La exigencia de la formación ultraderechista Vox para la retirada de la Ordenanza Cívica de Zaragoza en su comisión pertinente, impide que la norma llegue al último pleno de julio pese a que el expediente ya incorporaba la respuesta a las 23 alegaciones presentadas, los informes preceptivos y los votos particulares de todos los grupos municipales.
La aprobación definitiva de la nueva Ordenanza Cívica de Zaragoza tendrá que esperar. La Comisión de Presidencia, Relaciones Institucionales y Seguridad Ciudadana celebrada este viernes ha retirado del orden del día el expediente que debía culminar la tramitación de la controvertida, polémica y antisocial norma después de que Vox exigiera su retirada alegando ‘problemas técnicos’ para acceder a la documentación.
La decisión supone que la ordenanza no podrá someterse a votación en el último pleno ordinario de julio y queda, por tanto, pendiente de una nueva tramitación política cuando el Gobierno municipal de Natalia Chueca decida volver a llevarla a comisión.
Aunque la explicación ofrecida por Vox ha sido la imposibilidad de descargar el expediente para estudiarlo, algo que sí han podido hacer el resto de grupos municipales, la retirada se produce en un contexto de creciente deterioro de las relaciones entre el Partido Popular y la formación de extrema derecha en el Ayuntamiento de Zaragoza, una tensión que se ha ido agravando durante los últimos meses y que tiene uno de sus principales focos en la situación de la concejala no adscrita, o tránsfuga, procedente de Vox, cuyo apoyo permite habitualmente al gobierno de Natalia Chueca sacar adelante sus iniciativas pese a la presunta ruptura política con el grupo ultra.
Una retirada "inesperada"
El movimiento resulta especialmente llamativo porque el expediente se encontraba prácticamente concluido desde el punto de vista administrativo. El documento elaborado por la Oficina de Presidencia y fechado el pasado 15 de julio proponía continuar la tramitación de la ordenanza una vez analizadas las alegaciones ciudadanas y los votos particulares de los grupos municipales. El expediente recoge que durante el periodo de información pública se presentaron 23 alegaciones procedentes de asociaciones vecinales, entidades sociales, organizaciones ecologistas, colectivos de defensa de los derechos humanos y particulares. Asimismo, se registraron 43 votos particulares del PSOE, 22 de Zaragoza en Común y 18 de Vox.
Además, el Ayuntamiento de la capital del país incorporó finalmente al procedimiento los informes de evaluación de impacto de género y de impacto sobre orientación sexual, identidad y expresión de género, cuya ausencia había sido uno de los principales argumentos esgrimidos por numerosas entidades durante el periodo de alegaciones. El propio informe reconoce que dichos documentos eran preceptivos, aunque no vinculantes, motivo por el que fueron incorporados antes de la aprobación definitiva. Todo ello hacía prever que la ordenanza quedara lista para su aprobación definitiva en el pleno de finales de julio.
Un nuevo capítulo del choque-teatrillo entre PP y Vox
La retirada del expediente evidencia las dificultades del Gobierno municipal de Chueca para mantener la estabilidad del consistorio incluso en una iniciativa que el propio PP había venido defendiendo durante los últimos meses.
No pasa desapercibido que Vox había reivindicado públicamente buena parte del contenido de la futura Ordenanza Cívica, llegando incluso a asegurar que muchas de sus medidas coincidían con propuestas que la formación había presentado anteriormente en el Ayuntamiento de Zaragoza.
Sin embargo, el aplazamiento llega en un momento de aparente máxima tensión política entre ambos partidos, marcada por los continuos enfrentamientos públicos y por el profundo malestar existente en Vox por el papel de la concejala no adscrita, cuya posición resulta decisiva para que el ejecutivo de Natalia Chueca mantenga la mayoría necesaria para aprobar numerosas iniciativas municipales.
En ese contexto, la exigencia de retirar el expediente adquiere una evidente dimensión política, al privar al Gobierno municipal del PP de sacar adelante una de las normas que había presentado como uno de los principales proyectos del mandato: la conocida popularmente como Ordenanza Incívica.
Una ordenanza muy contestada socialmente
Desde su presentación, la denominada Ordenanza Cívica ha generado una intensa contestación social y ciudadana. Diversas organizaciones sociales, vecinales y de derechos humanos consideran que el texto supone un endurecimiento del régimen sancionador y alertan de que puede terminar criminalizando situaciones de pobreza y vulnerabilidad social, especialmente las relacionadas con las personas sin hogar, la mendicidad, la venta ambulante o determinadas formas de utilización del espacio público por entidades populares.
La Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ), colectivos sociales, entidades ecologistas y organizaciones defensoras de derechos fundamentales han venido cuestionando igualmente diversos artículos por entender que podrían afectar al ejercicio de libertades fundamentales como la de expresión, la protesta o la utilización del espacio público.
Precisamente, una parte importante de las alegaciones presentadas durante la exposición pública solicitaban incluso la retirada íntegra del proyecto por considerar que podía afectar a derechos democráticos básicos y fundamentales. El informe municipal del PP propone desestimar esas alegaciones al entender que la ordenanza regula exclusivamente el uso de los espacios públicos y, que a su juicio, no limita el ejercicio de los derechos constitucionales, incorporando únicamente modificaciones puntuales al texto inicial.
El calendario queda ahora en el aire
Con la retirada del expediente de la comisión de este viernes, la aprobación definitiva de la Ordenanza Cívica queda aplazada sin una nueva fecha fijada. El Gobierno de Natalia Chueca deberá decidir ahora cuándo vuelve a llevar el expediente a la Comisión de Presidencia y si lo hace manteniendo el mismo texto o introduciendo modificaciones que permitan recomponer el apoyo político necesario para culminar su tramitación, es decir, si se alinea todavía más con el ultraderechista Vox.
Mientras tanto, el aplazamiento deja una imagen poco habitual: una de las principales iniciativas normativas del mandato de Chueca queda bloqueada no por la oposición de izquierdas, sino por las discrepancias surgidas dentro del espacio político que ha sustentado la gobernabilidad municipal durante los últimos años: la derecha y ultraderecha.
