Esta semana, gracias a la organización del Comité Internacionalista de Zaragoza, hemos tenido por Aragón a Selene Cruz, miembro del Congreso de los Pueblos de Colombia, que trabaja en Bogotá y su zona metropolitana desde la Asociación Red Itoco, y de la Asociación de Trabajadores por la Vida Digna.
Cruz nos ha acercado en varias charradas públicas la situación actual de Colombia y las características más destacadas del trabajo que realizan estas asociaciones, y hemos tratado de sintetizar lo que nos ha contado en las charlas en esta breve entrevista.
Uno de los temas tratado en tus charlas de estos días es la situación actual de los Derechos Humanos en Colombia, en el contexto del nuevo gobierno del ultraderechista Abelardo de la Espriella.
El gobierno actual, lleva apenas dos meses, y ha militarizado no sólo su discurso sino su práctica: ha trasladado su sede presidencial, su ‘Casa Blanca’ al interior de una guarnición militar en Barranquilla. Ha militarizado Santa Marta frente a la compleja situación que enfrenta la zona en materia de paramilitarismo, ha bombardeado a la población civil en el Catatumbo, trajo presencia de militares estadounidenses y de Israel, no sólo en el contexto de la ayuda humanitaria tras el terremoto sino como algo que se está normalizando, ahora con el anuncio del Pentágono de trasladar unidades de la 10.ª División de Montaña, con base en Fort Drum, a un centro de entrenamiento en la selva de Panamá; luego, parte del contingente llegará a territorio colombiano para el ejercicio ‘Southern Vanguard’.
Durante décadas, los derechos humanos fueron una herramienta fundamental para la defensa de la vida y la protección de las comunidades, especialmente en los momentos más duros de la guerra. Nos permitieron organizarnos como defensoras y defensores de derechos humanos, exigir garantías para las comunidades amenazadas y encontrar refugio en otros territorios cuando nuestra vida corría peligro. Sin embargo, en el contexto actual, esta herramienta parece perder parte de su capacidad de protección frente a la realidad que enfrentamos. El genocidio en Gaza, las reiteradas violaciones del Derecho Internacional Humanitario, el debilitamiento de los organismos multilaterales, el avance de gobiernos autoritarios y de extrema derecha, y las políticas cada vez más restrictivas frente a la migración y el derecho de asilo evidencian los límites de los mecanismos internacionales de protección.
Esto nos obliga a preguntarnos hasta dónde los instrumentos construidos para defender la vida siguen siendo efectivos cuando quienes tienen la responsabilidad de garantizarlos los desconocen o los vulneran. No se trata de renunciar a los derechos humanos ni a las luchas que los hicieron posibles, sino de reconocer las limitaciones de los mecanismos existentes y la necesidad de construir nuevas estrategias de protección colectiva, fortalecer las redes de solidaridad entre los pueblos y recuperar la capacidad organizativa de las comunidades para defender la vida, el territorio y la dignidad.
¿Además de la militarización del país que otras medidas está desarrollando el nuevo gobierno?
El gobierno de De la Espriella, ha basado su programa en modelos como Bukele en El Salvador, o Milei en Argentina, y centró su campaña en la seguridad, y la bajada de impuestos a las empresas y los más ricos, prometiendo un gran crecimiento económico que sería el que favorecería a la población general. Pero ha emprendido desde el primer momento una batalla cultural, derogando la legislación que protegía los derechos de las personas trabajadoras, de las mujeres o de la diversidad sexual. En estos últimos días ha llegado incluso a ordenar retirar del Museo Nacional obras que considera que se apartan del modelo de su “Patria Milagro”.
¿Cuál es pues entonces la estrategia que os planteáis para proteger los derechos de las comunidades?
La ajustada victoria electoral del nuevo gobierno, pese a la injerencia extranjera, constituye una novedad en la historia política reciente de Colombia, donde las victorias y derrotas electorales habían sido, hasta ahora, más amplias. Este resultado evidencia que el respaldo social al proyecto del Pacto Histórico, representado por Gustavo Petro, continúa siendo significativo. Esperamos que los representantes que esta fuerza política ha conseguido en el Parlamento mantengan una posición clara y elaborada en la defensa de los avances alcanzados durante su gobierno. Sin embargo, consideramos que la movilización y la organización de las comunidades desde las bases siguen siendo las herramientas más eficaces para defender sus intereses y transformar sus condiciones de vida.
