Zaragoza en Común lleva al Pleno municipal de este jueves 29 de octubre una moción para reclamar medidas urgentes frente a los desahucios sin alternativa habitacional y para garantizar que la vivienda vuelva a ser un derecho y no un negocio para fondos de inversión y grandes tenedores.
La formación denuncia que en Zaragoza los desahucios continúan produciéndose mientras familias enteras afrontan procedimientos de lanzamiento sin una alternativa habitacional digna. Para ZeC, la situación exige actuar en todos los niveles de la Administración y utilizar todas las herramientas disponibles para proteger a las personas inquilinas y ampliar el parque público de vivienda.
El concejal de Zaragoza en Común, Suso Domínguez, señala que “no podemos normalizar que una familia sea expulsada de su casa y que la única respuesta de las administraciones sea decir que no tienen competencias”. “Las administraciones tienen competencias y herramientas para actuar y lo que falta es voluntad política. Mientras miles de familias tienen dificultades para pagar un alquiler, el Ayuntamiento de Zaragoza sigue poniendo el suelo público al servicio del negocio privado”, denuncia.
Domínguez recuerda que el Gobierno de Natalia Chueca ha desaprovechado oportunidades para ampliar el parque público, como el derecho de tanteo y retracto sobre viviendas de protección oficial que podían haberse incorporado al patrimonio municipal. También critica que “ha cerrado la Oficina de Mediación Hipotecaria y del Alquiler y no ha aplicado el recargo del IBI a las viviendas vacías de grandes tenedores”.
ZeC reclama ampliar de forma decidida el parque público de vivienda, “algo que no se está haciendo y es por falta de voluntad de este gobierno”, detalla Suso Domínguez.
La formación recuerda que el Gobierno municipal ha anunciado en los últimos meses la venta de suelo público en Montecanal, Alumalsa y Arcosur, además de operaciones urbanísticas como las de Jesús María, Instalaza o el Convento de Jerusalén. ZeC denuncia que estas actuaciones favorecen la construcción de viviendas de lujo y generan beneficios millonarios para los promotores privados, mientras el Ayuntamiento percibe los aprovechamientos urbanísticos correspondientes.
En este sentido, reclama que los recursos obtenidos de estas operaciones se destinen a ampliar el parque público de vivienda, atendiendo al régimen legal aplicable a cada tipo de ingreso.
El presupuesto municipal de 2026 contempla una previsión de ingresos de 43 millones de euros por aprovechamientos urbanísticos y venta de suelo, mientras que, según denuncia ZeC, la inversión en vivienda pública apenas ha aumentado tres millones.
La formación recuerda también que en 2025 el Ayuntamiento ingresó 1,5 millones de euros por suelo de vivienda protegida y 16 millones por venta de suelo libre. Según ZeC, estos ingresos no se tradujeron en un incremento equivalente de la inversión en vivienda pública.
Domínguez considera que “para este Gobierno la prioridad no es la vivienda, sino el negocio de los especuladores”. El grupo municipal sostiene que una parte de estos recursos podría utilizarse de manera inmediata para adquirir viviendas de protección oficial mediante el ejercicio del derecho de tanteo y retracto, antes de que pasen al mercado libre.
Como ejemplo de las prioridades presupuestarias del Ejecutivo municipal, el concejal señala que “con los 1,5 millones que se ha aumentado el presupuesto en luces de Navidad podrían adquirirse ocho viviendas para alquiler asequible”.
Asimismo, ZeC propone establecer limitaciones efectivas a las viviendas de uso turístico en las zonas donde estén expulsando población residente, especialmente en el Casco Histórico; recuperar la Oficina de Mediación Hipotecaria y del Alquiler; poner fin a la cesión de suelo de equipamientos a fondos de inversión y grandes promotores; y aplicar el recargo del 150% del IBI a las viviendas vacías de grandes tenedores, en los términos previstos por la legislación estatal.
Para Zaragoza en Común, resulta especialmente preocupante la política de cesión de suelo de equipamiento municipal a grandes promotores y fondos de inversión.
“El suelo público de los barrios no puede convertirse en un regalo para que los fondos hagan negocio durante 75 años. Si tenemos suelo público, debe servir para garantizar derechos y servicios públicos, no para alimentar la especulación inmobiliaria”, afirma Domínguez.
La moción plantea que el Pleno muestre su apoyo a los reales decretos-leyes 28/2026 y 29/2026, que la formación señala como aprobados el pasado 6 de octubre para reforzar la estabilidad de los contratos de alquiler de vivienda habitual y proteger la función social de la vivienda.
Además, ZeC reclama al Gobierno de Aragón que declare zonas de mercado residencial tensionado en aquellos ámbitos de Zaragoza que cumplan los requisitos legales, de manera que puedan aplicarse mecanismos de regulación y contención de los alquileres.
“Si hay barrios en los que los precios del alquiler están expulsando a sus vecinos y vecinas, hay que utilizar todas las herramientas legales disponibles. No podemos permitir que el Casco Histórico se convierta en un escaparate turístico mientras quienes han vivido allí toda su vida tienen que marcharse porque no pueden pagar el alquiler”, sostiene Domínguez.
La moción que el grupo municipal llevará al Pleno plantea un paquete de ocho medidas municipales, entre ellas garantizar una alternativa habitacional digna a las familias vulnerables afectadas por un desahucio y adaptar las ayudas de urgente necesidad para convertirlas en una herramienta eficaz de prevención de la pérdida de vivienda.
“Esta moción habla de algo muy sencillo: de si queremos un Ayuntamiento que proteja a quienes necesitan una vivienda o un Ayuntamiento que siga facilitando el negocio de quienes convierten la vivienda en un activo financiero”, resume Domínguez.
“Desde Zaragoza en Común estamos y seguiremos trabajando sin cesar para que nadie se quede sin un hogar, estamos del lado de las familias, de las personas inquilinas y de los barrios. La vivienda no puede seguir siendo un privilegio para quien puede pagarla y una fuente de beneficios para fondos de inversión. Tiene que volver a ser un derecho”, afirma Suso Domínguez, quien recuerda que Zaragoza en Común se sumará a la huelga convocada para el próximo 11 de noviembre.
