AraInfo ha tenido la oportunidad de conversar largo y tendido con dos veteranas activistas por el derecho a la vivienda, participantes en la creación de Stop Desahucios Zaragoza, sobre las actividades de las bandas parapoliciales que utilizan métodos extrajudiciales y al margen de la legalidad para provocar desalojos forzosos de viviendas habituales.
Además de conocer de primera mano su experiencia, hemos querido poner el foco en ofrecer recomendaciones para las familias y comunidades que sufren las prácticas de estas organizaciones escuadristas. Unas prácticas que, en nuestra anterior información dedicada a ‘Okupacción’, otros activistas por el derecho a la vivienda no dudaron en calificar de "mafiosas" por basarse en la "coacción" y la "intimidación".
Antes de abordar las recomendaciones para afrontar este fenómeno, han querido relatar su experiencia con ‘Okupacción’, la organización dirigida por José Antonio Ramos y principal empresa que hace negocio a través del miedo en Aragón. Un testimonio que refuerza los relatos ya publicados por este Diario Libre d’Aragón y aporta nuevas claves de información.
De ofrecer dinero a los "gritos y amenazas"
Según relatan, el modus operandi habitual comienza con un acercamiento aparentemente negociador, ofreciendo dinero para abandonar la vivienda, pero deriva rápidamente "en un comportamiento agresivo, con gritos y amenazas".
Aunque la propaganda que realiza Ramos, tanto en distintos medios de comunicación como en sus propios perfiles en redes sociales, pone el foco en que actúan contra "okupas", la realidad no se corresponde exactamente con ese “cliché”. Sus actuaciones se extienden a personas propietarias con hipotecas judicializadas, inquilinos que han entrado en impago o a quienes simplemente se quiere expulsar para incrementar las rentas del alquiler y, sí, también a casos de usurpación de vivienda, lo que coloquialmente se conoce como "ocupación". Es necesario destacar que la mayoría de los casos relatados a AraInfo se corresponden con las dos primeras tipologías: principalmente viviendas alquiladas y, también, viviendas en propiedad.
Además, las activistas han querido remarcar que, para justificar actuaciones al margen de la legalidad y de cualquier mandato judicial contra inquilinos e inquilinas, estas organizaciones y “algunos medios de comunicación irresponsables” han tratado de popularizar el término "inquiokupa" para referirse a familias vulnerables que no han podido hacer frente al pago del alquiler. Ambas coinciden en que este uso del lenguaje constituye un intento de criminalizar a los sectores más vulnerables de la sociedad mediante el “espantajo” que han creado con el miedo a "los okupas”.
De este relato nos ha llamado la atención que las acciones de este tipo de organizaciones también se dirijan hacia inmuebles en propiedad, ya que hasta ahora no nos había sido trasladada esta actividad por parte de estos grupos. Según nuestras interlocutoras, José Antonio Ramos y su empresa han actuado sobre familias propietarias "inmersas en procedimientos judiciales por impago de hipoteca" para propiciar un cambio de propiedad "a un precio muy devaluado".
"Antes que empresa, somos personas"
Por último, han querido señalar "el cinismo" presente en algunos de los publirreportajes aparecidos en medios aragoneses. En ellos, Ramos, presentado como “gerente” de Okupacción, afirma cosas como que "antes que empresa, somos personas" y que "cuando hay menores" se comportan de forma distinta, de una manera que la información define como "menos brusca".
Las activistas citan, entre otros ejemplos que contradicen esa imagen, un caso ocurrido en el Casco Histórico de Zaragoza, donde la empresa de José Antonio Ramos "presionó a una madre que tenía cuatro niños, los tenía en la puerta llorando y al final se fue". Aunque la mujer fue asesorada por la plataforma social a la que pertenecen nuestras interlocutoras, no siguió sus consejos y, además, pese a que en un primer momento le prometieron dinero por abandonar la vivienda, una vez fuera de ella la víctima de este acoso informó a la plataforma de que "no le pagaron nada".
La legalidad de estos grupos parapoliciales
Preguntadas por la legalidad del modo de proceder de ‘Okupacción’ y otras organizaciones similares como ‘Desokupa’, presentadas como empresas de "mediación", nuestras interlocutoras consideran que existen claros indicios de comportamientos ajenos a la norma y al derecho.
Ambas cuentan con una amplia experiencia en las leyes y reglamentaciones que afectan al derecho a la vivienda en el Estado español y, en particular, en Aragón. Además, una de ellas es licenciada en Derecho y la otra ha participado como asesora técnica en materia de vivienda en el ámbito administrativo.
Aunque la empresa pueda estar registrada legalmente, las activistas consideran que sus prácticas —entre las que describen "el acoso, la intimidación, la coacción e incluso intentos de forzar la entrada"— son ilegales y constituyen delitos penales.
"Ellos siempre te lo dicen, que la empresa es legal. Pero claro, es que tú puedes crear una empresa y legalizarla como te dé la gana. Pero los métodos que utilizan no son legales, porque hay acoso e intimidación", sostienen.
"Un delito no se puede enfrentar con la comisión de otro delito"
Las activistas también advierten de que "nadie, ni siquiera la policía, puede desalojar sin orden o mandato judicial a las personas residentes de su vivienda habitual o domicilio. Y, excepto en la aplicación de medidas cautelares dictadas por un juzgado, cualquier desahucio debe ejecutarse con presencia de la comisión judicial".
