Semanas atrás, AraInfo se hizo eco del clima de inseguridad que la actividad de OkupAcción había generado en un vecindario de la Margen Izquierda zaragozana. Los hechos se suceden desde abril de este año, cuando esta organización rompió la tranquilidad de las personas que residen en un humilde edificio de la capital aragonesa.
El origen de su aparición es la contratación del grupo por parte de una propietaria que pretende recuperar su vivienda de forma extrajudicial. En la vivienda reside una familia con tres menores a cargo, el más pequeño un bebé de un año, que cuenta con un contrato en vigor y está al corriente del pago de las rentas de alquiler.
Tal y como ya ha relatado AraInfo en anteriores informaciones, la propiedad envió un burofax a la familia argumentando la necesidad de recuperar el uso de la vivienda para albergar en ella a su madre, haciendo uso de la posibilidad que abre la norma en caso de necesidad demostrable. Como es lógico, este procedimiento tiene un plazo —dos meses—, debe justificarse de forma conveniente y, en caso de no existir un acuerdo, deberá ser un juzgado el que determine la resolución de la situación. Según lo relatado a AraInfo y ya reflejado con anterioridad, la progenitora de la propietaria ya residió anteriormente en el inmueble y su situación de salud aconsejó su traslado a una residencia.
Se da la circunstancia de que la familia ha cumplido algo más de un año del contrato, de los cinco totales del mismo, y la opinión expresada tanto por el Sindicato de Inquilinas de Zaragoza como por la representación legal de la familia es que se pretende recuperar la vivienda antes de tiempo para poder alquilarla a un precio más alto. La zona donde se encuentra el piso tiene una alta demanda y, en los últimos meses, ha experimentado una fuerte subida de los precios de los alquileres. El diferencial entre lo que paga ahora la familia y los alquileres de viviendas similares, a la vista en portales inmobiliarios, alcanzaría unos 300 euros mensuales.
La familia ha denunciado esta situación en comisaría y también ha requerido la presencia policial en repetidas ocasiones. Han sufrido llamadas constantes al timbre, golpes en la puerta, gritos y pequeños desperfectos en el buzón, el timbre o la puerta, en la que apareció grabada una esvástica. Consta que, al menos en una ocasión, este grupo ha tratado de impedir el acceso y la salida del domicilio, provocando la intervención de efectivos policiales. Y, en dos ocasiones, tanto la familia como uno de los vecinos del inmueble han sido abordados en la calle por integrantes de este grupo.
Esta forma de actuar está haciendo mella no solo en la familia, sino en el conjunto de residentes del edificio, que están cansados del quebranto de la convivencia que supone la estrategia de continuo acoso por parte de la organización parapolicial.
Nueva denuncia: cuatro matones para intimidar a una mujer
El último episodio de matonismo llegó el 29 de junio, a media mañana. Según la denuncia recogida en comisaría ese mismo día, cuatro integrantes de este grupo, entre ellos su "líder", José Antonio Ramos Cabrerizo, y su acompañante habitual —el exboxeador Sergio Mateo—, se presentaron en la puerta del domicilio profiriendo gritos e insidias contra la familia.
Ante esta situación, la madre de la familia, que en esos momentos se encontraba en casa acompañada de sus tres hijos, abrió la puerta para pedirles que cesaran. Pero, en lugar de hacerlo, los cuatro integrantes del grupo arreciaron en su actitud, profiriendo "injurias tanto de ella como de su marido" —que se encontraba trabajando fuera del domicilio—, según consta en la denuncia. Además, profirieron insultos y faltas de respeto como "mediometro, panchita, tu madre está muerta…". La inquilina les recordó que "no deben ningún mes de alquiler y que tienen un contrato en vigor".
Durante esta nueva situación de intimidación, según relata la denuncia, Ramos realizó una llamada a la propietaria con el altavoz activado para que esta pudiera escuchar su actuación.
El momento más tenso llegó cuando la madre sacó su "terminal móvil para grabar la situación", momento en el que "uno de los varones le ha dado un golpe en la mano y le ha tirado el móvil al suelo". La denuncia relata que, en el momento en que trató de quitarse de encima a uno de los integrantes de la empresa —presumiblemente José Antonio Ramos—, otro de ellos —presumiblemente Sergio Mateo— se puso "en guardia y con intención de propinarle un puñetazo", teniendo que intervenir el primero para que no se consumara una agresión directa, produciéndose un forcejeo entre ambos.
Estos últimos hechos fueron registrados por la grabación en vídeo que pudo realizar la víctima del acoso y, además de corroborar lo relatado en la denuncia, las imágenes describen una clara intención de intimidar a la familia. En ellas se ve a cuatro integrantes de la organización parapolicial, corpulentos, vestidos todos con ropa de color negro y el logotipo de la "empresa" en el pecho de la camiseta a modo de "uniforme", y en una actitud que, desde luego, nada tiene que ver con una presunta "mediación". Es necesario recordar que desplazaron a cuatro integrantes para acosar a una mujer que se encontraba sola en su casa con sus tres hijos menores.
De hecho, según consta en la denuncia, toda la escena fue presenciada por la niña de un año de edad. Además, en el interior de la vivienda se encontraban sus otros dos hijos, también menores de edad, que escucharon todo lo sucedido. La exposición a la violencia a la que somete OkupAcción a los niños, niñas y adolescentes, tanto de la familia como del resto de la escalera, es motivo de preocupación, tal y como relató un vecino del inmueble en anteriores informaciones ofrecidas por AraInfo.
