a nuestros derechos políticos", las organizaciones de clase de Zaragoza han puesto en marcha una campaña para denunciar "la represión que el estado capitalista ejerce contra el movimiento por la vivienda".
Llamamiento a la solidaridad y a la organización
Las organizaciones hacen un llamamiento a mostrar solidaridad con las siete activistas encausadas, a "llenar las próximas movilizaciones" y a reforzar "la organización en los sindicatos de vivienda y las organizaciones de clase".
El objetivo, subrayan, es hacer que "la lucha por la vivienda sea cada vez más fuerte".
"¡Que siga la lucha por la vivienda!", concluye el comunicado compartido por las cuatro organizaciones.
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