Desde que, a finales de enero de 2026, el presidente Nasry Asfura asumiera el Gobierno de Honduras, se ha iniciado un proceso de despojo que afecta a comunidades indígenas, campesinas y garífunas que se oponen desde sus territorios a proyectos empresariales extractivistas y que no cuentan con el consentimiento de las poblaciones afectadas. Las reformas legales aprobadas por el Congreso durante estos meses para impulsar la agroindustria, el turismo y los proyectos de energía han convertido los desalojos en una de las principales herramientas de presión, incluso prescindiendo de la intervención de las autoridades judiciales. Se estima que hay más de 1.000 desalojos de comunidades pendientes de ejecución en todo el país.
En cambio, los procedimientos judiciales relacionados con los asesinatos de defensores de la tierra, como Berta Cáceres y Juan López, sufren aplazamientos u obstáculos. Asimismo, se aplaza la ejecución de órdenes de desalojo contra grupos criminales que estaban pendientes antes del cambio de Gobierno, lo que, según las organizaciones denunciantes, favorece la impunidad e incrementa el riesgo para las comunidades.
El Bajo Aguán
El Bajo Aguán es una fértil región del Caribe hondureño donde se hace patente este escenario de impunidad. En ella abundan los conflictos sociales derivados de una reforma agraria inacabada, la actividad minera, el cultivo de palma aceitera, la corrupción y el narcotráfico. Estos factores están interrelacionados y se retroalimentan.
El desplazamiento de los integrantes de la Cooperativa Camarones por el grupo criminal Los Cachos pone de manifiesto las denuncias sobre la falta de protección estatal a las comunidades campesinas y la presunta colusión policial con grupos criminales.
El 25 de diciembre de 2024, el grupo criminal denominado ‘Los Cachos’ atacó y desplazó a 160 familias campesinas de la Cooperativa Camarones. Posteriormente, intentó hacer lo mismo, sin éxito, en las cooperativas campesinas El Tranvío y El Chile.
Los intentos de desalojar a este grupo han fallado reiteradamente. El 8 de diciembre de 2025, el operativo volvió a fracasar. Los centenares de campesinos que iban a regresar a sus fincas con motivo del desalojo previsto para esa fecha fueron atacados en Quebrada de Arenas.
A pesar de existir una orden judicial y de haberse desplegado un operativo con más de 1.021 policías, decenas de vehículos y un helicóptero, los campesinos acudieron al llamamiento de las autoridades para recuperar la posesión de sus fincas y fueron agredidos por decenas de personas procedentes de la finca que se pretendía recuperar y de sus alrededores. Según las denuncias, las autoridades policiales y judiciales presentes en el lugar no intervinieron para impedir las agresiones.
Después de casi un año de espera, un juez programó un nuevo intento de desalojo para el 14 de octubre de 2026. Sin embargo, un día antes, la Secretaría de Seguridad anunció que no podía llevarse a cabo por falta de personal.
Ante esta situación, las familias de la Cooperativa Camarones y otras cooperativas campesinas integradas en la Plataforma Agraria se movilizaron el día previsto para esa diligencia para exigir que se ejecute el desalojo urgentemente y que se garantice el retorno seguro de las familias a sus fincas. Para ello, realizaron sendas manifestaciones en la carretera de acceso a Tocoa que fueron desconvocadas después de que las autoridades policiales requiriesen la presencia de los representantes de Plataforma Agraria del Aguán en una reunión que se celebró esa misma mañana para analizar y garantizar la ejecución del desalojo.
Doble moral e hipocresía del Estado
La Plataforma Agraria del Aguán, la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA) y el Estudio para las Ciencias Jurídicas (ECJ) emitieron un comunicado en el que denuncian "la doble moral e hipocresía" del Estado: "La Policía Nacional (PN) posee la capacidad operativa e institucional para ejecutar desalojos de manera inmediata y violenta en contra de comunidades garífunas y campesinas, incluso sin orden judicial; sin embargo, cuando se trata de actuar contra grupos criminales que sirven a los intereses de corporaciones agroindustriales, las autoridades se declaran incapaces y cancelan los operativos".
El pueblo garífuna
El comunicado se refiere a los desalojos de comunidades campesinas y garífunas, entre ellos los de San Juan y Triunfo de la Cruz, en Tela, en el vecino departamento de Atlántida.