Reforzando lo relatado en esta pieza con anterioridad, la denuncia recoge que los componentes de este grupo "no solo les atemorizan a ellos (a las personas inquilinas), sino que han comenzado a atemorizar a todos los vecinos de la finca". En el mismo documento consta que tuvo que personarse de nuevo una patrulla policial, que indicó "los pasos a seguir" tras este nuevo episodio de acoso.
Esta última denuncia ha originado la celebración de un juicio rápido, que se celebrará el 24 de julio en la Ciudad de la Justicia de Zaragoza.
¿Qué es OkupAcción?
OkupAcción es una organización parapolicial con domicilio en Zaragoza, revestida de forma societaria como empresa —Okupaccion20 SL—, cuya principal actividad es presionar, mediante un acoso constante, principalmente a familias que residen en viviendas de alquiler, para imponer los intereses, normalmente, de rentistas y pequeñas inmobiliarias. Lo que popularmente se conoce como "empresas de desokupación".
Aunque la narrativa que todos estos grupos tratan de introducir en la opinión pública es que se dedican a la "mediación inmobiliaria", la realidad es que su actividad nada tiene que ver con la mediación. Ni son profesionales preparados para ello ni participan sobre la base de la voluntariedad de las partes en la resolución de conflictos. El perfil de sus integrantes, la estética que utilizan, sus nexos con la ultraderecha y su forma de proceder tienen más de matonismo que de empresa dedicada a la mediación.
El propietario de la empresa es el ya referido José Antonio Ramos Cabrerizo. El "gerente" de OkupAcción goza de cierta popularidad gracias, principalmente, a la cobertura que distintos medios de comunicación han ofrecido de su actividad y a la repetición de un relato que trata de dar respetabilidad a sus actuaciones situándolas en el ámbito de la "mediación". La realidad que reflejan los distintos testimonios obtenidos por AraInfo durante los últimos meses es muy distinta, y así lo hemos contado.
Por otra parte, los nexos de Ramos con la ultraderecha son públicos y conocidos. De hecho, actualmente es vocal de Vox en la Junta Vecinal de Montañana, un barrio rural de la capital aragonesa, y en 2023 se presentó como segundo en la lista del partido en las elecciones municipales de Pinseque, municipio de la comarca de la Ribera Alta del Ebro.
Mientras mantenían el acoso relatado anteriormente a una familia de la Margen Izquierda, el jueves 7 de mayo José Antonio Ramos y Sergio Mateo participaron en un acto de propaganda de Vox en Delicias protagonizado por su portavoz en Zaragoza, Eva Torres. El paseo por las calles del populoso barrio zaragozano tenía como objetivo asentar la sensación de inseguridad, crear confusión en materia de vivienda mezclando términos de forma inexacta y lavar la cara de las actividades del grupo dirigido por Ramos.
No son instructores de la Policía
Varios de los testimonios recogidos por AraInfo coinciden en señalar que Ramos se presenta en sus actuaciones como "instructor" policial con el objetivo de aumentar la sensación de indefensión de quien sufre el acoso del grupo. En distintas imágenes se puede observar cómo los integrantes de OkupAcción ostentan pulseras y otros elementos de "merchandising" de sindicatos policiales en un intento de asentar la percepción de que tienen nexos con la Policía española (CNP).
Consultada por AraInfo, la Delegación del Gobierno español en Aragón ha sido tajante. No pueden ser "instructores" de los cuerpos policiales, ya que esa figura, tal y como la relatan, "no existe". Ramos y otros integrantes del grupo es posible que utilicen la actividad de formación y entrenamiento que desarrollan en gimnasios como coartada para sostener dicha afirmación, pero en ningún caso se trata de formaciones reconocidas u oficiales.
Alarma a nivel estatal por la proliferación de estos grupos
Esta misma semana, Sevilla saltó a la actualidad informativa por los violentos sucesos protagonizados este martes por una "empresa de desokupación". Este grupo sevillano denominado 'García Seguridad Integral' provocó con su actuación que ocho personas tuvieran que ser atendidas de forma hospitalaria. Además de los golpes y otras técnicas de violencia, este grupo utilizó gas pimienta para tratar de alejar a los vecinos y las vecinas, así como a profesionales de la información.
El objetivo de la empresa es desalojar de forma ilegal un histórico "corralón" que se pretende convertir en un hotel, según las informaciones ofrecidas por medios locales. Aunque llevan meses haciendo la vida imposible a las personas que residen en el edificio, esta semana la violencia escaló hasta el allanamiento de domicilio y el robo de pertenencias. Después de estos hechos, tres integrantes de esta empresa fueron detenidos por la Policía española.
Lo ocurrido en Sevilla es solo un hecho destacado de un reguero de denuncias contra la actuación de este tipo de empresas. Un repaso rápido de sucesos ocurridos en las últimas semanas —desde junio a esta parte— ofrece casos como la detención de dos integrantes de un grupo parapolicial en Burlata (Nafarroa) por coacciones a un vecino de la localidad al tratar de desalojarlo de su habitación en un piso compartido. También la actuación de otra de estas empresas en Azuqueca, también en junio, que dejó de forma ilegal en la calle a tres vecinas inquilinas y a sus hijos menores, obligando a una actuación de la Guardia Civil. En Vigo, también a comienzos de junio, se condenó a un integrante de estos grupos irregulares —DIO Express— por coacciones y daños contra una inquilina con una discapacidad.
El reguero de informaciones de agresiones, detenciones y sentencias judiciales vinculadas con la actividad de las "empresas de desokupación" es muy amplio, y esto explica la "alarma" de organizaciones como los sindicatos de inquilinas y otras entidades dedicadas a la defensa del derecho a la vivienda. Las entidades y plataformas han exigido en sus últimas movilizaciones la ilegalización de este tipo de grupos y una mayor beligerancia estatal frente a sus actividades al margen de la norma.
