La Fiscalía europea ha asumido la investigación relacionada con ayudas de la Política Agraria Común (PAC) declaradas sobre parcelas vinculadas al Ayuntamiento de Embid de Ariza -Comunidad de Calatayud-, un procedimiento que ha pasado por distintas fases administrativas, fiscales y judiciales hasta llegar al ámbito europeo, y que salpica directamente al alcalde Joaquín Mariscal Horna (PSOE).
El caso tiene su origen en el trabajo democrático desarrollado por la Asociación de Vecinos y Vecinas de Embid de Ariza, que durante los últimos años ha venido solicitando información y presentando denuncias para esclarecer el uso y la gestión de determinadas parcelas municipales declaradas en la PAC. Según explica la entidad vecinal, las peticiones de acceso a información pública y las denuncias formuladas ante diferentes organismos derivaron posteriormente en la remisión de documentación oficial por parte de la Dirección General de Producción Agraria del Gobierno de Aragón, circunstancia que motivó la apertura de diligencias por parte de la Fiscalía de Zaragoza.
Tras una primera investigación fiscal y su posterior tramitación judicial en Calatayud, la causa ha sido asumida por la Fiscalía europea, organismo competente para investigar posibles delitos que afecten a los intereses financieros de la Unión Europea.
La Asociación de Vecinos y Vecinas de Embid de Ariza ha informado además de que su presidente, Javier Baena Luengo, ha sido citado oficialmente para declarar como testigo el próximo 15 de julio en la sede de la Fiscalía europea en Madrid.
Desde la entidad vecinal subrayan que su actuación se ha limitado en todo momento a utilizar los mecanismos legales de acceso a la información pública, transparencia y denuncia ante los organismos competentes. “Nuestro objetivo siempre ha sido que las instituciones revisaran unos hechos que considerábamos que debían aclararse. Serán ahora la Fiscalía europea y, en su caso, los órganos judiciales quienes determinen lo ocurrido y las posibles responsabilidades”, señalan desde la asociación.
La organización recuerda igualmente su respeto a la presunción de inocencia y recalca que la existencia de una investigación no implica por sí misma responsabilidad alguna, correspondiendo exclusivamente a las autoridades competentes el esclarecimiento de los hechos.
La asunción de la causa por parte de la Fiscalía europea supone un nuevo paso en un procedimiento que ya había tenido recorrido en distintas instancias. El pasado mes de abril trascendió que el Juzgado de Calatayud había incoado diligencias previas tras una denuncia presentada por la Fiscalía de Zaragoza por posibles delitos de fraude a la administración, malversación, prevaricación y fraude de subvenciones relacionados con la gestión de parcelas municipales y el cobro de ayudas agrarias.
En declaraciones a AraInfo, Javier Baena subraya que “nuestro objetivo nunca ha sido condenar a nadie ni sustituir a la Justicia. Lo único que hemos hecho durante estos años ha sido solicitar información, recopilar documentación y trasladar a las instituciones competentes aquellos hechos que considerábamos que debían ser aclarados. Que ahora sea la Fiscalía europea quien investigue demuestra que los mecanismos democráticos también funcionan en los pueblos pequeños”.
“Sinceramente, nunca imaginé que una actuación iniciada desde una asociación vecinal de un municipio de apenas unas decenas de habitantes pudiera llegar hasta la Fiscalía europea. Independientemente del resultado final del procedimiento, creo que es una muestra de que cualquier ciudadano puede defender el interés general utilizando las vías legales, administrativas y democráticas que tiene a su alcance”, recalca Baena.
Aragón Existe pide explicaciones y responsabilidades
Tras conocerse que la investigación ha pasado al ámbito europeo, Aragón Existe ha reclamado explicaciones públicas y responsabilidades políticas ante unos hechos que considera de “máxima gravedad” por afectar a la gestión de recursos públicos y fondos europeos.
La formación entiende que la intervención de la Fiscalía europea evidencia la relevancia del caso y defiende la necesidad de que se esclarezcan todas las circunstancias relacionadas con la gestión de las parcelas municipales y las ayudas agrarias investigadas.
Asimismo, Aragón Existe ha mostrado su apoyo a las iniciativas encaminadas a garantizar la transparencia institucional y el acceso a la información pública por parte de la ciudadanía.
