Que municipios aragoneses sufren carencias de servicios y recursos, motivadas en parte por el desequilibrio poblacional y económico con la ciudad de Zaragoza, es una realidad. Acoger a tecnológicas y especuladores en tu municipio sin obligar a pagar los impuestos, que sí abonan todos tus vecinos, sacrificando el territorio es un temeridad. Exigir, posteriormente, que sean las administraciones públicas -osea toda la ciudadanía aragonesa-, las que financien las alfombras rojas puestas a las multinacionales y fondos de inversión es un despropósito.
Este es el panorama que está dejando en algunas localidades la fórmula legal PIGA, abanderada de la cohesión territorial, con la llegada de centros de datos a Aragón. El truco es tan sencillo como antiguo. Gobernantes, como Azcón y Lambán, y todopoderosas multinacionales aterrizan en los Ayuntamientos, hablando de miles de empleos, recaudaciones millonarias, incluso de milagros como reponer más recursos (agua) de los que consumen. Alcaldes caen en el cuento de la lechera y se convierten en auténticos comerciales de las tecnológicas ante su población. Pero cuando el cántaro se rompe, entonces toca llorar a las administraciones públicas para que paguen la factura de esos promotores privados.
El caso más claro es el de Calatorao y Blackstone. Aunque esta entidad se esconda bajo su filial QTS, es un fondo internacional que maneja dinero de grandes inversores como bancos y millonarios, con el único objetivo de hacer crecer su capital. En el Estado español, se le conoce sobre todo por su condición de ‘fondo buitre’ de casas de protección de la Comunidad de Madrid, con la familia Aznar-Botella de por medio. Ahora extiende su avaricia a los centros de datos en el modo ‘colocation’, construcción de estas infraestructuras hiperescalares para alquilar a clientes, preferentemente grandes tecnológicas.
Nada de esta tarjeta de presentación extrañó al alcalde de Calatorao, David Felipe, en 2024. El regidor no tuvo problema en apuntarse al cuento de Azcón: “Enorme satisfacción”, "plena disposición" a colaborar con el ejecutivo aragonés “en todo lo que haga falta”, “culminación al trabajo desarrollado durante muchos años”. Dos años después, llegan sus lamentos: “Los pueblos en los que desembarcan centros de datos estamos desamparados”. Y en lugar de señalar a QTS, urge al Gobierno de Aragón a ponerse las pilas con los centros de datos de Blackstone porque “hace falta vivienda pública”.
El desenlace ha sido cruel para el regidor. Durante la presentación de la aprobación inicial del PIGA de Blackstone, Azcón fue claro en su respuesta a David Felipe: que construya vivienda el municipio con la futura recaudación anual de IBI e IAE del fondo de inversión. El presidente aprovechó la ocasión para sacar colmillo electoral y responsabilizar al PSOE del impago de 57 millones de euros a Calatorao por el ICIO de sus centros de datos. Una falsedad, ya que tanto Lambán como él, utilizan este millonario impuesto local para presionar a los municipios en la aceptación de este tipo de proyectos.
Azora, ‘fondo buitre’ muy español
Parece que mejor suerte ha corrido Villamayor de Galligo en este cambalache público-privado. Con la llegada de Microsoft, José Luis Montero, regidor del municipio, no tuvo problema en alabar a la tecnológica, aún con frases tan desafortunadas como: “Desde luego, en Villamayor, preferimos que venga una empresa de éstas, de este sector, que venga una fábrica de armas”. Israel ha utilizado los centros de datos de Microsoft para espiar a los palestinos durante el genocidio. No solo lo confirman sus propios trabajadores, sino también la ONU.
Las alarmas saltaron en el municipio, cuando se volvió a colar un nuevo PIGA de centros de datos, el de Azora. Esta entidad es un fondo de inversión español fundado en 2003 por Concha Osácar y Fernando Gumuzio, dos exdirectivos del Banco Santander. Es el claro ejemplo de fondo buitre inmobiliario, que aprovechó la gestión de ‘activos tóxicos’ adquiridos tras la crisis de 2008. Después de recibir varapalos judiciales, como el de las cláusulas abusivas de alquileres, ahora busca otros sectores, como ‘la nube’, para especular también en modo ‘colocation’.
