Como ha adelantado El Alto Jalón, el Ayuntamiento de Embid de Ariza ha incluido en el orden del día de la Asamblea Vecinal que se celebrará este viernes 25 de septiembre una propuesta para autorizar al alcalde, Joaquín Mariscal Horna (PSOE), a iniciar procedimientos judiciales contra la Asociación de Vecinos y Vecinas de Embid de Ariza y contra su representante, Javier Baena Luengo, sin especificar las razones de tal petición.
La misma convocatoria incorpora otro sorprendente punto en el que se dará cuenta de las denuncias presentadas ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) contra los medios de comunicación El Alto Jalón y AraInfo | Diario Libre d’Aragón por la publicación de una imagen tomada durante una Asamblea Vecinal, con el objeto de ilustrar una información relevante que permita a la sociedad de Embid de Ariza conocer hechos relevantes, exigir rendición de cuentas a sus gobernantes y tomar decisiones informadas. Una denuncia desconocida por ambos medios de comunicación.
La Asamblea Vecinal está convocada a las 12:30 horas de este viernes 25 de septiembre en el salón de sesiones del Ayuntamiento. La reunión ordinaria incluye, además de estas cuestiones, diferentes asuntos relacionados con otros procedimientos judiciales, contratación de servicios jurídicos y gestión municipal, así como la Cuenta General de 2025, el presupuesto municipal para 2027, obras, subvenciones y actuaciones sobre bienes inmuebles municipales.
Este nuevo episodio polémico se produce después de que la presión vecinal y las investigaciones abiertas sobre la gestión de determinadas parcelas municipales y ayudas de la Política Agraria Común (PAC) hayan situado al pequeño municipio de la Comunidad de Calatayud en el foco público. Como ya informó AraInfo en junio, la Fiscalía europea asumió entonces la investigación relacionada con ayudas PAC declaradas sobre parcelas vinculadas al Ayuntamiento, después de un recorrido que había pasado por diferentes instancias administrativas, fiscales y judiciales.
El Ayuntamiento quiere autorizar acciones judiciales contra la asociación vecinal
El punto 15 del orden del día plantea literalmente la “autorización al señor alcalde para interponer procedimientos judiciales en contra de la Asociación de Vecinos y Vecinas de Embid de Ariza y de su representante Don Javier Baena Luengo”. Sin embargo, la convocatoria municipal no concreta qué hechos estarían detrás de esta iniciativa, qué tipo de procedimientos pretende promover el Ayuntamiento ni cuáles serían los fundamentos jurídicos de las acciones anunciadas.
Tampoco especifica si la iniciativa estaría vinculada a las solicitudes de información, reclamaciones administrativas y actuaciones de fiscalización desarrolladas durante los últimos años por la asociación vecinal, que ha venido reclamando explicaciones sobre diferentes aspectos de la gestión municipal.
La Asociación de Vecinos y Vecinas de Embid de Ariza, representada por Javier Baena, ha utilizado durante este periodo los mecanismos de acceso a la información pública y las vías administrativas y judiciales para trasladar a distintos organismos cuestiones relacionadas con la gestión del Ayuntamiento. Algunas de estas actuaciones desembocaron en investigaciones que actualmente siguen su recorrido institucional y judicial.
La nueva propuesta municipal no permite conocer todavía cuál es exactamente la actuación concreta que el Ayuntamiento considera susceptible de ser llevada ante los tribunales. Será la Asamblea Vecinal la que deba pronunciarse sobre la autorización planteada.
Denuncias ante la AEPD contra El Alto Jalón y AraInfo
El punto 12 del orden del día anuncia que se dará cuenta de las “denuncias ante la AEPD por tratamiento y difusión no autorizada de imagen en asamblea vecinal contra AraInfo y El Alto Jalón”.
La cuestión se refiere a fotografías publicadas por ambos medios de comunicación durante la información de la actividad institucional del Ayuntamiento de Embid de Ariza. Las fotografías fueron facilitadas por un vecino que autorizó expresamente su utilización periodística. En ella aparecen el alcalde, un concejal y el representante de la gestoría externa contratada por el Ayuntamiento durante el desarrollo de una sesión municipal.
La imagen fue publicada para informar sobre la actividad del consistorio y no correspondía a un ámbito privado. Se trataba de una reunión de la Asamblea Vecinal, órgano de gobierno municipal en un municipio que funciona bajo el régimen de concejo abierto.
Esta circunstancia resulta especialmente relevante. La Ley 9/2009, de Concejos Abiertos de Aragón, establece que en este régimen el gobierno municipal corresponde al alcalde y a una Asamblea integrada por las personas electoras del municipio. Esta Asamblea ejerce las funciones que en un Ayuntamiento de régimen común corresponden al Pleno y sus reuniones se convocan públicamente.
