La nueva Ordenanza Cívica de Zaragoza llevaba apenas unas horas en vigor cuando Natalia Chueca decidió estrenarla poniendo el foco sobre la acampada por el derecho a la vivienda instalada desde el jueves en la plaza España.
La alcaldesa del Partido Popular calificó la protesta como un “ataque al orden público” y anunció que la Policía Local “actuará de oficio” aplicando la nueva normativa municipal. Chueca aseguró además que había solicitado previamente a la Delegación del Gobierno español en Aragón medidas preventivas para evitar que en Zaragoza se reprodujera una acampada como la de la Puerta del Sol de Madrid y este viernes remitió una nueva petición al delegado Fernando Beltrán.
Frente al escenario dibujado por la alcaldesa, fuentes de la Delegación del Gobierno consultadas por AraInfo sostienen que, mientras no exista una alteración del orden público, la protesta está amparada por el derecho de reunión.
La acampada llega este sábado a su última jornada después de dos noches en plaza España. El Sindicato de Inquilinas de Zaragoza ha decidido desmontar el campamento a las 15:00 para concentrar todas sus fuerzas en la manifestación que partirá a las 18:00 desde la plaza Santo Domingo. La protesta comenzó el jueves con alrededor de medio centenar de tiendas y este sábado había superado ya las 200.
La dureza empleada por Chueca contrasta con el desarrollo de la protesta. La acampada se ha mantenido de forma pacífica y la propia organización estableció normas internas de limpieza y prohibición del consumo de alcohol. Sus reivindicaciones apuntan a la escalada de los alquileres, los desahucios y las dificultades para acceder a una vivienda; la respuesta de la alcaldesa, sin embargo, ha colocado en primer plano la Ordenanza Cívica y la actuación de la Policía Local.
Una Ordenanza contra el derecho a la protesta
La Ordenanza Cívica entró en vigor este viernes, 2 de octubre. Fue aprobada en el pleno municipal del 3 de septiembre con los votos de PP, Vox y la concejala no adscrita —ex de la formación ultraderechista—.
Su aplicación a la acampada, sin embargo, ha arrancado rodeada de un considerable embrollo. Cadena SER señala que la norma castiga la ocupación prolongada del espacio público mediante tiendas y otros elementos con multas de 50 a 750 euros.
Pero el texto publicado contiene además otro artículo que considera muy grave pernoctar o realizar determinados usos de los espacios de dominio público y establece sanciones de 1.501 a 3.000 euros. El propio Gobierno municipal ha reconocido que existe un “error” en la versión publicada y asegura que solicitó una corrección que todavía no había aparecido en el Boletín Oficial de la Provincia este viernes.
La norma permite también retirar tiendas y otros elementos instalados en la vía pública e intervenir megáfonos o altavoces en determinadas circunstancias.
La Ordenanza Cívica es, en cualquier caso, un reglamento municipal. El derecho de reunión está regulado mediante ley orgánica y la autoridad gubernativa competente es la Delegación del Gobierno. El propio texto municipal deja a salvo expresamente el “derecho de reunión y manifestación legalmente comunicado” en su regulación sobre fuentes de sonido.
Sindicato de Inquilinas: “Deja muy claro de qué lado está la alcaldesa”
La respuesta de quienes protagonizan la acampada no se ha hecho esperar. El Sindicato de Inquilinas de Zaragoza reivindica su derecho a ocupar el espacio público y rechaza las amenazas de Chueca. “Queremos defender nuestro derecho a estar aquí ante todo lo que está ocurriendo y los abusos que sufrimos día a día”, explica el colectivo, que considera legítimos tanto “el derecho a organizarse y de protestar” como “el derecho a ocupar el espacio público”.
El Sindicato advierte además de que denunciará cualquier actuación represiva contra la protesta: “Esperemos que no haya represión y, si la hay, la denunciaremos”. Y dirige una crítica expresa a Chueca: “Deja muy claro de qué lado está la alcaldesa, y cómo le importan las necesidades de la gente normal de clase trabajadora”.
El balance de estas dos noches es de “éxito”. “Han sido días de solidaridad y de demostrar que somos capaces de tomar el espacio público que están intentando privatizar y de defender lo que es nuestro”, explica Paula Ríos, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Zaragoza, en declaraciones a los medios. La organización destaca también los cientos de personas que han participado en las actividades y las numerosas muestras de apoyo recibidas en forma de materiales, aportaciones económicas o ayuda directa.
