La falta de compromisos del Gobierno de Aragón obliga a los bomberos y bomberas forestales a mantener la huelga

Las plantillas califican de “decepcionante” la reunión extraordinaria con la DGA, mientras el comité de huelga reclama una negociación real y advierte de que la protesta indefinida continuará hasta obtener propuestas concretas

21 agosto, 2026. 11:51
Concentración de huelguistas en la sede de la DGA en Zaragoza | Foto: CGT Aragón

La huelga indefinida de los bomberos y bomberas forestales de Aragón afronta su cuarta jornada sin avances sustanciales en la negociación con el Gobierno de Aragón. Mientras algunos sindicatos consideran “insuficiente” el resultado de la reunión mantenida con la administración aragonesa, el comité de huelga denuncia que la DGA continúa sin sentarse directamente con la representación de la plantilla y reclama interlocutores con capacidad efectiva de decisión. El conflicto, iniciado el 18 de agosto, tiene como trasfondo unas reivindicaciones que afectan a la dimensión del operativo, las condiciones laborales, los descansos, los medios materiales y el reconocimiento profesional de quienes trabajan en la prevención y extinción de incendios forestales en nuestro país.

La reunión celebrada este pasado miércoles, 19 de agosto, en la Mesa de Negociación de la administración aragonesa no ha servido para desbloquear el conflicto. Según CCOO, la convocatoria extraordinaria fue realizada por el propio sindicato junto a UGT, ante la situación que atraviesa el personal funcionario y laboral de la Dirección General de Medio Natural que forma parte del operativo de extinción de incendios forestales.

La valoración sindical es contundente: “decepcionante”. El Gobierno de Aragón no asumió ningún compromiso por escrito y se limitó, según CCOO, a comprometerse a abrir la negociación el próximo 2 de septiembre. Para el sindicato, ese horizonte resulta insuficiente ante unas carencias que llevan tiempo denunciándose y que, durante este verano especialmente intenso en materia de incendios, han quedado nuevamente expuestas.

El comité de huelga, por su parte, ha valorado también las declaraciones realizadas por el consejero de Interior, Roberto Bermúdez de Castro, en las que aseguraba que el Gobierno de Aragón iba a negociar con los bomberos y bomberas forestales y que se mejorarían sus condiciones laborales. La respuesta del colectivo ha sido clara: “Las palabras están bien, pero los hechos hasta ahora dicen otra cosa”.

Una negociación que todavía no ha comenzado

El principal punto de desencuentro se sitúa precisamente en la existencia o no de una negociación real. El comité de huelga sostiene que, a 20 de agosto, la DGA todavía no se ha sentado con su representación para abordar las reivindicaciones y que no se ha puesto encima de la mesa ninguna propuesta concreta que permita avanzar hacia un acuerdo.

La organización de la huelga recuerda además que en la mediación desarrollada en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA) la representación de la administración aragonesa acudió sin capacidad efectiva de negociación. Una situación que, según el colectivo, impidió avanzar hacia una posible desconvocatoria de la huelga.

Por ello, reclama al Ejecutivo aragonés que se siente “de manera inmediata” con la representación de los trabajadores y trabajadoras, con interlocutores que tengan capacidad para adoptar decisiones y con una voluntad real de alcanzar acuerdos.

“Negociar no es anunciar que se va a negociar”, resume el comité de huelga, que reclama que el diálogo se traduzca en propuestas, compromisos y fechas concretas.

El conflicto llega así a un punto en el que la DGA anuncia una futura negociación, mientras las organizaciones sindicales y la representación de la huelga consideran que lo que falta precisamente es que esa negociación comience de forma efectiva.

Un operativo que la plantilla considera infradimensionado

La huelga se desarrolla sobre un diagnóstico que el colectivo viene denunciando desde hace tiempo: el operativo aragonés de prevención y extinción de incendios forestales se encuentra “estructuralmente infradimensionado”.

Entre los problemas señalados se encuentran la falta de personal y de medios, unas jornadas de trabajo excesivamente prolongadas durante las labores de extinción, dificultades para garantizar adecuadamente los descansos, carencias en materia de prevención de riesgos laborales y vehículos y otros medios materiales que presentan problemas por su antigüedad.

El comité de huelga añade a este diagnóstico la necesidad de mejorar la organización del operativo para adaptarlo a las actuales necesidades de prevención y extinción de incendios forestales en nuestro país y al conjunto de actuaciones de emergencia que se desarrollan en el medio natural y rural aragonés.

La reivindicación no se limita, por tanto, a una mejora salarial. El conflicto afecta al conjunto del modelo de prevención y extinción y a las condiciones en las que se desarrolla una actividad caracterizada por su peligrosidad, exigencia física y exposición a riesgos.

Se necesitan, al menos, entre 150 y 200 efectivos más

Entre las principales demandas planteadas por el colectivo se encuentra el incremento de la plantilla en entre 150 y 200 efectivos, con el objetivo de reforzar durante todo el año tanto las brigadas terrestres como las helitransportadas.

