Las condiciones documentadas por Igualdad Animal en nueve granjas porcinas de Aragón llegan a las Cortes. CHA ha registrado una pregunta parlamentaria dirigida a la consejera de Agricultura, Ganadería y Alimentación para exigir explicaciones al Gobierno de Aragón, PP-Vox, por su actuación ante las denuncias de posibles incumplimientos de la normativa de bienestar y protección animal.
El caso fue abordado por AraInfo el pasado mes de febrero, cuando este diario publicó las imágenes obtenidas por Igualdad Animal en nueve explotaciones de cría, maternidad y engorde. La investigación mostraba lechones muertos, animales con heridas abiertas e inflamaciones, cerdas confinadas en jaulas extremadamente estrechas y mutilaciones como el corte de cola.
La organización había denunciado varias de las explotaciones ante el Gobierno de Aragón en noviembre de 2025. Tras las inspecciones realizadas por los Servicios Veterinarios Oficiales, el Servicio Provincial de Zaragoza resolvió el 21 de enero de 2026 no iniciar expediente sancionador al considerar que no se habían constatado infracciones administrativas en materia de bienestar y protección animal.
Igualdad Animal presentó posteriormente un recurso de alzada contra esa decisión que, según informa ahora la organización, continúa pendiente de resolución.
CHA cuestiona la respuesta de la DGA
La iniciativa registrada por el diputado de CHA Miguel Jaime Angós pone el foco precisamente en la distancia entre las imágenes aportadas y la respuesta administrativa.
La formación pregunta al Ejecutivo de Jorge Azcón cómo justifica que no se incoara expediente sancionador “pese a la documentación audiovisual aportada con la denuncia y difundida públicamente” y a que las actuaciones inspectoras constataron hechos como la práctica del raboteo y la retirada diaria de cadáveres.
La polémica aumentó después de que la directora general de Calidad y Seguridad Alimentaria, Aitziber Lanza, reconociera públicamente en febrero la existencia de animales en las enfermerías y casos en los que los ejemplares podían no encontrarse cuidados en las condiciones adecuadas. Pese a ello, la Administración mantuvo su decisión de no abrir expediente.
Igualdad Animal cuestionó entonces la respuesta del Ejecutivo y denunció la insuficiencia de un sistema que inspecciona anualmente entre el 1% y el 3% de las explotaciones. Con 4.622 granjas porcinas en Aragón, la organización calculaba que una explotación puede tardar hasta 60 años en ser inspeccionada.
Las actas constatan raboteo y retirada de cadáveres
Hay además un elemento nuevo. Igualdad Animal solicitó mediante la normativa de transparencia la documentación de las inspecciones realizadas por los Servicios Veterinarios Oficiales. Según explica la organización, las actas constatan la retirada diaria de cadáveres y la práctica del corte de cola o raboteo de lechones, prohibida por la normativa europea cuando se realiza de manera rutinaria.
La entidad sostiene, asimismo, que las actuaciones inspectoras no contrastaron específicamente sus resultados con las pruebas audiovisuales que había aportado junto a la denuncia.
CHA lleva ahora estas cuestiones al Parlamento aragonés y reclama explicaciones sobre la eficacia de los controles, la valoración de las pruebas presentadas y la decisión de no iniciar procedimientos sancionadores.
Por su parte, Igualdad Animal insiste en reclamar inspecciones “efectivas y exhaustivas” y que las denuncias acompañadas de evidencias sean investigadas adecuadamente para evitar, en sus palabras, que “el sufrimiento animal quede fuera del radar administrativo”.
