La cooperación internacional atraviesa un “momento crítico”. La Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS) ha aprovechado este 8 de septiembre, Día de las Personas Cooperantes, para alertar de una combinación que amenaza tanto el trabajo de las organizaciones como los derechos de las comunidades a las que acompañan: menos recursos públicos, mayores restricciones a la sociedad civil y un incremento de los riesgos de seguridad.
La FAS señala el cierre progresivo de los espacios de participación de la sociedad civil, el avance de políticas y discursos contrarios a la cooperación y la drástica caída de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), que descendió más de un 30% entre 2024 y 2025 a escala mundial.
Todo ello se produce, advierte la federación aragonesa, en un escenario atravesado por múltiples crisis y enormes necesidades humanitarias y de derechos básicos. La situación pone en riesgo el trabajo y la seguridad de las personas cooperantes y del personal local, pero también los derechos y, en numerosos casos, “el bienestar y supervivencia” de las comunidades que dependen del apoyo de la cooperación internacional.
Una ofensiva creciente contra las organizaciones sociales
Una de las principales preocupaciones es la proliferación de las denominadas “leyes anti-ONG”. Según el informe “Rompiendo el tejido social”, de Amnistía Internacional, entre 2024 y 2025 Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Paraguay y Perú aprobaron o reformaron normas que imponen controles desproporcionados a las organizaciones de la sociedad civil.
Estas medidas dificultan su capacidad para operar, acceder a financiación, defender los derechos humanos y acompañar a las comunidades.
Los datos de CIVICUS Monitor sitúan a Oriente Próximo y el norte de África entre las regiones con mayores niveles de represión contra la sociedad civil. La situación es también especialmente preocupante en África Subsahariana, donde alrededor del 80% de la población vive bajo restricciones significativas del espacio cívico.
La FAS advierte de que este retroceso tampoco es ajeno a Europa y Estados Unidos. El “Civic Space Report 2026” señala una institucionalización y generalización de las restricciones a la sociedad civil en Europa, con acusaciones contra ONG desde parlamentos estatales y europeos, expansión de leyes sobre “agentes extranjeros” y limitaciones al derecho de protesta. Amnistía Internacional también ha alertado del aumento de prácticas autoritarias y de la erosión de los derechos humanos en Estados Unidos.
Más riesgos para las personas cooperantes
El deterioro del espacio cívico tiene consecuencias directas para quienes trabajan sobre el terreno. Un reciente informe sobre incidentes de seguridad registrados por organizaciones de La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo concluye que el 14% de los casos tiene su origen en abusos de poder relacionados con el cierre del espacio cívico en los países donde desarrollan su actividad.
“Cuando se restringe el espacio de la sociedad civil, no solo se limita la capacidad de las organizaciones para defender derechos y acompañar a millones de personas en todo el mundo. Además, aumenta la exposición a riesgos de seguridad de las personas cooperantes y del personal contratado en los países”, advierte Nacho Esteve, presidente de La Coordinadora.
A su juicio, ambas consecuencias “deberían preocuparnos profundamente y derivar en medidas para frenarlo”.
Un recorte mundial superior al 30%
A esta ofensiva se suma una caída histórica de la financiación pública destinada a cooperación. Entre 2024 y 2025 los recursos se redujeron más de un 30% a escala mundial, según los datos aportados por La Coordinadora.
El desplome de la financiación estadounidense, de un 57% durante 2025, tiene un peso determinante, pero el retroceso alcanza también a otros grandes países donantes. Reino Unido redujo su Ayuda Oficial al Desarrollo un 11% y Alemania, un 17%.
“Estos datos evidencian que el retroceso de la cooperación internacional no puede explicarse únicamente por decisiones de un país, sino que responde a una tendencia política global que cuestiona el valor de la solidaridad internacional y la defensa de los derechos humanos”, sostiene Esteve.
La acción humanitaria recibe solo una cuarta parte de lo necesario
El déficit resulta especialmente grave en la acción humanitaria. Según la revisión de mitad de año del Panorama Humanitario Mundial de Naciones Unidas, frente a unas necesidades estimadas en 33.660 millones de dólares, únicamente se habían recibido 8.210 millones, aproximadamente un 24%.
La falta de financiación repercute directamente en las comunidades golpeadas por las crisis y también en la protección de las personas cooperantes que trabajan en emergencias y conflictos, donde los riesgos son especialmente elevados.
La FAS subraya, sin embargo, que la cooperación internacional no puede reducirse a intervenir cuando las emergencias ya se han producido. La federación alerta del riesgo de que los gobiernos prioricen la acción humanitaria, que suele alcanzar un mayor consenso social y mediático, mientras relegan las políticas de desarrollo sostenidas en el tiempo.
Responder a las emergencias es imprescindible, sostiene, pero también lo es actuar sobre las causas estructurales de las desigualdades, los conflictos y las vulneraciones de derechos.
Recursos, protección y una cooperación a largo plazo
Ante esta situación, la Federación Aragonesa de Solidaridad reclama a las administraciones públicas y a los actores políticos revertir los recortes y garantizar una financiación pública suficiente, estable y ambiciosa para la cooperación internacional.
También exige proteger a las personas cooperantes y a las organizaciones de la sociedad civil, creando un entorno seguro para desarrollar su labor y aplicando, entre otras medidas, el Estatuto de las Personas Cooperantes.
La FAS reclama además defender la participación y la libertad de actuación de la sociedad civil frente a las crecientes restricciones y los discursos que cuestionan su trabajo, así como impulsar una cooperación integral y sostenida que combine desarrollo, paz y acción humanitaria.
“Situar los derechos humanos y la solidaridad internacional en el centro de las políticas públicas” constituye, para la federación aragonesa, una necesidad especialmente urgente en el actual escenario mundial.