En junio, se aprobó el Decreto 107-2026, denominado Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial, Proyectos de Energía, Turismo, Ganadería y Pequeños Productores Agrícolas de Honduras. La norma declara de orden público, interés y prioridad nacional la protección de las actividades agroindustriales, los proyectos de energía y el turismo. Asimismo, contempla disposiciones que, según sus críticos, pueden criminalizar actividades contrarias a esos intereses. Entre las personas y organizaciones que podrían verse afectadas se encuentran grupos y cooperativas campesinas que promueven el comercio justo y la economía circular frente a un modelo extractivo que, según sus detractores, traslada fuera del país buena parte de los beneficios económicos.
Antes de que transcurrieran diez días desde su entrada en vigor, la comunidad garífuna de San Juan, en Tela, sufrió un desalojo exprés. Más de 200 policías intervenieron sin una orden judicial específica, según las denuncias de organizaciones como la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), que defiende los derechos del pueblo garífuna, pese a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos había reconocido en una sentencia de 2025 los derechos de propiedad colectiva de las comunidades sobre sus territorios ancestrales.
En la actualidad, cinco activistas garífunas están procesados por presunta usurpación agravada y permanecen en libertad bajo medidas cautelares.
Política nacional
El Gobierno de Nasry Asfura impulsa una agenda económica que, según sus críticos, favorece los intereses de los sectores agroindustrial, energético y turístico, así como de empresas extranjeras. Mientras estos sectores reciben protección institucional, las organizaciones que cuestionan sus proyectos se enfrentan a desalojos, procesos judiciales y al riesgo de que sus acciones sean calificadas como terrorismo, a raíz de una serie de reformas penales y en materia de seguridad.
El Decreto 107-2026, denominado Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial, Proyectos de Energía, Turismo, Ganadería y Pequeños Productores Agrícolas de Honduras, fue la primera de las normas aprobadas como parte de un dispositivo que da cobertura a un diseño de país alineado con los intereses empresariales y orientado a favorecerlos, que, entre otras cosas, amenaza con dar carpetazo a la inconclusa reforma agraria. La ley declara de orden público, interés y prioridad nacional la protección de las actividades agroindustriales, los proyectos de energía y el turismo.
La aprobación, en mayo, del Decreto 84-2026 introdujo modificaciones en determinados artículos del Código Penal y del Código Procesal Penal en materia de extorsión y maras y pandillas, a las que se atribuye la condición de asociaciones terroristas. La reforma despertó las críticas de organizaciones sociales, que consideran que puede criminalizar la protesta y permitir que acciones legítimas de reivindicación de derechos sean perseguidas como actos terroristas.
Por último, el Decreto Legislativo 208-2026 endureció el régimen penitenciario y permite, además, declarar «territorios de alto riesgo» determinadas zonas donde operen grupos declarados asociaciones terroristas, maras o pandillas, en sus distintas denominaciones. En esos territorios se aplicarían medidas excepcionales de control, vigilancia y recuperación del territorio.
Reforma agraria y conflicto del Aguán
En el fondo de este conflicto se encuentra el fracaso de la reforma agraria hondureña, especialmente en la fértil región del Bajo Aguán, donde los terratenientes recurren, según las denuncias de las organizaciones campesinas, a grupos paramilitares para apropiarse de tierras adjudicadas al campesinado durante el proceso de reforma agraria. Entre estos grupos se encontraría la banda criminal Los Cachos. A ello se suma la presencia del narcotráfico, que ha contribuido a complejizar el conflicto.
Desde 2010 hasta la actualidad, la violencia de estas estructuras ha causado el asesinato de más de 200 personas vinculadas a organizaciones de defensa de la tierra. Solo en 2025, once personas fueron asesinadas.
El pasado mes de abril, la Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples (EPHPM 2024) recogió que alrededor de 423.845 personas —el 4,5 % de la población hondureña— habían experimentado desplazamiento interno por la violencia en algún momento de su vida.
Impunidad genera más violencia
Plataforma Agraria, COPA y ECJ advirtieron que la no ejecución del desalojo es un mensaje de impunidad que alienta que otros grupos armados sigan atacando y desplazando impunemente familias campesinas y que este mensaje contradice el discurso gubernamental de combate al crimen organizado y genera profunda preocupación por la vida y seguridad de las comunidades.