Nuestro trabajo se desarrolla fundamentalmente con personas que sobreviven en la economía informal, vendiendo en las calles todo tipo de productos, desde alimentos y café hasta todo tipo de artículos e incluso de prestación de servicios como peluquería. Se trata de una población que, ante la necesidad de asegurar diariamente su sustento, se ve obligada a competir individualmente con otras personas por un espacio en la acera o en un semáforo. Esta dinámica dificulta la construcción de vínculos colectivos y formas estables de organización. También trabajamos con artistas callejeros que realizan espectáculos de circo en los semáforos o que deben desplazarse al extranjero para encontrar oportunidades laborales en cruceros y complejos turísticos.
Tanto quienes trabajan en la venta informal como quienes viven del arte callejero se encuentran, en muchos casos, en condiciones de precariedad y desprotección laboral. No cuentan con garantías como un salario mínimo ni con un empleador al que puedan reclamar sus derechos, pues deben asumir individualmente los riesgos y las responsabilidades de su propia actividad económica. Estas condiciones también ayudan a explicar las dificultades que tienen las organizaciones sindicales tradicionales para arraigarse entre estos sectores.
Por ello, nuestro trabajo busca contribuir a que estas personas se reconozcan como sujetos sociales y políticos, capaces de organizarse colectivamente, constituir cooperativas, elegir vocerías y construir espacios de interlocución con las instituciones públicas. Se trata de fortalecer su capacidad para participar en las decisiones que afectan sus condiciones de trabajo y de vida. Esto resulta especialmente importante frente a las medidas adoptadas por las administraciones municipales que, como ocurre con los intentos de regular el uso de bombonas de gas para cocinar en la calle, pueden desconocer las condiciones materiales en las que vive y trabaja esta población. Frente a ello, apostamos por una organización de base que permita a las propias comunidades participar en la construcción de soluciones, defender sus medios de subsistencia y avanzar hacia formas de trabajo y organización más colectivas y dignas.
¿Qué dimensión tiene esa economía informal en Colombia?
No hay una medición actualizada del tamaño de la economía informal porque Colombia no realiza un censo poblacional desde 2018 (el próximo está previsto para 2030). Pese a ello, la tasa de informalidad laboral ronda el 55% de los ocupados, un universo que abarca desde los 586.600 vendedores ambulantes que disputan el espacio público hasta asalariados con contratos de obra o prestación de servicios sin estabilidad ni cotización a salud o pensión. Ese amplio segmento —que aporta entre el 25% y el 30% del PIB— queda al margen de medidas como el salario mínimo: mientras esta solo beneficia a unos 2,3 millones de trabajadores formales, más de 12 millones de informales ni siquiera reciben ese ingreso y, además, soportan un mayor costo de vida.
En este nuevo panorama que enfrenta Colombia ¿cuál es para vosotras el papel de la solidaridad internacionalista?
Selene: La solidaridad internacional es fundamental para fortalecer los procesos organizativos de base y desarrollar proyectos colectivos que respondan a las necesidades reales de las comunidades, especialmente de aquellas poblaciones que enfrentan con mayor fuerza las consecuencias de la precarización laboral y de una economía informal que las mantiene en condiciones de inestabilidad, desprotección y exclusión.
Se trata de construir una solidaridad que vaya más allá del apoyo puntual y se traduzca en cooperación concreta, intercambio de saberes, fortalecimiento de capacidades organizativas y generación de alternativas económicas sostenibles, construidas desde las propias comunidades. Apostar por estos procesos implica reconocer el papel de quienes sostienen la vida cotidiana desde la informalidad, visibilizar sus experiencias y luchas, y contribuir a que sus organizaciones fortalezcan su autonomía y capacidad de acción colectiva.
Desde una perspectiva internacionalista, unir esfuerzos y recursos entre pueblos y organizaciones permite impulsar propuestas de sostenibilidad que pongan en el centro la vida, el trabajo digno, la organización popular y la construcción de relaciones económicas y sociales al servicio de las mayorías.