La estrategia del municipio fue poner un contecioso-administrativo contra el PIGA de Azora para negociar la construcción de un instituto, que permita ampliar la oferta de 3º y 4º de la ESO. Este alumnado acude actualmente al IES Itaca, ubicado en Zaragoza. Tras prorrogar en tres ocasiones la ratificación de este recurso, parece haber conseguido su objetivo tras negociar con el Gobierno de Aragón. El consejero de Fomento, Octavio López, también hizo su particular muesca electoral y comunicó públicamente este acuerdo de “ampliación de instituto” la pasada semana en Cortes de Aragón. Más allá del circo político, la realidad es que la tecnológica y el fondo especulador se ahorran el millonario ICIO, mientras el centro educativo se sufragará con dinero público en contraprestación a estos impagos privados.
La Puebla de Hijar, sainete patrocinado por AWS
El caso de La Puebla de Hijar es algo más surrealista. Parece que la llegada de Amazon, la multinacional que no ha pagado ni ICIO, ni IAE, ni IBI de sus centros de datos en Villamayor de Galligo desde 2022, no asustó al alcalde del municipio, Pedro Bello. Más bien, creyó encontrar una oportunidad para conseguir una reivindicación legítima como el desdoblamiento de la N-232 : “Tener una autovía en condiciones es algo bueno para el desarrollo del proyecto. Si tiene que venir una multinacional famosa desde la otra parte del mundo, quizás tengamos ese eco”.
La reivindicación histórica se convirtió en sainete gracias a la participación David Blázquez, responsable de Relaciones Institucionales para Infraestructura, Energía y Sostenibilidad en AWS para el Estado español y Portugal. Durante la presentación del proyecto, el directivo hizo suya esta reclamación ante Azcón, cuando las competencias de la construcción de las autovías corresponden al Ministerio de Fomento. Blázquez manifestó: “Otro de los elementos que para nosotros ha sido fundamental, bueno, pues conseguir que esta inversión alcanzase a Teruel ¿no? Un lugar o una provincia que se ha mirado desde el retrovisor desde muchos lugares de España, ¿no? Pues creemos que con esto puede adelantar por la izquierda ¿no? Si lo puede hacer además, desde una autovía para que el adelantamiento sea un poquito más fácil, pues también nos encantaría, ¿no?” “Nos encantaría que pudiera haber una autovía por la que poder adelantar de aquí a Alcañiz, ¿no?”
Batalla judicial en Villanueva de Galligo
Al contrario que los anteriores municipios, parece que la paciencia de Villanueva de Galligo ha tenido un límite con el Gobierno de Aragón y Amazon. En 2020, su anterior alcalde, Mariano Marcén, ya reclamó el ICIO a Lambán, llegando finalmente a un acuerdo tras las presiones de trasladar el proyecto a otro municipio.
Esa carta de amenaza ya no le ha valido al actual ejecutivo de Azcón, ya que en la fase de expansión era necesario repetir en esta localidad. Pese a ello, tanto el Gobierno de Aragón como la tecnológica han ignorado las peticiones del consistorio. Finalmente, el pleno del Ayuntamiento ratificó en julio su contencioso administrativo para reclamar los 23 millones de euros por el ICIO, mayor aprovechamiento lucrativo y no cargar con el mantenimiento urbanístico de las nuevas instalaciones de AWS.
Visto este callejón sin salida, Vantage abandonó su plan de centros de datos en Villanueva de Galligo, pese a haber obtenido la declaración de interés general para Aragón (DIA) por el ejecutivo de Azcón. Este proyecto se presentó en colaboración con empresarios locales, entre los que destaca Pedro Machín, presidente del clúster de la Energía de Aragón. Estos promotores probarán de nuevo suerte en el milmillonario negocio de los centros de datos, ahora de la mano de O-Green, un fondo de inversión del Sultanato de Omán. El nuevo territorio a sacrificar, San Mateo de Galligo. ¿Se creerá también su alcalde socialista el cuento de la lechera?