Asimismo, alertan de la existencia de "falsas versiones de la norma" según las cuales, ante residentes de una vivienda usurpada —ocupación sin uso de la fuerza de un inmueble vacío y sin consideración de domicilio, definida como un delito menor—, este tipo de bandas pueden cometer "otro delito" mediante la entrada por la fuerza para restituir el inmueble a la propiedad.
Son tajantes: "Un delito no se puede enfrentar con la comisión de otro delito". Y explican que "la entrada por la fuerza en un domicilio, en la que las personas residentes dispongan de contrato de alquiler, título de propiedad o carezca de ellos, es un delito grave definido como allanamiento de morada".
Otra práctica habitual de estos grupos, relatada también en testimonios recientes recogidos por AraInfo, consiste en impedir el acceso o la salida del domicilio a las personas residentes. Algo que consideran "completamente ilegal".
"En el tema de vivienda, el único que puede decir qué es legal o qué es ilegal es un juez. Y ellos (este tipo de empresas) no tienen ninguna autoridad para entrar en tu casa, no tienen autoridad para hablar contigo ni para forzarte a hablar con ellos y, muchísimo menos, para impedirte salir de tu vivienda o entrar en ella", remarcan.
"Deberían ser ilegalizadas"
En todos los supuestos descritos, ambas interlocutoras sostienen que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tienen el mandato legal de actuar cuando tengan conocimiento de estas situaciones, ya sea para impedir amenazas o acoso, evitar entradas ilegales por la fuerza en domicilios o garantizar el acceso y la salida de las personas residentes.
Como conclusión, ambas coinciden en que, más allá de la complejidad de determinar cómo abordar la cuestión para que la medida fuera eficaz, este tipo de organizaciones "deberían ser ilegalizadas".
¿Qué hacer si una banda parapolicial llama a tu puerta?
Nuestras interlocutoras señalan que este tipo de organizaciones logran sus objetivos mediante "el miedo y el desconocimiento de la legalidad por parte de una parte importante de la población". Por ello, consideran fundamental ofrecer herramientas para hacer frente a ambas cuestiones, especialmente en aquellas situaciones en las que, lamentan, no existe detrás una organización social o popular y las familias deben enfrentarse en soledad a estas bandas escuadristas.
El primer y más importante consejo es "no abrir la puerta bajo ningún concepto". El segundo, "intentar estar lo más tranquilo posible" y “grabar con el móvil u otro dispositivo” la situación, algo que puede ayudar a documentar lo que ocurre.
Reconocen que mantener la serenidad en este contexto es complicado, pero insisten en que es clave no abrir la puerta, grabar y llamar inmediatamente a la policía.
En esa llamada hay que informar de lo que sucede, es decir, que "se está sufriendo acoso e intimidación". Añaden que "si hay menores en la vivienda, es vital mencionarlo".
Del mismo modo, si uno de estos grupos bloquea los accesos al domicilio, recomiendan solicitar la presencia policial para que facilite la entrada y la salida. En estos casos es aconsejable disponer de algún documento a mano —como un contrato, recibos de suministros o el certificado de empadronamiento— que acredite la existencia de domicilio.
Algo muy recomendable, que ya nos trasladaron activistas con quienes hablamos en anteriores informaciones, es "no dialogar con ellos". Recomiendan "no establecer ninguna conversación a través de la puerta o del interfono", ni tampoco acceder a reuniones fuera del inmueble. El diálogo con este tipo de grupos puede escalar la tensión y la violencia verbal. “Cuando comprueban que no van a lograr su objetivo, por lo que nosotras hemos visto, esta gente se empieza a poner muy nerviosa y luego comienza a ser cada vez más violenta, incluyendo golpes en la puerta", señalan.
Las activistas consideran importante recordar en todo momento que este tipo de organizaciones, aunque revestidas de apariencia empresarial, "no tienen ninguna autoridad". Nadie puede desalojarte sin una orden judicial, de la que siempre serás informado previamente por el juzgado mediante la fijación de fecha y hora para proceder al lanzamiento (desahucio) de la vivienda.
Una vez que los acosadores se hayan marchado, con o sin intervención de las fuerzas de seguridad, la recomendación es formalizar inmediatamente una denuncia en el juzgado de guardia o en una comisaría.
"Organizarse es esencial"
En opinión de las activistas, "en el momento que tú te organizas y te arropas de gente, pues es bien diferente. Si participas en una plataforma, sindicato, asociación o colectivo y te dicen 'iremos mañana a tu puerta', pues sabes que vas a tener allí a la gente de la organización, que va a haber posiblemente un abogado, que vas a tener compañeras y compañeros que te van a estar apoyando, gente que te puede asesorar legalmente también".
"Contactar con plataformas de vivienda o colectivos de apoyo es esencial. La organización colectiva transforma el miedo en fuerza y proporciona asesoramiento legal y acompañamiento", reiteran.
"Si estos tipos van a un domicilio y se encuentran gente solidaria en la puerta, se dan media vuelta", señalan.
Así ocurrió el 28 de mayo en un vecindario de la capital aragonesa, cuando el Sindicato de Inquilinas organizó un piquete de apoyo a una familia que sufre el acoso permanente de ‘Okupacción’. Para sorpresa de nadie, la organización parapolicial no hizo acto de presencia ese día, pese a haberlo anunciado previamente en un intento de alimentar el miedo de la familia a la que pretende coaccionar.
Es cierto que pueden volver en otro momento, y los movimientos sociales no pueden garantizar una presencia permanente todos los días y a todas horas. Por ello, nuestras interlocutoras sostienen la necesidad de combinar la organización social y popular con el recurso a las herramientas legales disponibles.