También reclaman garantizar de forma efectiva los descansos legales y revisar unas turnicidades que dificultan la conciliación de la vida laboral y personal. A ello se suman las exigencias de mejora de los medios materiales y del avituallamiento durante las intervenciones.

Una de las reivindicaciones centrales es asimismo el reconocimiento retributivo específico de las características del trabajo que desempeñan, incluyendo la peligrosidad, el esfuerzo físico, la toxicidad, la penosidad y el riesgo psicofísico.

El colectivo exige además el pago de todas las horas efectivamente trabajadas y una compensación económica por el uso de vehículo propio.

Otra de las cuestiones planteadas es la contratación mínima de seis meses para los puestos fijos de vigilancia, así como la aplicación efectiva de la Ley 5/2024 de Bomberos Forestales, incorporando el reconocimiento de todas las condiciones de penosidad asociadas a esta actividad.

Estas reivindicaciones se producen después de un verano en el que el operativo de prevención y extinción ha tenido que afrontar numerosos incendios y situaciones de emergencia en distintos puntos de Aragón. El comité de huelga reivindica precisamente el trabajo realizado durante estos episodios para reclamar que el reconocimiento de la profesión se traduzca en mejoras concretas.

Servicios mínimos del 100% para garantizar la atención de las emergencias

La huelga indefinida comenzó el martes 18 de agosto y está convocada por el comité de huelga de los trabajadores y trabajadoras del operativo de prevención y extinción de incendios forestales de Aragón, con el respaldo de OSTA, CGT, CCOO y UGT, organizaciones que integran la mayoría del comité intercentros de SARGA.

Los servicios mínimos establecidos son del 100%, por lo que la convocatoria no supone que el operativo deje de atender los incendios y emergencias. Los bomberos y bomberas forestales continúan prestando los servicios necesarios para responder ante estas situaciones mientras mantienen su protesta laboral.

El propio origen del conflicto se encuentra, según la representación de la plantilla, en la ausencia de respuestas de la administración a unas reivindicaciones que vienen planteándose desde hace tiempo. La huelga, subrayan, “no es una decisión tomada a la ligera”, sino la consecuencia de la falta de respuestas y de negociación.

De las movilizaciones por el territorio a la concentración frente al Pignatelli

El inicio de la huelga estuvo acompañado de movilizaciones en distintos puntos de Aragón. Decenas de concentraciones recorrieron localidades de norte a sur del territorio, entre ellas Samianigo, Calatayud, Albarracín, Exeya, Daroca, Chaca, L'Aínsa, Graus, Uesca, Mora de Rubielos, Balbastro, Monzón, Binéfar, Sariñena y Fraga.

En ellas, los sonidos de batefuegos y motosierras acompañaron la lectura de manifiestos y las reivindicaciones de la plantilla. Las movilizaciones sirvieron también para reivindicar el reconocimiento de quienes integran el operativo como bomberos y bomberas forestales y para reclamar unas condiciones laborales acordes con las características del trabajo que desempeñan.

Este pasado jueves, 20 de agosto, se realizó una nueva concentración frente al Edificio Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón, en Zaragoza. Y, además, para el domingo 23 de agosto se ha convocado en Chaca una movilización bajo el lema “Por la dignidad de la montaña, de nuestros pueblos y de los bomberos forestales”.

“Quienes han sostenido este verano la respuesta frente a los incendios merecen algo más”

La situación no admite más demoras. Las carencias del operativo —plantilla insuficiente, jornadas prolongadas durante las extinciones, problemas de prevención de riesgos laborales y medios materiales obsoletos— llevan tiempo sobre la mesa.

Quienes han sostenido durante este verano la respuesta frente a los incendios forestales merecen algo más que un compromiso genérico de negociación. Necesitan medidas concretas que reconozcan su esfuerzo y mejoren sus condiciones de trabajo.

El comité de huelga ha confirmado que mantiene la huelga indefinida iniciada el 18 de agosto, pues consideran que las declaraciones del Ejecutivo aragonés no son suficientes mientras no vayan acompañadas de propuestas y compromisos concretos.

La pelota queda, por tanto, en el tejado de la DGA. El gobierno liderado por Jorge Azcón anuncia que abrirá la negociación a partir del 2 de septiembre, mientras que los sindicatos y el comité de huelga reclaman que el diálogo se produzca de inmediato. Hasta entonces, el conflicto permanece abierto y la huelga indefinida continúa.

La cuestión de fondo, para el colectivo, es que un operativo destinado a proteger el territorio y a la población frente a los incendios forestales no puede sostenerse indefinidamente sobre plantillas insuficientes, jornadas que desbordan los límites laborales y unas condiciones que los propios trabajadores consideran inadecuadas para la responsabilidad y el riesgo que asumen.

El futuro de grandes extensiones del territorio aragonés está en juego y la DGA tiene la obligación política, ética y social de garantizar la seguridad de la ciudadanía y del medio natural destinando para ello los recursos necesarios como una ‘prioridad de país’.

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