El propio marco de criterios públicos de la Agencia Española de Protección de Datos contempla la posibilidad de grabar y difundir las sesiones de los plenos municipales, sin perjuicio de los derechos que puedan corresponder a las personas que aparecen en las imágenes y de las obligaciones que debe cumplir quien realiza la publicación. En este caso, la cuestión deberá ser valorada por el organismo competente a partir de las circunstancias concretas de las fotografías y de su utilización periodística, en este caso para ilustrar una información de interés general que permita a la sociedad de Embid de Ariza conocer hechos relevantes, exigir rendición de cuentas a sus gobernantes y tomar decisiones informadas.
El Ayuntamiento de Embid de Ariza pretende contratar al abogado ‘de los famosos’
Tal y como adelanta El Alto Jalón, el alcalde pretende que la Asamblea Vecinal aborde también la contratación de servicios jurídicos. El punto 14 propone autorizar expresamente la contratación del abogado zaragozano Enrique Trebolle Lafuente, especializado principalmente en Derecho Penal y con varias décadas de trayectoria profesional.
Trebolle, conocido popularmente como ‘el abogado de los famosos’ ha intervenido en procedimientos judiciales de repercusión pública. Entre ellos figura la defensa del torero José Ortega Cano en el procedimiento derivado del accidente de tráfico ocurrido en mayo de 2011, en el que falleció Carlos Parra y por el que Ortega Cano fue condenado.
Como detalla El Alto Jalón, el abogado también ha participado en procedimientos relacionados con responsables políticos, entre ellos el denominado caso AUZSA, surgido a raíz de una querella por presuntos delitos de prevaricación y malversación que afectaba a responsables políticos y administrativos del Ayuntamiento de Zaragoza, entre ellos el entonces alcalde Juan Alberto Belloch.
Su trayectoria profesional también tiene relación con el propio medio de comunicación El Alto Jalón, pues Trebolle fue abogado defensor del exalcalde de Alhama de Aragón José María Castejón en el procedimiento judicial derivado de sus enfrentamientos con el también exalcalde Joaquín Antón. Castejón fue absuelto y, posteriormente, el Ayuntamiento de Alhama de Aragón acordó el pago de casi 47.000 euros correspondientes a sus gastos de defensa.
La contratación propuesta ahora en Embid de Ariza se produce en un contexto en el que el propio Ayuntamiento plantea emprender acciones judiciales contra la asociación vecinal y su representante y mientras existen diligencias judiciales relacionadas con la gestión municipal. En ese sentido, el orden del día recoge las diligencias previas por presuntos delitos de fraude y malversación, y el punto 13 de la convocatoria anuncia que la Asamblea dará cuenta de las diligencias previas 226/2026, que el propio orden del día identifica como relativas a presuntos delitos de fraude y malversación del alcalde.
Este procedimiento se suma al recorrido judicial de las denuncias relacionadas con las parcelas municipales y las ayudas agrarias que ya fue objeto de información por AraInfo, que ya en junio explicó que la Fiscalía europea había asumido la investigación sobre las ayudas de la PAC declaradas sobre parcelas vinculadas al Ayuntamiento de Embid de Ariza. El procedimiento había comenzado a partir de las actuaciones desarrolladas por la Asociación de Vecinos y Vecinas, que durante años había solicitado documentación y trasladado sus denuncias a diferentes organismos.
La Dirección General de Producción Agraria del Gobierno de Aragón remitió documentación oficial que posteriormente motivó la apertura de diligencias por parte de la Fiscalía de Zaragoza. Tras una primera investigación fiscal y su posterior tramitación judicial en Calatayud, el asunto llegó a la Fiscalía europea por afectar potencialmente a los intereses financieros de la Unión Europea.
El pasado abril trascendió, además, que el Juzgado de Calatayud había incoado diligencias previas después de una denuncia de la Fiscalía de Zaragoza por posibles delitos de fraude a la Administración, malversación, prevaricación y fraude de subvenciones relacionados con la gestión de parcelas municipales y el cobro de ayudas agrarias. La investigación, como ya señaló AraInfo, no implica por sí misma la existencia de responsabilidad penal, que corresponde determinar exclusivamente a las autoridades judiciales competentes.
El presidente de la asociación vecinal, Javier Baena, fue citado para declarar como testigo ante la Fiscalía europea el pasado 15 de julio en Madrid. La entidad vecinal ha defendido durante todo el procedimiento que su actuación se ha limitado a solicitar información, recopilar documentación y trasladar a las instituciones aquellos hechos que consideraba necesario esclarecer, reivindicando al mismo tiempo el respeto a la presunción de inocencia.