⭕️ La acampada de plaza España se desmonta este sábado a las 15:00 tras dos noches y más de 200 tiendas. @InquilinasZgz valora “un éxito” y llama a volcar fuerzas en la manifestación de las 18:00: “Levantar la acampada no significa acabar aquí. La lucha sigue, es el único… pic.twitter.com/qzUVDPLEnK
— AraInfo (@arainfonoticias) October 3, 2026
“Hace tres semanas ocupar la plaza España con un campamento lleno de pancartas diciendo que hay que acabar con el negocio de la vivienda parecía imposible y, sin embargo, este sábado es una realidad”, señala Ríos. Para el Sindicato, lo ocurrido demuestra que “no podemos estar resignadas” y que la respuesta debe ser continuar organizándose.
“Hoy hemos decidido levantar la acampada para continuar la lucha por otros medios”, explica la portavoz. El siguiente paso será la manifestación de este sábado por la tarder: “Tenemos que demostrar que estamos hartas, que somos miles y que queremos acabar con el negocio de la vivienda”.
Después llegará una nueva fase de organización. El Sindicato convoca para el jueves 8 de octubre, a las 19:00 en la plaza San Pablo, una gran asamblea con la intención de extender la lucha a los barrios, centros de estudio y centros de trabajo. “Levantar la acampada no significa en ningún caso acabar aquí”, recalca Ríos. “La lucha sigue, es el único camino”.
ZeC: “Ya avisamos de que se utilizaría para restringir libertades”
Las palabras de Chueca han provocado también la respuesta de Zaragoza en Común. Elena Tomás reprocha a la alcaldesa que su preocupación sea “levantar la acampada por la vivienda” en lugar de ocuparse de que quienes viven en Zaragoza puedan acceder a una vivienda digna. “¡Es de locos!”, denuncia.
Suso Domínguez recuerda que ZeC ya advirtió, cuando se aprobó la Ordenanza Cívica hace menos de un mes, de que “se utilizaría para restringir libertades”.
“Hoy nos amenazan con ella”, denuncia Domínguez, que responde directamente al argumento utilizado por la alcaldesa: “Claro que si se considera la libertad de reunión, de manifestación y de expresión un ‘ataque al orden público’ está todo dicho”.
La aprendiz de Ayuso mira hacia Sol
El camino elegido por Chueca tiene un precedente inmediato en Madrid. Allí, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y el Ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida han presionado para conseguir el desalojo de la acampada de la Puerta del Sol surgida tras el desahucio de Maricarmen, la mujer de 87 años expulsada en camilla de la vivienda en la que llevaba siete décadas.
Ayuso ha anunciado acciones judiciales para forzar el desalojo, mientras la Delegación del Gobierno en Madrid sostiene que la protesta es pacífica y está amparada por el derecho de reunión.
Almeida ha llegado todavía más lejos en su búsqueda de argumentos para justificar una intervención. El Ayuntamiento de Madrid remitió fotografías de diferentes objetos encontrados en Sol como prueba de los supuestos riesgos para la seguridad. Entre ellas aparece una imagen especialmente reveladora: un cuchillo junto a unas rebanadas de pan y un bote de hummus. El Consistorio madrileño presentó la fotografía entre sus argumentos para reclamar una intervención inmediata en la acampada.
La aprendiz de Ayuso en Zaragoza reproduce ahora el marco madrileño: una movilización nacida para denunciar alquileres, desahucios y especulación inmobiliaria convertida desde las instituciones gobernadas por el PP en una cuestión de seguridad y orden público.
Cuando en Ferraz sí hubo violencia
La hemeroteca permite además comparar esa respuesta con la que PP y sus dirigentes madrileños mantuvieron ante otras protestas. En noviembre de 2023, las movilizaciones de las derechas, ultraderechas y grupúsculos neonazis contra la ley de amnistía frente a la sede del PSOE en la calle Ferraz registraron episodios de violencia.
En una de aquellas jornadas, un grupo de alrededor de 200 ultraderechistas lanzó botellas y otros objetos contra la Policía y cortó las bridas de las vallas de seguridad. Las investigaciones policiales identificaron entre quienes protagonizaron disturbios a miembros de grupúsculos de extrema derecha y ultras del Real Madrid y del Atlético de Madrid.
Almeida condenó entonces las actuaciones violentas, pero insistió en separar a sus responsables del resto de manifestantes. “La infinita mayoría” había actuado pacíficamente, defendió el alcalde, que habló de “unos cuantos” responsables de los incidentes. Ayuso utilizó una distinción similar. Condenó la violencia de “unos grupos de ultras” que, según sus propias palabras, habían “roto una protesta pacífica”, mientras defendía a quienes se manifestaban “en favor de la democracia”.
Tres años después, el criterio parece haber cambiado. Ante unas acampadas pacíficas por el derecho a la vivienda, los gobiernos del PP endurecen el discurso: en Madrid, un cuchillo junto al pan y el hummus forma parte de las pruebas esgrimidas para reclamar un desalojo; en Zaragoza, Chueca estrena la Ordenanza Cívica hablando de “ataque al orden público” y anunciando que la Policía Local actuará “de oficio”.