CHA reclama la dimisión del alcalde
Por su parte, Chunta Aragonesista (CHA) en la Comunidad de Calatayud ha solicitado la dimisión del alcalde de Embid de Ariza tras conocerse la investigación de la Fiscalía europea sobre presuntas irregularidades relacionadas con el arrendamiento de fincas municipales y la percepción de ayudas agrarias.
La formación considera que la situación ha adquirido una dimensión política e institucional que exige asumir responsabilidades para preservar la imagen del Ayuntamiento y la confianza de la ciudadanía.
CHA sostiene que, con independencia del recorrido judicial de la investigación y desde el respeto absoluto a la presunción de inocencia, resulta necesario apartarse de la máxima responsabilidad municipal mientras se esclarecen los hechos.
El presidente de CHA-Comunidad de Calatayud, Joaquín Antón, ha señalado que “la mejor decisión para proteger la credibilidad de las instituciones públicas y evitar que la sombra de la sospecha siga proyectándose sobre el Ayuntamiento es presentar la dimisión. La presunción de inocencia debe respetarse siempre, pero también existe una responsabilidad política que obliga a actuar con prudencia y ejemplaridad”.
Antón ha añadido que “los vecinos y vecinas de Embid de Ariza merecen una administración centrada exclusivamente en la defensa del interés general y libre de cualquier controversia que pueda deteriorar la confianza pública”.
Desde CHA defienden que la transparencia, la ética en la acción política y la rendición pública de cuentas deben situarse por encima de cualquier interés particular.
Izquierda Unida exige la renuncia inmediata del regidor
También Izquierda Unida - Zaragoza Comarcas ha reclamado la dimisión inmediata del alcalde de Embid de Ariza, Joaquín Mariscal, tras las informaciones conocidas sobre el presunto aprovechamiento del cargo público para beneficio personal.
La coordinadora comarcal de la organización, Elena García, ha manifestado que “aprovecharse del cargo público para el propio beneficio personal no es digno de un representante público ni de una persona que ostenta la alcaldía de su municipio”.
García ha asegurado además que la situación que atraviesa el municipio “no es una novedad” y ha criticado la actitud mantenida durante años por los grandes partidos políticos ante este tipo de comportamientos.
Desde IU - Zaragoza Comarcas han reiterado igualmente su respaldo a la Asociación de Vecinos y Vecinas de Embid de Ariza, con la que aseguran haber colaborado y mostrado solidaridad durante años ante las denuncias realizadas sobre la gestión municipal.
“Desde Izquierda Unida hemos apoyado la lucha de la Asociación de Vecinos de Embid de Ariza igual que hemos hecho durante los últimos años, porque consideramos que este alcalde lleva demasiado tiempo actuando como un cacique y deteriorando la convivencia democrática en el municipio”, ha afirmado García.
La dirigente comarcal considera que la situación es ya insostenible y sostiene que la única salida pasa por la renuncia del actual alcalde. “La ciudadanía merece instituciones limpias, transparentes y al servicio del interés general, no de intereses particulares”, concluye.
El PSOE Aragón también solicita la dimisión de Mariscal
A las peticiones de responsabilidad política se ha sumado también PSOE Aragón, que ha reclamado la dimisión del alcalde socialista de Embid de Ariza tras la asunción de la investigación por parte de la Fiscalía europea.
Las socialistas aragonesas consideran que la continuidad de Joaquín Mariscal al frente del consistorio resulta incompatible con la gravedad de unos hechos que están siendo investigados por posibles afecciones a fondos europeos y entienden que la situación perjudica la imagen institucional del Ayuntamiento.
Desde el PSOE aragonés defienden que la apertura de una investigación de estas características exige una respuesta política inmediata y sostienen que la renuncia del alcalde contribuiría a preservar la confianza de la ciudadanía en las instituciones mientras se desarrollan las actuaciones judiciales.
La investigación continúa ahora bajo la dirección de la Fiscalía europea, que será la encargada de determinar si existieron irregularidades que afectaran a fondos comunitarios y, en su caso, depurar las responsabilidades que pudieran derivarse de los hechos investigados. Mientras tanto, las distintas formaciones políticas y la asociación vecinal coinciden en reclamar transparencia y el completo esclarecimiento del caso, manteniendo al mismo tiempo el respeto al principio de presunción de inocencia que ampara a todas las personas afectadas.
